El Gobierno enfrenta un año en que pretenderá encarar un paquete de reformas que, si bien no es inédito –varias administraciones conservadoras lo intentaron-, sí más profundo que el de sus antecesores. El plafón que le dio el resultado de las elecciones de octubre le permite cierto impulso para llevarlo adelante, pero habrá que ver si le da resto. El principal desafío de 2026, luego de dos años recesivos, con ajuste presupuestario inédito y destrucción de los ingresos y el ahorro de la población, será reiniciar el programa económico. Pero el gobierno de Javier Milei insiste en poner en caja (o debajo de la alfombra) algunas variables para mostrar que puede transformar este desaguisado en crecimiento, empleo y estabilidad. Hasta ahora pasó todo lo contrario y sólo logró sobrevivir por los salvatajes de Estados Unidos y la toma de deuda.
Los primeros dos años de Milei estuvieron signados por un ajuste acelerado y una recesión autoinfligida que actuó de ancla anti-inflacionaria. Las otras dos anclas fueron el atraso cambiario y salarial. Esta última no sólo se mantiene sino que se espera se profundice este año. En el caso del dólar, el equipo económico que conducen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue y vino sin encontrar un equilibrio que frene la fuga de capitales. Este año, tras la fallida tablita cambiaria del 1 por ciento mensual, la dupla anunció que actualizará el precio de la divisa al compás del dato de inflación, con el objetivo de que se recupere –o deje de perder- algo de competitividad.
El resultado del cierre de 2025 es un equilibrio fiscal artificial, reservas netas negativas, desfinanciamiento de programas sociales y una situación social y económica crítica, a la cual el Gobierno cree que podrá remendar con reformas laborales, previsionales y tributarias. La baja de la inflación, el único caballito de batalla de la administración libertaria, tampoco llegó. Se puso como meta llegar a mitad de año sin inflación, pero se mantuvo en entre 2 y 3 por ciento mensual. Más allá del apretón económico, el Gobierno no entiende el efecto de la restricción externa (falta de dólares). Es por eso que, en otro intento discursivo, se anunció un “programa de compra de divisas”, lo que debió hacer desde que asumió, pero ahora es para este año.
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Todo indica que 2026 estará enfocado a conseguir el financiamiento externo, para lo cual requiere bajar el riesgo país y conseguir tasas accesibles a las condiciones del país. Hasta ahora la estrategia fue recurrir a acuerdos puntuales, con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. Pero la dependencia externa no solo condiciona la política económica local, sino que también expone al país a disputas ajenas. Por eso, mientras el gobierno de Milei celebra dólares que ingresan, en Washington se preguntan bajo qué condiciones y con qué garantías.
En consecuencia, para este año que comienza, los desafíos se ordenan profundizando esa experiencia. El primero es consolidar la baja de la inflación con más recesión, con excepción de aquellas actividades extractivas que no generan empleo, como el agro, la minería y los combustibles, que sí están creciendo. La actividad económica terminó 2025 fuertemente anclada en el sector financiero, lo que explica un punto del Producto, y en estas actividades extractivas.
Comenzar con números ficticios
Más allá del discurso oficial, lo cierto es que el consumo opera en mínimos en décadas, la inversión es la más baja de la historia y los salarios reales están a la mitad de lo que estaban una década atrás. Pero el Gobierno no parece enfocarse en la cuestión social real y solo busca fondos para refinanciar vencimientos y sostenerse. Sin embargo, sin acceso fluido al crédito, la dependencia de acuerdos condicionados con el exterior sigue vigente. El swap con Estados Unidos se inscribe en ese esquema. La pregunta es qué margen tiene Argentina para negociar sin ceder capacidad de decisión, ya sea al Fondo Monetario o directamente a la administración de Donald Trump.
En la economía real, como se anticipaba, los datos muestran una recuperación sectorial concentrada y una velocidad dual. El riesgo es que esa brecha de velocidades de crecimientos se amplíe y condicione la gobernabilidad. “La comparación entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 492.223. Esto implica una contracción de 20.134 empresas, es decir, 30 (30,05) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”, según recaba el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La pregunta es adónde van los trabajadores excluidos del modelo Milei. Y es que la tasa de desempleo registró una baja durante el tercer trimestre de 2025 y alcanzó el segundo nivel más bajo desde el inicio del gobierno libertario. No obstante, el dato pierde solidez al analizar su composición, ya que la mejora estuvo impulsada casi en su totalidad por el avance del trabajo informal y del empleo por cuenta propia.
