El Súper RIGI, la nueva apuesta del gobierno de Javier Milei para intentar atraer inversiones luego de los dos años cumplidos del primer Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), está siendo cuestionado por sectores industriales y de empresas vinculadas al entramado productivo del país porque dejaría en un plano marginal el desarrollo de proveedores locales.
El nuevo esquema apunta a inversiones de más de U$S 1.000 millones que tienen que desembolsar al menos el 20% en los primeros dos años, según establece el proyecto. El nuevo Súper RIGI es una versión recargada del primer RIGI, que es para iniciativas a partir de US$ 200 millones. El proyecto tiene media sanción en Diputados y espera el tratamiento en el Senado, que posiblemente sea durante julio.
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Proveedores locales
El Súper RIGI ofrece un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años, pero más jugosos que el régimen original. La estabilidad por tres décadas que propone pareciera apuntar a las grandes compañías globales, dejando en un lugar marginal la posibilidad de construir un entramado industrial con proveedores locales en distintas provincias que crezcan o surjan alrededor de los proyectos adheridos al súper régimen.
Otro actor importante de la economía del país que podría terminar excluyendo el nuevo RIGI recargado del gobierno de Milei son las empresas locales que no pueden presentar un Vehículos de Proyecto Único (VPU), la entidad jurídica del esquema, por el elevadísimo monto mínimo de inversión que exige.
Las críticas al Súper RIGI tienen que ver con que no incluye de manera relevante a los proveedores industriales locales, dejando pasar –una vez más- el tren para industrializar al menos algunos sectores de la economía. Tampoco habilitaría el desarrollo tecnológico en el país a partir de una cuota específica de la inversión.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con el Gobierno para tratar específicamente qué rol debe tener la industria argentina en el esquema de beneficios. Desde la UIA se mostraron preocupados por la baja participación local.
Pese a reservar el 20% de la inversión de los proyectos del Súper RIGI a la contratación de proveedores industriales locales, en la entidad empresaria entienden que los beneficios por 30 años podrían no llegar a las empresas industriales. Por este motivo, distintas fuentes de la UIA indicaron a El Destape que la entidad buscará incorporar algunas modificaciones en favor de los proveedores industriales cuando se debata el proyecto en las comisiones del Senado.
Nuevos sectores y beneficios
La intención es atraer inversiones para sectores nuevos para el país, como la industria de semiconductores (claves en la era digital); centros de inteligencia artificial (una planta puede consumir la misma cantidad de energía que una ciudad mediana/grande); proyectos de biotecnología avanzada; minería de uranio y procesamiento de litio; plantas de fertilizantes y petroquímica; hidrógeno verde y energías renovables); generación nuclear modular; y pesca; entre otros.
Los beneficios fiscales más tentadores del Súper RIGI incluyen a una alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias (en el RIGI original es de 25%); reduce el gravamen de dividendos y utilidades a un 3,5%; establece un régimen de 0% de retenciones a las exportaciones y 0% de arancel a las importaciones.
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Como en el RIGI, también mantiene la libre disponibilidad progresiva de divisas hasta llegar al 100% en el tercer año (el sendero incluye un 20% en el segundo y 40% en el tercero) y una contribución patronal reducida al 10% para nuevas relaciones laborales. De aprobarse en el Senado, el Súper RIGI también incluirá un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y restringe a los proyectos a nuevos tributos o tasas municipales.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron que “el Súper RIGI profundiza la lógica de beneficios fiscales extraordinarios otorgados a los grandes proyectos de inversión y amplía significativamente el costo tributario que deberá afrontar el Estado argentino en los próximos años”.
“La principal modificación anunciada consiste en una nueva reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, llevándola del 25% previsto originalmente en el RIGI al 15%, es decir, una rebaja adicional de 10 puntos porcentuales. La medida resulta particularmente relevante porque el Impuesto a las Ganancias constituye el segundo componente de mayor peso dentro del costo fiscal total asociado al régimen”, sintetizó el CEPA.
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