El Frigorífico General Pico, una de las firmas históricas de la industria de la carne en la Argentina, atraviesa una crisis histórica. La empresa, controlada por la familia Lowenstein y vinculada desde sus orígenes a la creación de la marca Paty, suspendió a cerca de 450 trabajadores y redujo casi a cero la actividad en sus plantas de General Pico y Trenel, en la provincia de La Pampa. La decisión encendió alarmas en la región por el impacto social y productivo, aunque desde el sector aseguran que aún no se trata de un cierre definitivo y que existen gestiones en curso para preservar el activo industrial.
Hasta hace apenas dos años, el frigorífico operaba con niveles de faena cercanos a las 600 cabezas diarias y proyectaba escalar a 800, un volumen que lo ubicaba entre las plantas relevantes del interior del país. En 2023 todavía procesó más de 96.000 animales, pero la falta de liquidez y el deterioro de las condiciones económicas terminaron por frenar la operatoria.
En la actualidad, la actividad se limita a una guardia mínima de mantenimiento y se retiraron incluso los equipos destinados a la faena kosher, una señal del repliegue exportador y del cierre de mercados estratégicos como Israel.
El consumo interno de carne vacuna se encuentra en mínimos históricos, afectado por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los alimentos básicos, mientras que las exportaciones muestran una retracción significativa, en particular hacia China, destino clave para los cortes de menor valor. A este escenario se suma el elevado costo de la hacienda, que comprimió márgenes en una actividad con altos costos fijos y escaso margen de maniobra financiera.
La empresa arrastra una deuda bancaria que supera los 22.700 millones de pesos, con el Banco de La Pampa como principal acreedor, seguido por el Banco Nación y el Banco de Córdoba. A ese pasivo se agregan más de 1.000 cheques rechazados por casi 11.700 millones de pesos y pagarés emitidos en el Mercado Argentino de Valores por otros 1.770 millones, con vencimientos concentrados en el segundo trimestre del año. En conjunto, el rojo supera los 34.000 millones de pesos y mantiene a la firma bajo seguimiento especial del Banco Central.
La crisis impactó de lleno en los trabajadores, con aportes previsionales y de obra social impagos desde octubre del año pasado. Como medida de contención, la empresa comunicó el pago de una suma fija mensual y la continuidad en la entrega de carne, aunque la incertidumbre se mantiene. La paralización también golpea a productores ganaderos, transportistas y comercios de la zona, con deudas acumuladas con productores de localidades como Trenel, Eduardo Castex y General Pico, lo que amplifica el efecto sobre la economía regional.
Negociaciones en marcha
Los Lowenstein iniciaron contactos con acreedores y distintos actores del sector para intentar un reordenamiento financiero que permita sostener la actividad. Entre las alternativas que se analizan aparecen acuerdos de refinanciación y, también, la posibilidad de una venta del frigorífico, una opción que ya se verificó en otras plantas del país que atravesaron crisis similares y lograron continuidad bajo nuevos dueños.
La planta de Trenel sigue siendo considerada un activo relevante en un mercado con capacidad instalada ociosa pero con necesidad de escala y eficiencia. La apuesta, según coinciden fuentes del sector, es evitar despidos definitivos y preservar una estructura productiva que, más allá de su situación actual, forma parte del entramado industrial y social de la región.
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