Vanesa, hermana de Luciano Arruga, el caso emblemático de la represión estatal: "Queremos acceder a la verdad"

Se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense.

31 de enero, 2021 | 08.00

Luciano Nahuel Arruga tenía 16 años cuando el 31 de enero del 2009 efectivos de la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador, La Matanza, lo detuvieron. Estuvo desaparecido hasta que en 2014 encontraron su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires. Se cumplen 12 años y la Justicia dilata los tiempos y garantiza la impunidad de los actores materiales, políticos y judiciales de la desaparición forzada seguida de muerte de un pibe de 16 años.

Este año por la pandemia de coronavirus, los familiares, amigos y amigas de Luciano no convocaron a una marcha, pero realizaron una radio online en el espacio social y cultural que se montó en el ex destacamento de Lomas del Mirador, donde el joven fue torturado.

Se cumplieron 12 años de la desaparición de Luciano y no hay detenidos ni culpables por uno de los casos más emblemáticos de la represión estatal. En el 2008, Luciano fue torturado por efectivos policiales cuando se negó a robar para ellos, fue perseguido y hostigado por la Policía en Lomas del Mirador y en el 2009 lo desaparecieron.  

En el plano judicial, por un lado, se encuentra en la Justicia Federal la causa de desaparición forzada que todavía se encuentra en instrucción y no hay novedades de que vaya a avanzar en la brevedad. Por otro lado, la familia encaró hace 8 años un jury contra el juez Gustavo Banco y contras las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, por delegar en la Policía Bonaerense parte de la investigación y por espiar a la familia por más de un año. En febrero, el jurado de enjuiciamiento debe definir si es admisible o no el planteo de la familia.

En el plano político-social, los familiares, amigos y amigas apuntaron a debatir profundamente la violencia institucional y a realizar una distinción de la represión estatal, que son los casos de desaparición y tortura que siguen ocurriendo en democracia en manos de las fuerzas seguridad avalados por un discurso político que se enmascara en el reclamo de “mano dura”, pero que oculta la criminalización y la discriminación de los pibes y pibas de los barrios.

“A 12 años de la desaparición forzada de Luciano, seguimos reclamando justicia y nos solidarizamos con todas las familias que denuncian diferentes lógicas represivas en todo el país, porque eso nos ayuda a entender que no son hecho aislados, sino muchas situaciones expandidas que hablan de una problemática que se tiene que analizar de forma responsable y con participación de las familias”, expresó Vanesa Orieta, hermana de Luciano, en una entrevista con El Destape.

¿Cómo está la causa?

Hay dos procesos judiciales en curso. Por un lado, la causa que está en la Justicia Federal que lleva la carátula de “desaparición forzada” y ya lleva 12 años de instrucción. “Esto habla de un proceso que intenta desgastar a la familia porque el tiempo deteriora mucho las causas judiciales donde se investiga una desaparición forzada”, advirtió Vanesa y reclamó: “Esto muestra una clara violación a nuestro derecho como víctimas y nosotros queremos acceder a la verdad y a la justicia. A la verdad que nos permita castigar los responsables materiales, políticos y judiciales”.

Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales han pedido medidas en la causa que se están tramitando, pero “definiciones concretas del futuro de la causa, no existe ese dato todavía”.

Jury contra los funcionarios judiciales

Por otra vía, la familia inició hace 8 años un jury de enjuiciamiento contra el juez Gustavo Banco (a cargo del juzgado de garantía n°5 de La Matanza) y en contra las fiscales Celia Cejas Martin (UFI 1) y Roxana Castelli (UFI 7).

La denuncia que impulsa la familia contra los funcionarios judiciales, es porque en los primeros cuatro años que la causa estuvo en la Justicia provincial, se caratuló como averiguación de paraderos, a pesar de que la familia ya hablaba de una desaparición forzada. “A Luciano se lo buscaba como un chico perdido, banalizaban la situación diciendo que buscaban a un chico que se había fugado de la casa”, subrayó Venesa.

Se perdieron cuatro años de investigación como así también se perdieron pruebas importantes. “Durante los primeros años, la familia estuvo presente en la UFI 7 a cargo de Roxana Castelli, nunca nos atendió durante el primer tiempo que tuvo la causa. Le llegamos a escribir que teníamos miedo por la vida de Luciano porque estaba hostigado por la Policía, pedimos que se averigüe en diferentes instituciones por un NN con las características de Luciano, presentamos una hábeas corpus y aunque denunciábamos a la Policía, la fiscal decidió delegar la investigación en la misma policía que denunciamos”, recordó la hermana de Luciano.

Esa decisión de la fiscal de delegar la investigación en la misma fuerza que tenía que ser investigada, representa una violación a la resolución 1390 del Ministerio Público Fiscal, que impide darle la investigación a una fuerza de seguridad sospechada.