Según informó el INDEC, la desocupación promedio entre julio y septiembre fue del 6,6%, lo que representó una leve reducción respecto del 6,9% observado en igual período de 2024. El interrogante surge al contrastar este resultado con la evolución de la actividad económica, especialmente la industrial, uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo. En esos meses, la producción manufacturera continuó en retroceso, tal como reflejó la caída del Índice de Producción Industrial (IPI).
La explicación se encuentra en el perfil de los nuevos puestos de trabajo que reina en esta era. El crecimiento del empleo se concentró mayoritariamente en ocupaciones informales. La tasa de informalidad trepó al 43,3% de la población ocupada, 0,7 puntos porcentuales más que un año atrás, lo que equivale a unos 201.000 trabajadores adicionales en esa condición. En comparación con el segundo trimestre de 2025, el número de informales aumentó en 138.000 personas.
En la misma línea, el INDEC registró un incremento de los trabajadores no asalariados, que pasaron de representar el 27,6% al 28,1% del total de ocupados, lo que implica más de 100.000 personas adicionales. Dentro de ese grupo, los cuentapropistas continúan siendo mayoría y ganan peso: su participación creció del 86% al 87,2%.
En un contexto en el que el trabajo independiente resulta cada vez más accesible gracias a las plataformas digitales y al ecosistema online, incluso es poco probable que se observen niveles muy altos de desempleo. El ajuste del mercado laboral se da por la calidad del empleo, no por la cantidad y la tasa de desocupación comienza a representar un indicador obsoleto.
También está el frente político. Milei enfrenta poca resistencia a reformas estructurales. Privatizaciones, cambios laborales y redefinición de subsidios siguen en debate. En simultáneo, transfiere sumar ingentes, sin contraprestación, en baja de impuestos a los grandes grupos económicos.
El año próximo pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su programa sin nuevos shocks. La estrategia hasta ahora fue avanzar por decreto o por acuerdos puntuales. Ahora deberá negociar con la oposición para alcanzar reformas más profundas. Pero eso implica que la oposición acepte sobre la mesa el recorte en gastos esenciales como en cuidados de salud básicos y la imposibilidad de acceder a la Seguridad Social.
La discusión de fondo es si el modelo puede pasar de la etapa de corrección a la de desarrollo. La prueba se inicia ya en enero, con vencimientos de deuda por más de 4.000 millones de dólares y un nuevo esquema de actualización del dólar.
Un informe del BBVA ranquea los desafíos macroeconómicos de este año: consolidar la baja de la inflación sin reactivar la recesión, mantener el equilibrio fiscal sin nuevos recortes que profundicen tensiones sociales, resolver el atraso relativo del tipo de cambio sin generar un nuevo salto inflacionario, refinanciar compromisos externos con acceso limitado a los mercados y activar el empleo, los salarios y el consumo.
El argumento oficial de que “está cambiando la forma de consumir” contrasta con una realidad marcada por privaciones estructurales. Pero la realidad no es un tema de elección: hogares que recortan alimentos, postergan consultas médicas, acumulan deudas y resignan cualquier posibilidad de ahorro. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) apenas uno de cada diez hogares logró guardar algo de dinero este año, mientras que una proporción significativa de la población (42 por ciento) considera que su situación económica es peor que la de sus padres.
“El análisis se fundamenta en un escenario de compresión de tasas, mayor liquidez en el mercado y tasas reales de corto plazo negativas. Entendemos que el Gobierno concentrará esfuerzos en la acumulación de reservas al mismo tiempo que no permite una apreciación del peso. Nuestra expectativa involucra una reducción en la volatilidad del tipo de cambio para el primer semestre, sustentada en el flujo de divisas proveniente de la cosecha gruesa y la cuenta financiera, catalizada por la baja del riesgo país”, opinó la consultora IOL Inversiones. “Mantenemos una visión constructiva respecto al carry trade, aunque condicionada estrictamente a la estabilidad cambiaria y a la profundización de la desinflación”, agregó el informe.
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Los informes coinciden en que el esquema económico de La Libertad Avanza seguirá siendo el de la valorización financiera, mientras se sigue acumulando deuda que ninguna generación próxima podrá pagar. El stock de deuda externa pública alcanzó los 197.500 millones de dólares, el nivel más alto de la historia reciente, con dos agravantes decisivos: casi la mitad está en manos de organismos multilaterales, principalmente el FMI, y una porción significativa vence en los próximos meses.
Sólo en el próximo año y medio, el país enfrenta compromisos por 47.826 millones de dólares entre capital e intereses, mientras que si se suman los vencimientos totales (incluida la deuda privada) la cifra supera los 57.000 millones de dólares. Mientras tanto, el proyecto de Presupuesto 2026 no prevé superávit comerciales que permitan afrontar de manera legítima estos compromisos.
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