El resultado de las PASO, favorable a Juntos por el Cambio en casi todo el país, abrió una puerta de debates internos y externos al oficialismo que, por su complejidad, se corrieron de los límites de la contienda electoral. El que quedó en el centro de la escena y fue utilizado rápidamente como chivo expiatorio por diferentes sectores sociales para delimitar y señalar las razones de la derrota del Frente de Todxs fue el feminismo. Se cuestionaron el desarrollo sostenido durante los últimos dos años de una agenda “feminista”, las políticas de género y diversidad, y la puesta en marcha de campañas de comunicación basadas en la conquista de derechos políticos, sociales y culturales para las minorías sociales, culturales y sexuales.
Siguiendo el sentido de dichas miradas pareciera ser que la denominada ola “verde”, a la que tantxs se han sumado probablemente por oportunismo político o marketing, que ha conseguido en los últimos años logros históricos empezando por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley Micaela, gracias a la militancia federal e ininterrumpida de miles de mujeres y disidencias, se hubiera devorado a otras dimensiones para muchxs más “urgentes” o hubiera corrido del centro de la política a la crisis económica, la pobreza o la falta de trabajo. “Ideología de género”, “Feminazis”, “liberprogres”, son algunos de los términos que se han usado para estigmatizar la militancia feminista, pero además la de sectores políticos interpelados por la justicia social , o a lxs activistas por el cambio climático, banderas que funcionarían como una distracción performática tutelada por el Gobierno Nacional.
¿Feminismo vs. políticas económicas?
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Usando como trampolín el clima social tenso post electoral se cuestionaron temáticas como el lenguaje inclusivo, el DNI no binario, o el cupo laboral travesti trans con el mero objetivo de inflamar el malestar social y tocar fibras sensibles de sectores sociales conservadores y otros cada vez más cercanos al mensaje de la anti política. Otro ejemplo de esta práctica fue el uso y abuso oportunista del testimonio de Mayra Arena, una joven de Villa Caracol, un asentamiento de Bahía Blanca, que trascendió en 2018 por su charla Ted titulada "Qué tienen los pobres en la cabeza". En una muy interesante nota publicada en Infobae, hace un análisis sobre los resultados electorales, analiza la ausencia del Estado en los territorios y se pregunta: “¿A cuántos incluís cada vez que decís todes y a cuántos dejás afuera? Si no se habla el mismo idioma, difícil que surja una identificación. El precio de sentirse inclusivo se paga caro: dejás afuera a muchos que todavía no resolvieron demasiados quilombos como para seguirte el tren. No me terminó de cerrar el feminismo y ya me estabas corriendo con la movida no binarie”.
Quien se sumó también al debate, y le contestó a Arena, fue el poeta y cineasta César González. En un hilo de tuits explicó por qué no estaba de acuerdo con su análisis. Lo primero que sostiene es que no cuestionar a Mayra “solo por ser pobre es culpa pequeñoburguesa”, y en ese sentido remarcó que su experiencia biográfica no necesariamente implica consciencia. “Los barrios populares no son una cosa homogénea”, agrega. Con respecto, específicamente, al feminismo y la militancia Queer, el artista villero indicó luego en una entrevista: “He visto un montón de pibas muy jóvenes en el barrio, y fue para mí un fenómeno novedoso, completamente involucradas con la cuestión feminista y completamente comprometidas con la justicia social y la militancia política tradicional” . En ese sentido marcó sus diferencias con Mayra al entender que todo lo que sea avances en materia civil no se trata de cuestiones solamente simbólicas, y puso como ejemplo las experiencias vitales de las personas travesti-trans para quienes el acceso a su propio DNI “le estas cambiando la vida concreta, real, no abstracta”.
Victoria Stéfano, escritora, periodista y referente travesti trans, también se expresó al respecto del debate e hizo referencia a las condiciones de vida del colectivo al que pertenece: “En 2020 enterré a tres compañeras, muy cercanas. Pero no fue por el COVID, ni por la crisis producto de la aparición del virus Sars Cov 2. No. Fue porque sistemáticamente se niega con prácticas expulsivas el acceso a la salud a las personas trans, travestis y no binaries. No te tengo que explicar a vos la violencia que ejerce el sistema de salud hacia los que nacimos en barrios con calle de tierra y tenemos casas con techos de chapa. Vos ya lo sabés. Ahora imagínate esa misma violencia, y además llamarte por un nombre que no es el tuyo y adjudicarte una identidad que no te pertenece”.
Democratización con mirada de género
Todas las preguntas que se han despertado, los cuestionamientos políticos, y las contradicciones tienen sentido y valor histórico, y al mismo tiempo sirven para iniciar reflexiones necesarias en el momento que vive Argentina, donde pareciera que se avanza en un proceso de democratización con mirada de género. El punto central a remarcar es que los cambios sociales, culturales y económicos generan transformaciones tanto en la vida material como la subjetividad colectiva e individual de las personas. Lo “simbólico” tiene un correlato material, puesto que de otra manera no se sostiene en el tiempo. Esto se expresa a nivel de lo cotidiano modificando rutinas, patrones de conducta, actividades, formas de participación, y hábitos de consumo, etc.; a nivel institucional en el cambio de agenda, las prácticas institucionales y las cuestiones burocráticas; y a nivel estatal en el tratamiento o diseño de absolutamente todas las políticas públicas generales y particulares.
