Diez países, entre ellos Italia y Polonia, han instado a la Unión Europea a reconsiderar la aplicación de un nuevo precio del carbono al combustible, en el marco de una revisión independiente del mercado de derechos de emisión de la UE, según una declaración conjunta a la que ha tenido acceso Reuters.
Su oposición a este gravamen corre el riesgo de trastocar los planes para actualizar la principal política de Bruselas en materia de cambio climático, el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS), y podría enfrentarlos a los defensores de la nueva tasa, como Alemania y Suecia.
La Comisión Europea propondrá este viernes una revisión del sistema de comercio de derechos de emisión, que obliga a las centrales eléctricas, fábricas, compañías aéreas y empresas navieras a pagar por sus emisiones de CO₂.
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En un comunicado compartido con la Comisión el martes, los diez países afirmaron que esta debería aprovechar la revisión para replantearse también un nuevo precio del CO₂, conocido como ETS2, que la UE tiene previsto imponer a los combustibles para calefacción y transporte a partir de 2028.
"Los ciudadanos europeos no deberían tener que hacer frente a nuevos impuestos climáticos en las actuales circunstancias económicas y geopolíticas. Por lo tanto, el ETS2 debería abordarse directamente en la revisión y reconsiderarse cuidadosamente", reza la declaración.
Italia, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia firmaron la declaración, que también exigía cambios en el mercado del carbono existente.
Por ejemplo, instaron a la UE a conceder a las industrias más derechos de emisión de CO₂ gratuitos sin condiciones generales. La Comisión ha indicado que solo quiere conceder más derechos de emisión gratuitos a las empresas que se comprometan a invertir en la descarbonización en Europa.
ENFRENTAMIENTO POR UNA MEDIDA DESTINADA A IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS LIMPIAS
Ante la oposición de los Gobiernos, preocupados por que el nuevo impuesto sobre el carbono aplicado al combustible provoque un aumento de los precios para los consumidores, Bruselas ya lo ha aplazado un año.
Sus defensores argumentan que es crucial para impulsar la transición hacia vehículos y sistemas de calefacción domésticos más limpios, y que los ingresos procedentes del impuesto sobre el CO₂ se reinvertirán en ayudar a la población a adoptar tecnologías limpias, aliviando así la carga sobre los consumidores.
La Comisión ha declarado que no desea introducir más modificaciones antes de su puesta en marcha, para dar tiempo a las empresas a prepararse.
Sin embargo, cuando los Gobiernos nacionales y los legisladores de la UE negocien y aprueben los cambios en el mercado del carbono, podrían añadir sus propias enmiendas, incluso en lo relativo a la tasa del ETS2. Los diez países que respaldan la declaración cuentan con suficientes votos en el sistema de la UE para bloquear las enmiendas a las que se opongan.
Con información de Reuters
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