“Norma, mi madre, pasó sus últimos 26 días en una institución médica ubicada en el centro de Bariloche que atiende a afiliados del PAMI. Durante esos días: durmió en un depósito de insumos médicos mientras esperaba una habitación; usó una cama con sábanas y abrigo que tuve que llevar desde mi casa; ingresó por una afección vesicular y terminó sufriendo un ACV isquémico en una habitación común, sin monitoreo; tuve que aprender a rotarla y cambiarle los pañales porque el personal de enfermería no daba abasto; tuvimos que contratar enfermería privada durante la noche por temor a que quedara desatendida; seis horas antes de su muerte, el pasado viernes 31 de julio, tuve que golpear la puerta de la Sala de Médicos porque mi mamá llevaba horas ahogándose y no teníamos respuesta asistencial”.
El párrafo previo es parte de una desgarradora carta pública de Gilda Santarsiero, de la CNEA, en la que da a conocer un drama que lamentablemente no es único: como les debe ocurrir a muchos otros, despidió a su mamá, Norma de Piro, de 82 años, en un sistema de salud colapsado y con recursos insuficientes.
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PAMI, la obra social de los jubilados, atraviesa la crisis más profunda de los últimos años. A la protesta de clínicas, sanatorios y centros de diálisis por aranceles congelados y pagos atrasados, se suman escándalos de corrupción, acefalía en la conducción del organismo, conflictos y una denuncia internacional que describe un peligroso retroceso en el derecho a la salud de los adultos mayores (además de otros colectivos vulnerables).
Las principales cámaras que agrupan a clínicas y sanatorios privados (Adecra, Acami, Capress, Confeclisa, Fecliba y Salud Federal) advirtieron en una carta enviada el 20 de agosto que el deterioro del financiamiento compromete la garantía de atención integral que la Ley 19.032 le exige al PAMI desde 1971. Estas entidades representan el 56% de las camas de internación del país.
Según los prestadores, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación general acumuló un 241%, mientras que la cápita que paga el PAMI solo subió un 110,55%: una brecha negativa del 131,96%. En el mismo lapso, las cuotas de la medicina prepaga fueron autorizadas a subir un 268,51%.
El reclamo no es nuevo, pero se agrava mes a mes. Reportes de junio ya hablaban de un atraso arancelario superior al 100%, mientras que el organismo ofrecía subas de apenas 1,9% para Indec. Ese desfase llevó a que clínicas y sanatorios de la Patagonia resolvieran, a fines de agosto, suspender totalmente por 24 horas la atención a afiliados del PAMI, tras haber cortado antes la atención de guardia. Calculan un retraso de aranceles del 75% frente a una inflación acumulada que ya superó el 300% desde el inicio de la actual gestión.
Por primera vez, este lunes 24 de agosto hay una suspensión total de la atención a afiliados de PAMI por parte de clínicas y sanatorios de cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut. El Ministerio de Salud de Neuquén confirma que los ceses de actividades vienen siendo frecuentes porque PAMI no paga y esto repercute en el sistema público de esa jurisdicción que se ve obligado a absorber la demanda de los 70.000 afiliados que tiene la obra social en la provincia. “Hasta una de cada 5 camas (según el efector) que se internan en la salud pública corresponden a cápitas de PAMI”, detallan.
Esto genera problemas estructurales: prestadores que rechazan internaciones complejas o en horarios críticos, saturación y falta de disponibilidad real de camas en la red privada, y derivación sistemática al sector público de cuadros clínicos que deberían resolverse en establecimientos contratados por PAMI. El Ministerio de Salud provincial termina financiando con recursos propios internaciones que ya están pagas a través del sistema de cápita de PAMI. Y esta sobredemanda no solo satura la atención médica y las guardias, sino que tensiona la entrega de medicamentos e insumos críticos (como cobertura de fármacos que los jubilados ya no pueden abonar por sus medios).
De hecho, la provincia inició formalmente un juicio de apremio contra el PAMI por más de 1.500 millones de pesos (entre capital e intereses) debido a más de 700 expedientes acumulados por prestaciones médicas impagas a los hospitales públicos provinciales. El reclamo fue notificado formalmente al organismo el 14 de noviembre de 2025 y el certificado de deuda tiene carácter de título ejecutivo, lo que permite a la provincia iniciar acciones judiciales directas para recuperar los fondos adeudados sin necesidad de un juicio ordinario previo, informan.
En la Provincia de Buenos Aires, la dirección del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar Alende", de Mar del Plata, hizo saber que el conflicto entre el PAMI y prestadores privados de la ciudad (en particular la Clínica Mar del Plata, que cerró, además de otras dos que están ofreciendo el 50% de atención) derivó en un salto en la demanda de guardia: solo en un día ingresaron cerca de 25 pacientes con criterio de internación adicionales a lo que el hospital viene sosteniendo desde 2024. Desde la dirección subrayaron que el hospital público no puede convertirse en la variable de ajuste frente al retroceso del sistema privado o de la obra social nacional.