Una vez que se logró correr a Castelli de la causa, intervino al fiscal Cejas Martín, que fue denunciada por haber “investigado a la familia durante un año y 6 meses, a través de la pinchadura de los teléfonos” y esas escuchas fueron avaladas por el juez Banco “a través de 15 prórrogas consecutivas con exposiciones poco claras y confusas”.

“Nos investigaron, invirtieron dinero del Estado para que, en lugar de investigar a la Policía, investiguen a la familia. Es algo totalmente violatorio a nuestra intimidad, nuestros derechos como víctimas en el proceso. Durante cuatro años se perdieron pruebas fundamentales, que generó un estado de impunidad y cuando hay impunidad judicial son responsables de un delito. Nosotros no hablamos de complicidad, sino de actores directos a imponer impunidad sobre las causas judiciales donde se denuncia la represión estatal”, sentenció Vanesa.

¿Qué va a pasar ahora?

En febrero de este año, cuando termine la feria judicial, el jurado de enjuiciamiento tiene que decidir si declara inadmisible o admisible la denuncia de la familia contra los funcionarios judiciales. Pero a esto, se suma una nueva traba de la Justicia contra la familia y es que “si se declara inadmisible la familia tiene que cargar con las costas del proceso”. “Es algo bochornoso porque alargaron el proceso y nos impusieron en diferentes etapas medidas económicas que claramente no podemos afrontar”, denunció Orieta.

“Llegamos a una etapa importante, pero nos ha costado mucho llegar hasta acá y una de las trabas que nos impusieron fueron económicas y llegamos hasta acá, la familia denunciando y el CELS acompañando con su equipo de abogados y los que no han decidido acompañar la denuncia que son actores fundamentales”, apuntó e hizo referencia a la Procuración y a la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense.

“Sus informes y escritos presentados para justificar la baja del proceso son bochornoso, son un corte y pega de diferentes partes de la causa. Esto deja en evidencia que avalan que se viole una resolución, que se desoiga a la familia y avalan que se investigue a la familia con pinchaduras al teléfono”, aseveró Vanesa.

Violencia institucional – represión estatal

“En la medida que no podamos marcar la diferencia entre lo que significa la represión estatal y la violencia institucional, siempre vamos a tender a minimizar una problemática que hace mucho daño y tiene que ver con cuestiones que el país sufrió hace años atrás: desaparición, tortura y muerte”, marcó Vanesa e instó a debatir en profundidad estos dos térmicos.

Por un lado, planteó que “la violencia institucional se piensa en muchos sentidos porque violencia institucional es no poder acceder a la escuela, a la salud, se ve a las claras cuando entras a un barrio y ves cómo viven las familias, lo ves en la cantidad de personas en situación de calle”, pero detalló que “existe una forma particular que tiene que ver con la cuestión represiva y que tiene una relación directa con las violencias institucionales que sufren los pibes y pibas y que encuentran más de cerca la represión estatal porque se sigue teniendo una mirada que discrimina y criminaliza”.

En ese sentido, puntualizó que cuando se habla de represión estatal, se habla de “situaciones que son violatorias de los derechos humanos, que se convierten en los crímenes de los crímenes, que existen responsabilidades bien concretas, que no tiene que ver con un policía sacado nada más, porque cuando se habla de violencia institucional parece que hablamos de una Policía desbocada que actúa de una forma independiente”.

Y replicó: “Los familiares no hablamos de eso, sino que hablamos de una relación directa entre lo que hace la Policía y las medidas políticas que se toman y las decisiones que se toman judicialmente porque existe un entramado entre estos tres actores que dan lugar a que todavía estas prácticas, que son horrible y violatorias de los derechos humanos sigan sucediendo”.

La represión estatal es avalada por un discurso político que encarna la consigna “mano dura” o los reclamos de “justicia por mano propia” y que en los hechos, termina criminalizando a los jóvenes de barrios humildes. “

“La desaparición de Luciano tiene como responsables a la Policía que intervino para desaparecerlo y asesinarlo. Tiene responsabilidad el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza que inauguró el destacamento en el 2007 por un pedido de más seguridad porque los vecinos decían que había que iban a robar desde el barrio 12 de octubre y había que controlarlos. Con esa mirada que discrimina y criminaliza, instalaron un destacamento en donde un año después terminaron torturando a mi hermano. Eso fue una decisión política. Ese tipo no fue condenado, sino que fue electo otra vez intendente. Y Daniel Scioli (ex gobernador) que aumentó la policía en La Matanza y en el Conurbano, que quería bajar la edad de punibilidad. Quiso ser presidente, perdió y ahora es siendo embajador de Brasil. Esto molesta mucho porque es impunidad”.

Con rabia en sus palabras, Vanesa aclara: “No digo que se sentó a dirigir y orquestar la desaparición de Luciano, pero estas personas generan políticas públicas que terminan en la desaparición forzada de un pibe de un barrio”. “Esto no se puede seguir ocultando, tiene que haber un castigo”, sentenció.

LA FERIA DE EL DESTAPE ►