Reforma laboral: qué cambia para las trabajadoras de casas particulares y por qué advierten más precarización

¿Es posible precarizar todavía más a un sector de la economía que registra un 77 por ciento de informalidad? El proyecto de ley de reforma laboral lo logra al incorporar a las trabajadoras de casas particulares a su texto, modificando así la ley 26.844 del año 2013, que por primera vez otorgó a quienes trabajan en tareas de limpieza y cuidado dentro de hogares sin fines de lucro derechos laborales como licencias por maternidad y enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo y pago de aportes patronales que podrían significar el acceso a la jubilación.

Verónica Carpani es abogada laboralista e integra un frente de mujeres que se armó para difundir y contrarrestar la información engañosa que circula sobre la reforma laboral (AAIHEG): “En relación con este sector, tiene los índices más altos de informalidad. Según los datos del Indec del segundo trimestre de 2025, ronda el 77 por ciento. Además, es una actividad feminizada en más del 90 por ciento”. Actualmente, una trabajadora de esta actividad cobra menos de cuatro mil pesos la hora y el nomenclador aumenta apenas unos cientos de pesos si se trata de una tarea específica —como el cuidado no terapéutico de otra persona— o si tiene tareas de supervisión. Según la OIT, esta informalidad y precarización genera el “incumplimiento de derechos y un espacio para la explotación laboral, incluso de niñas y adolescentes”.

¿Cómo modificaría la ley de reforma laboral que se está tratando en la Cámara baja esta situación desventajosa de la principal fuente de trabajo asalariado para mujeres? Solo aporta mayor precarización: “Se alarga el período de prueba —que en la ley 26.844 era de un mes para trabajadoras sin retiro y de tres meses para trabajadoras con retiro— a seis meses. Además, modifica las obligaciones entre las partes, lo que implica que empleadores y empleadoras ya no tienen por qué proveer ropa o guantes adecuados para la tarea”, dice Carpani.

En lugar de la provisión de los elementos de trabajo, el empleador o la empleadora dará una suma fija cuyo monto no está estipulado ni descripto de ninguna manera. Será parte de lo que se tenga que negociar en una relación ya suficientemente desequilibrada, ya que las trabajadoras de casas particulares no suelen estar en soledad frente a quien las contrata, no tienen —en la gran mayoría de los casos— compañeros o compañeras de trabajo que sean testigos de sus tareas o de los posibles abusos que implican relaciones desiguales y a puertas cerradas.

“Por otra parte —agrega Carpani— se modifica la forma de pago y la acreditación del pago. Ahora deberá hacerse en todos los casos de manera bancarizada y el simple comprobante de transferencia servirá como recibo de sueldo”. Sin embargo, en el comprobante de transferencia no hay constancia de antigüedad, tampoco del sueldo acordado ni de los aportes y contribuciones realizados, lo que dificulta el acceso a una obra social. Como en la mayor parte del texto de la reforma, a la que el gobierno llama “modernización”, la única razón aparente para estas modificaciones a los derechos conseguidos con la ley 26.844 es asegurar a los empleadores mayor comodidad y acentuar todavía más la desigualdad en la relación contractual con quienes trabajan en el ámbito doméstico.

¿Acaso las trabajadoras de casas particulares son parte de eso que desde el gobierno libertario se busca estigmatizar como “la industria (o mafia) de los juicios laborales”? Carpani es enfática: “No hay estadísticas sobre los índices de litigiosidad de este sector, pero sí me animo a decir que es muy bajo por la propia informalidad y por la dinámica del trabajo dentro de una casa, donde es muy difícil recolectar pruebas para llevar adelante un reclamo por falta de registración laboral o por incumplimiento de los deberes del empleador”.

En este sentido, la situación de las trabajadoras de casas particulares parece ser el norte hacia donde se busca llevar a toda la población activa con esta reforma: sin el resguardo de las acciones colectivas —por el ataque deliberado al derecho a la huelga y a la organización asamblearia—, en clara desventaja para la negociación con empleadores y con el uso del tiempo —a través del banco de horas o de las vacaciones fraccionadas— otorgando un bien para la patronal, sin contemplarlo como un derecho autónomo de trabajadores y trabajadoras para planificar sus proyectos de vida.

En 2024, cuando se discutió y aprobó la ley Bases —que se suponía que promovería el empleo registrado, aunque no lo hizo— y la represión en torno al Congreso de la Nación fue desproporcionada, Ramona Tolaba, trabajadora de casas particulares de 56 años, fue detenida junto con otras 36 personas. No había razón alguna para su detención: fue la puesta en escena de lo que entonces Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, llamó “sedición”, cuando no era más que una protesta frente a la quita de derechos.

Al ser liberada, Ramona habló con El Destape y, entre lágrimas, expresó como un deseo el “poder enfermarme tranquila, sin tener que trabajar. Por eso les digo a todos que luchen”. Dos años después, el mensaje de Ramona sigue intacto.