Medidas técnicas frente a dilemas políticos

Las últimas medidas técnicas adoptadas por el gobierno para aumentar la oferta de dólares por exportación, profundizando paralelamente las restricciones a la demanda del dólar oficial, son la respuesta técnica ante un dilema político, el cual se basa en la falta de confianza que provoca en el establishment un gobierno que no termina de subordinarse a sus demandas, sintetizadas en una mayor retracción de las regulaciones públicas ante el capital concentrado. Las medidas intentaron zanjar estas diferencias, accediendo a la rebaja de las retenciones a la soja y sus derivados y a una mayor devaluación de la moneda nacional, aunque en una medida discreta y temporal, que no altera en esencia el rumbo trazado por el gobierno. Dichas medidas, son habitualmente realizadas en acuerdo con las principales cámaras, en este caso el Consejo Agroindustrial, bajo el compromiso de una mayor liquidación, algo que había logrado el gobierno de Cristina Kirchner a inicios del 2014, cuando accedió a efectuar una devaluación del 22 por ciento frente a la retracción en la liquidación de soja.

La respuesta de los grandes exportadores será clave para la recomposición de las reservas del Banco Central, que durante la semana perdió otros 716 millones, y en consecuencia para regresar a cierta estabilidad cambiaria y a una reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, lo que a su vez podrá “tranquilizar” a los dos millones y medio de cuit habilitados para la compra de dólar ahorro, cuya demanda de moneda extranjera también está haciendo estragos en las reservas del BCRA.

Sucede que en el actual contexto, determinado por la pandemia y por cuatro años de políticas neoliberales que a excepción del déficit primario llevaron al desquicio de los índices macroeconómicos, no solo prima la desconfianza del establishment ante un gobierno que no adopta su plan económico neoliberal, sino también la falta de certeza de la población sobre la posibilidad de que el gobierno pueda imponer una agenda favorable a sus demandas, tanto por estas delicadas condiciones estructurales como también por el hecho de que el Frente de Todos es integrado por dos espacios en su interior, uno ligado al fortalecimiento de las pymes y los trabajadores y otra permeable a las demandas de los grupos económicos locales.

Y es que por fuera de la confianza o desconfianza, tanto del establishment como de la población, no existen evidencias de que estemos ante una fase aguda de la “restricción externa”, esto es de carencia de dólares, debido a la ausencia de turismo emisivo, la caída en un 30 por ciento de las importaciones, que arroja un saldo positivo de la balanza comercial de 11.000 millones de dólares proyectándose al récord de 17.000 millones para todo el año, y la exitosa renegociación de la deuda, que implica un despejado horizonte de vencimientos en moneda dura.

Por eso, la apuesta del gobierno es transitar los meses que quedan hasta marzo, momento en que se concentra el grueso de la liquidación de divisas por parte de los agroexportadores, evitando una devaluación ampliada, cuyas regresivas consecuencias, vinculadas a la inflación y la caída del salario real, tendrían serias consecuencias para su legitimidad política. Es esperable que las medidas técnicas adoptadas en acuerdo con los sectores proveedores de divisas lleven algo de calma temporal, aun cuando son también la demostración de la inconsistencia de una nación cuyo Estado no puede regular variables económicas claves, como ser la provisión de dólares en un país material y culturalmente dependiente de los mismos. Incluso cuando, por caso, ocupa el primer lugar de exportación mundial en aceite y pellets de soja, pera y miel, y el segundo de maíz, aceite de girasol, yerba mate o preparados de maní, entre otras exportaciones que, el año pasado, inyectaron a la Argentina cerca de 65.000 millones de dólares.

Durante los gobiernos de Perón, el IAPI primero y la Junta Nacional de Granos y Carnes después, fueron la respuesta a este dilema, dando entidad a políticas regulatorias iniciadas en 1933, frente a la crisis mundial. Las mismas fueron eliminadas en 1991, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, y nunca más fueron implementadas, incluso frente a la creciente financiarización del modelo agroexportador.

Las crisis políticas derivadas de medidas tendientes a redistribuir los excepcionales ingresos de parte del sector agroexportador, como la 125 modificada o el reciente caso de Vicentín, exhiben a las claras la dificultad de imponer políticas regulatorias para este espacio. Hoy, en medio de la crisis y la pandemia, resultaría altamente improbable llevar adelante de forma efectiva mayores regulaciones, y es por eso que el gobierno apuesta a medidas técnicas, para llegar a las liquidaciones de marzo. 

En el mediano plazo, habrá que observar que ala del ejecutivo se impone, si la tendiente a beneficiar a los grupos nacionales concentrados o aquella que buscará una modificación estructural de las actuales condiciones de permanente inestabilidad macroeconómica.