Para camuflar sus cuentas y construir la narrativa de una macroeconomía ordenada (¿ordenada para quién?), el Gobierno siguió con su ajuste en el gasto público del orden del 2,1% en términos reales durante 2025. Las políticas alimentarias, la crueldad hacia los discapacitados, los despidos y la baja salarial en el sector público, los recortes en las transferencias de capital fueron la base del superávit a lo Pirro del 2025.
Como los ingresos también cayeron, ese superávit también fue menor que el registrado en 2024: según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la caída fue del 24%. Otro dato sobresaliente de las cuentas reales de la administración Milei fue su déficit financiero, cuyo volumen saltó un 312% en términos reales. Al genio de las finanzas Luis Caputo se le está escando la tortuga.
El último mes del año terminó con signos de una aceleración inflacionaria, y una actividad económica muy dispar (solo crecieron los sectores extractivistas con una fuerte caída en la industria, la construcción y el consumo). ¿Cómo hará Milei para controlar la inflación sin un ancla monetaria? A partir de enero, el tipo de cambio se ajustará según la inflación mensual con riesgo de una retroalimentación.
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Para la consultora Vectorial, este año el Gobierno volverá a recurrir a la motosierra como ancla contra la inflación, sobre un presupuesto ya de por sí ajustado. El riesgo: mayores posibilidades de una conflictividad social.
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Los ingresos reales de la administración Milei
La Administración Pública Nacional (APN) finalizó el año pasado con un superávit primario de 9,6 billones de pesos y, luego del pago de intereses, un déficit financiero de 1,6 billones de pesos. “En comparación con los resultados del 2024, esto significó un deterioro en ambos casos: el superávit primario fue 24,6% inferior, mientas que el déficit financiero resultó 312,6% superior”, indicaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los ingresos tuvieron una caída real del 2,6%. Esto se explicó por la merma en lo recaudado por los derechos de exportación (-15,5) a pesar del fabuloso negocio que le entregaron a las cerealeras exportadoras con la baja de retenciones; la recaudación por IVA apenas tuvo un alza de 0,7%, lo que dio cuenta del parate comercial durante el año.
Los recursos de la seguridad social aumentaron un 13,9% (cuando la inflación interanual fue del 31,5%) pero durante los últimos meses del año su recaudación volvió a menguar. “Hacia el cierre del año hubo una tendencia decreciente que culmina con una caída de 0,3% en noviembre y de 0,7% en diciembre, en parte por la elevada base de comparación (en noviembre del año pasado ingresaron recursos de la moratoria) y por el mayor acogimiento a planes de pagos”, puede leerse en el reciente informe de la OPC.
En este escenario, los gastos reales del Poder Ejecutivo cayeron un 2,1% interanual, cuando en 2024 habían registrado un desplome del 24%.
Los principales rubros ajustados
La administración Milei profundizó su ataque hacia el sector público. El gasto en personal arrojó una caída acumulada del 9,4% como resultado de paritarias por debajo de la inflación y de la disminución en la cantidad de cargos ocupados en la planta permanente y transitoria, y en la cantidad de personal contratado, mayormente en el Poder Ejecutivo. Es decir, mayores despidos.
“Se verifica una baja de 4,1% respecto a noviembre de 2024 en los cargos de planta permanente y transitoria del PEN, y una disminución de 6,9% en la cantidad de personal contratado”, agregaron desde la OPC.
Las paritarias del sector fueron a la baja, con un incremento acumulado del 14,8% cuando la inflación interanual fue del 31,5%. La pérdida del poder adquisitivo fue de 16,7 puntos porcentuales.
El ataque de La Libertad Avanza hacia los sectores más vulnerables tuvo su pico con el ajuste en el área de discapacidad (también epicentro de la corrupción del Gobierno a partir del entramado vinculado al pago de coimas con específica mención de Karina Milei y los desvíos de recursos organizado por el clan Calvete).
De acuerdo a los registros oficiales de la Administración Pública Nacional analizados por la OPC, en once meses del año pasado se observan 75.893 beneficios promedio mensuales menos (-6,2%) en las pensiones no contributivas entregadas por el Estado nacional comparado con el mismo período de 2024.
“Hubo 128.662 beneficios menos si se compara noviembre 2025 contra noviembre 2024. No obstante, si bien no se cuenta con el dato de beneficios liquidados de diciembre, el comportamiento del gasto del mes tuvo un alza del 9,6% y una disminución acumulada del 4%”, informaron desde la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El ajuste en los programas sociales
Entre los principales programas sociales ajustados se encuentran las “Políticas Alimentarias”, como la prestación alimentar, con un ajuste de casi el 20% en términos reales. El monto de esta última prestación no tuvo incrementos desde junio de 2024, con una pérdida de su poder de compra del 37% desde entonces, y una merma del 24% interanual promedio durante el año pasado.
El programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) tuvo una merma del -37,8%, explicado principalmente por el congelamiento del valor de la prestación desde diciembre de 2023. Desde esa fecha, el poder de compra se ha deteriorado en un 65% medido por el IPC.
Las becas progresar tuvieron una merma del 41,5 y se discontinuaron varios programas como por ejemplo la devolución de IVA para los sectores vulnerables y el Programa Acompañar, ausentes durante 2025. Los famosos vauchers educativos registraron una caída del 16,3%.
¿Qué pasará en 2026 con el gasto público?
Caputo en su propia encrucijada. La política monetaria permanece subordinada al proceso de remonetización y a la necesidad de recomponer reservas, lo que limita la capacidad de este instrumento para operar como “ancla nominal”. A esto se le suma que a partir de enero el tipo de cambio se actualizará según la inflación mensual. “Esto podría significar una suerte de institucionalización de la inercia inflacionaria”, sostuvo Haroldo Montagu, economista en jefe de la consultora Vectorial.
“El proceso de ajuste acumulado a lo largo de 2024 y 2025 comenzó a mostrar con mayor nitidez sus costos sociales y económicos. La persistencia de una inflación todavía elevada, junto con la compresión del gasto público y la debilidad del mercado laboral, derivó en un deterioro del ingreso real de amplios segmentos de la población”, puede leerse en un reciente informe de Vectorial bajo la dirección de Eduardo Hecker y Montagú.
Con este diagnóstico, desde Vectorial anticipan un escenario de mayores tensiones vinculadas al “ancla fiscal” aunque con márgenes cada vez más estrechos. ¿De dónde saldrán los recursos para la remonetización de la economía (compra de dólares para el pago de la deuda)? ¿Quiénes serán los sujetos colectivos atacados por el ajuste de Caputo y La Libertad Avanza?
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