El Poder Judicial y las empresas bloquean la regulación de las telcos

Con el recuerdo fresco de la ley de medios y las medidas cautelares que frenan cualquier tipo de avance, cuál es la estrategia del Gobierno dde cara al próximo año.

02 de enero, 2022 | 00.05

La batalla judicial con el Grupo Clarín y las grandes compañías por los servicios de telecomunicación sumará un nuevo capítulo en 2022, luego de que el Gobierno suspendiera aumentos previstos para el próximo año. Como las empresas que aglutinan el mercado cuentan con el guiño judicial para aumentar las tarifas sin ningún tipo de argumento, desde el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) se cancelaron las reuniones para definir los incrementos de los grandes agentes del mercado, estipuladas en el decreto 690 que firmó el presidente Alberto Fernández en 2020.

Con la cobija del poder judicial, las enormes compañías dedicadas al negocio de la telecomunicación aumentaron las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Enacom. La dinámica desregulacionista seguirá al menos 6 meses más luego de que Héctor Magnetto y sus socios obtuvieran una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas. El recuerdo de la ley de medios sigue más vigente que nunca, ya que en su momento también fueron los jueces quienes frenaron la aplicación de una legislación que regula este tipo de mercados. 

Este favor a Clarín llegó a través de una resolución que beneficia a Telecom, la firma del Grupo que agrupa sus negocios en las telecomunicaciones. Prorroga por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia. La propia empresa informó esta resolución que los beneficia a la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

Pero el Poder Judicial les hizo otro regalo de fin de año. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la medida cautelar pretendida por la empresa Telefónica S.A, con el objetivo de suspender los efectos del DNU 690/2020. Con el voto mayoritario de los jueces Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio, se suspendieron los efectos de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, y 6º del DNU 690/2020 y de las resoluciones 1466/2020, 203/2021 y 204/2021.

Lo cierto es que en el último año y medio, Telefónica actuó como si tuviera una cautelar a favor. En ese lapso, la compañía cobró lo que quiso, por lo cual se esperan sanciones.

El decreto suspendido por estos jueces es el firmado el 21 de agosto del 2020, con el cuál el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió.

En condiciones normales, de acuerdo al DNU, el directorio del Enacom debía reunirse con Jefatura de Gabinete a mediados de diciembre para discutir el incremento de tarifas para 2022. Sin embargo, como anticipó El Destape, ese encuentro no se realizó. La estrategia del Gobierno es la siguiente: si el Poder Judicial avala aumentos por fuera de la normativa, no tiene sentido autorizar subas futuras.

Cabe señalar que si hubo autorización de aumentos para aquellos prestadores con menos de 100.000 clientes. Se trata de un aumento de hasta el 9,8% en las tarifas de los servicios de internet, telefonía fija, televisión por cable y satelital, solo para pequeñas y medianas empresas. El incremento se aplicará desde el primero de enero

De cuánto fueron los aumentos este año

De acuerdo a un informe al que accedió este medio, en lo que va del año, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicaron aumentos que hasta casi triplican las subas que autorizó el Enacom. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil muestran la voracidad de las compañías contra los usuarios.

Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21%, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.

En cambio, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%. Respecto al servicio de Internet al hogar, las autoridades habían estipulado una suba anual del 19%, pero los prestadores siguieron otros planes. En detalle, Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%.

Por último, el ente había autorizado un incremento del 16% para la televisión paga. Mientras Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión fue hacia un extremo: elevó el precio un 43%.

Se enfriaron los avances en el Congreso

El Senado había iniciado un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar a las telecomunicaciones como servicios públicos, los cuales fueron unificados en un texto escrito por el legislador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo. La comisión que trata esta idea se encuentra en cuarto intermedio, pero el acaparamiento de las negociaciones con el Fondo opacaron la discusión. Dependiendo de las consecuencias que pueda desencadenar el acuerdo y la agenda parlamentaria, quedará en el Gobierno la ambición de avanzar -o no- de cara a las sesiones legislativas de 2022.

Según pudo averiguar este medio, a través de la ley "se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro". En la ejecución, se "garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 

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