La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener las prestaciones del programa Volver al Trabajo y dejó al Gobierno nacional en condiciones de discontinuar el pago del complemento salarial que perciben más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Si no existe una nueva resolución judicial o administrativa, el beneficio dejará de abonarse desde agosto.
La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso de desmantelamiento del ex Potenciar Trabajo, el principal programa de transferencia de ingresos destinado a trabajadores informales y de la economía popular durante los últimos años. El Gobierno sostuvo desde la creación del programa Volver al Trabajo que su vigencia era transitoria y que tenía un plazo de 24 meses, mientras que las organizaciones sociales y sindicales argumentaron que el ingreso posee un carácter alimentario y constituye un complemento indispensable para sostener actividades productivas de subsistencia.
En su resolución, la Cámara aceptó el planteo presentado por el Ministerio de Capital Humano y dejó sin efecto la cautelar que impedía modificar el esquema de prestaciones. De esta manera, el Ejecutivo queda habilitado para reemplazar el ingreso mensual por otras herramientas incluidas dentro del programa Formando Capital Humano, basado principalmente en instancias de capacitación y certificación laboral.
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Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que el nuevo esquema busca orientar los recursos hacia políticas de inserción laboral y formación profesional. En cambio, las organizaciones que impulsaron la demanda judicial consideran que la resolución deja sin ingresos a cientos de miles de familias en un contexto de elevada informalidad laboral y deterioro del poder adquisitivo.
Según el comunicado difundido tras conocerse el fallo, "la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dictó hoy un fallo que revoca la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener las prestaciones del mal llamado programa 'Volver al Trabajo'". Además, señalaron que "con esta decisión, el Gobierno nacional queda habilitado para cortar el complemento salarial a más de 900.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular a partir de agosto".
Del Potenciar Trabajo al pasado
La discusión judicial se produce luego de la profunda reestructuración implementada por el Gobierno sobre el ex Potenciar Trabajo. Ese programa fue dividido en dos universos diferenciados. Por un lado quedó el programa Volver al Trabajo, destinado a personas de entre 18 y 65 años que desarrollan actividades en la economía popular y que pueden estar inscriptas como monotributistas sociales o no contar con registración laboral. Por otro lado se creó el Programa de Acompañamiento Social, orientado hacia personas consideradas en situación de mayor vulnerabilidad, como mayores de 50 años o mujeres con cuatro o más hijos menores de edad.
Los datos oficiales indican que el programa Volver al Trabajo concentra actualmente a 929.677 titulares, mientras que el Programa de Acompañamiento Social alcanza a otras 201.482 personas. En total, el universo derivado del ex Potenciar Trabajo continúa comprendiendo a 1.131.159 trabajadores y trabajadoras.
La decisión judicial afecta exclusivamente al universo más numeroso, integrado por quienes fueron incorporados al Volver al Trabajo, que representa más del 80 por ciento del total de beneficiarios del esquema heredado del Potenciar Trabajo. El conflicto también vuelve a poner en discusión el deterioro que sufrió el Salario Social Complementario durante los últimos años.
El ingreso quedó fijado en noviembre de 2023 en 78.000 pesos mensuales y desde entonces no volvió a actualizarse. De acuerdo con los informes elaborados por organizaciones vinculadas a la economía popular, esa decisión implicó una pérdida cercana al 74 por ciento del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.
Ese ingreso equivalía originalmente al 50 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil y funcionaba como complemento para trabajadores que desarrollan actividades productivas, comunitarias, cooperativas o de servicios en condiciones de informalidad. El congelamiento del monto ya había reducido significativamente su capacidad para cubrir necesidades básicas. Ahora, con la interrupción del pago a los titulares del Volver al Trabajo, la discusión deja de concentrarse en la actualización del beneficio para trasladarse a su continuidad
Según el informe difundido tras el fallo, el costo anual del Salario Social Complementario ascendía a poco más de 1,05 billones de pesos, una cifra equivalente al 0,1 por ciento del Producto Bruto Interno nominal.Los autores del documento sostienen que ese porcentaje representa una incidencia reducida sobre las cuentas públicas en comparación con el alcance territorial del programa y el volumen de hogares alcanzados.
En ese sentido, remarcaron que "el costo del programa representa una porción muy pequeña del producto económico nacional, a pesar de su impacto social en más de un millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular". El informe también plantea que la eliminación del complemento salarial podría tener efectos sobre el consumo cotidiano en los barrios populares, ya que gran parte de esos ingresos se destinan a la compra de alimentos, medicamentos, transporte y bienes esenciales en comercios de cercanía.
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