Tener en cuenta la cuestión de género en la política estatal no significa acotar las posibilidades o solamente desarrollar herramientas para las mujeres feministas o disidencias. Pensar el Estado desde una mirada de género es básicamente comprender que todavía existe una matriz socio cultural construida en base a la diferencia entre varones y mujeres y el lugar jerárquico que ocupan los varones en la estructura piramidal de poder, que se traslada al pensamiento y a los comportamientos sociales. Y que no se trata simplemente de visibilizar o denunciar dicha desigualdad, sino de transformarla a un ritmo aceptable y sostenido que permita que los cambios sean un espejo de las demandas, las expectativas sociales y la conversación social.
Nada más alejado de la comprensión histórica de la realidad que pensar la política inclusiva del ejecutivo como una cortina de humo, o una administración que sobreactúa lo simbólico mientras no modifica las bases estructurales de la desigualdad social, con profundos orígenes socio económicos pero también de género. De hecho si nos ponemos minuciosos podemos observar que a la par que el Gobierno Nacional implementa programas en todas las áreas y lleva al Congreso proyectos de Ley desde una visión de género, los sectores que obstaculizan el avance de mayores conquistas y la garantía estatal de los derechos vigentes son siempre los mismos: la justicia patriarcal que tiende a revictimizar a las mujeres y disidencias y funciona como un dispositivo de reproducción de las violencias; las corporaciones de medios y algunxs periodistas que reproducen constantemente prejuicios, estigmas sociales e imaginarios que afectan y dificultan la vida cotidiana de las mujeres y minorías sexuales; la Iglesia y los sectores sociales más conservadores que ponen trabas permanentemente al cumplimiento de la Ley IVE y la Educación Sexual Integral; y los sectores concentrados de la economía que necesitan de la mano de obra barata y flexible de las mujeres para abaratar los costos.
Es la economía, estupidx
Pensar que la economía va por un carril separada de las políticas de género es un error conceptual y programático grosero. En principio porque desde la incorporación de las mujeres al mundo público y al mercado laboral, han sido uno de los sectores sociales más excluidos. En Argentina, y en el mundo, el problema de la pobreza y la desocupación afectan sobre todo a las mujeres. Según cifras de la ONU el 70% de lxs pobres en el mundo son mujeres y una de cada cinco niñas vive en condiciones de extrema pobreza. No solo eso, sino que la crisis provocada por la pandemia profundizó las desigualdades previas incluida la brecha de género.
Con respecto al trabajo, según el último informe del INDEC que se conoció esta semana la tasa de desocupación fue de 9,6% para el segundo trimestre de 2021, un poco menor a la de comienzos de 2020, cuando era de 10,4%. Dicha cifra evidencia que son las mujeres las más perjudicadas por la desocupación, con una tasa de 10,4% frente al 9% de los varones. Además en el caso de las mujeres jóvenes de hasta 29 años la tasa llega a 22,4% (frente a 16,1% de los varones de la misma edad) por lo que se constituyen como el sector más impactado. Y si hablamos de sueldos en Argentina en promedio las mujeres tienen un ingreso que representa el 70% del ingreso de los hombres. En estos últimos dos años a las históricas dificultades que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo se sumó la llegada de la pandemia que condicionó mayormente áreas de la economía feminizadas como el trabajo doméstico, turismo y hotelería, servicios, tareas de cuidado, etc. Sectores donde lo vincular, el trato cara a cara y la presencialidad son fundamentales.
En este sentido el Presupuesto 2021 fue el primer Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad, y se convirtió en una herramienta clave de transformación para reducir las brechas de desigualdad existentes. Y no se trató de una cuestión “simbólica” ya que los gastos destinados a políticas de género representaron el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Más de 1,3 billones de pesos fueron inyectados a las distintas áreas de gobierno y políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad. Además se trata de un presupuesto descentralizado, que va muchos más allá del Ministerio de Mujeres: se ha repartido en 55 políticas de género provenientes de 22 organismos que funcionan en 14 ministerios.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo un presupuesto asignado de $6.205 millones, cuya mayor parte fue para el programa Acompañar, que tiene el objetivo de apoyar a las mujeres en situación de violencia. El resto de la partida estuvo dirigido a Políticas de Igualdad y Diversidad, y acciones de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. El de Salud incluyó políticas en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia; Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable; Acciones para la Identidad de Género; y Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) .
Pero si miramos con lupa la composición del gasto para la categoría "Igualdad de Géneros", se observa que el primer destino fue Anses (86,2%). El 74% fue destinado a Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, dirigidas en un 74% a mujeres, y que permitieron acceder a un haber jubilatorio a 2,6 millones de mujeres que dedicaron muchos años a las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado en sus casas. Luego aparecen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para Protección Social; Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social; los Programas Potenciar Trabajo y de Inclusión Socio-Productiva dirigidos a mujeres y personas LGBTI+ en situaciones de alta vulnerabilidad
Por todo lo antes desarrollado es que el Gobierno Nacional tiene entre sus principales ejes la temática de género. No se trata de un disfraz ni una campaña de marketing político. No es posible en Argentina reducir los niveles de pobreza sin trabajar en reducir los niveles de violencia de género; transformar el sentido común y la cultura patriarcal a través de políticas como la ESI o la Ley Micaela; garantizar el derecho a la jubilación a millones de mujeres que por diferentes motivos no han podido incorporarse al mercado o no han acumulado los años establecidos; herramientas de salud pública para personas LGBTI+; intervenir sobre las reglas del mercado de trabajo para incentivar su contratación; fomentar la incorporación de mujeres y disidencias en diferentes áreas de la economía; fortalecer la capacitación y formación profesional; y estimular la llegada de mujeres e identidades feminizadas a puestos de poder, espacios visibles, y lugares de toma de decisiones, entre otras tareas.