Ante la consulta de El Destape, fuentes del PAMI informaron que fueron notificados del paro parcial en clínicas de la Patagonia por un pedido de aumento de los valores del nomenclador que abona el Instituto en la actualidad. “Desde el Instituto se otorgaron aumentos en estos meses en sintonía con el esfuerzo que se hace particularmente en la Patagonia, para sostener el nomenclador diferencial que históricamente se reconoce a la región –afirman–. PAMI entiende las demandas de los prestadores, pero cualquier aumento que se lleve adelante debe hacerse de forma responsable, contar con financiamiento y tener sustento económico que permita sostenerlo en el tiempo. En este sentido PAMI trabaja día a día para garantizar el orden y la continuidad de las prestaciones para sus afiliados, y para eso es fundamental administrar los recursos de manera responsable y organizada como viene haciendo esta gestión”.
Pero el impacto no se limita a clínicas y sanatorios. Los centros de diálisis del país, más de 200 entidades que atienden a unos 4.700 afiliados, denunciaron que el módulo que paga el PAMI por cada sesión no solo no se actualizó en un año y medio, sino que sufrió una reducción del 8%. Con una inflación de 33,1% en 2025 y 19,3% en lo que va de 2026, los nefrólogos reclaman una recomposición del 50% para poder sostener los tratamientos, mientras los centros del interior deben además afrontar traslados, cirugías vasculares previas y alimentación de los pacientes sin que esos rubros se actualicen al mismo ritmo.
Denuncia internacional
Mientras los prestadores reclaman por aranceles, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil —ACIJ, CELS, Fundación Soberanía Sanitaria, Fundación GEP, Fundación Huésped y REDI— presentó el 14 de agosto un documento de seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ampliación de la audiencia del 3 de agosto sobre retrocesos en el derecho a la salud en Argentina. El escrito describe un proceso sostenido de desmantelamiento de coberturas que, sostienen, viola el principio de no regresividad consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana.
El PAMI, que cubre a 5.562.061 afiliados, el 12% de la población y el 60% de los adultos mayores del país, es uno de los ejes centrales de la presentación. Hasta 2024 el programa Vivir Mejor garantizaba cobertura del 100% y acceso automático a un vademécum de medicamentos esenciales. Ese esquema fue desarmado en etapas: primero con un programa de cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual, luego con el retiro de 55 de las 167 moléculas del vademécum y finalmente, desde diciembre de 2024, con resoluciones que llevaron la cobertura de patologías crónicas y agudas a un rango de entre 50% y 80%. El propio informe del jefe de Gabinete ante el Congreso reconoció que 2,2 millones de afiliados quedaron fuera de la cobertura total, aunque discrepa con organizaciones de jubilados sobre cuánto pesa ese gasto en sus ingresos. El gobierno sostiene que para el 66,4%, el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. La Defensoría de la Tercera Edad estima, en cambio, que ese gasto equivale al 27,5% de la canasta de una persona jubilada, unos 500.000 pesos mensuales: más que la jubilación mínima con bono incluido. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 el gasto de bolsillo en medicamentos de las personas jubiladas aumentó 382% y las dispensas cayeron 26%.
Esta política fue objeto de sucesivas medidas judiciales que el organismo no acató, subrayan: una cautelar de diciembre de 2024 que ordenó restituir la cobertura plena fue confirmada y extendida a todo el país, pero en mayo de 2026 una cámara la dejó sin efecto tras un acuerdo parcial, sin que el programa Vivir Mejor fuera restablecido.
El documento describe además un recorte drástico en el Programa Remediar, que en la Provincia de Buenos Aires pasó de 82 millones de unidades distribuidas en 2023, a 43.597.269 en 2025 y a apenas 8,6 millones en lo que va de 2026, con caídas de hasta el 99,9% en antihipertensivos esenciales como el losartán: pasaron de 20.140.420 unidades entregadas en 2023 a 2.683.556 en 2026. En la Argentina, se calcula que el 36,3% de los adultos, entre 12 y 15 millones de personas, son hipertensas y solo una de cada cuatro está adecuadamente controlada.
También revela que de los 8.100 centros que reciben botiquines de Remediar, solo 800 continuarán recibiéndolos hasta septiembre. Más de 7.000 centros quedan excluidos incluso de la cobertura de transición, sin que se haya comunicado formalmente el criterio de selección de los centros incluidos, y que entre los medicamentos que dejaron de llegar a los CAPS se encuentran aquellos que son esenciales para el tratamiento de infecciones respiratorias (como amoxicilina-clavulánico y claritromicina) y enfermedades crónicas (tales como levotiroxina para hipotiroidismo). Y denuncia un desfinanciamiento de más del 97% desde 2023 en las políticas de salud mental, en un contexto de aumento histórico de los suicidios en el país. A esto se suman la parálisis en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
En paralelo, el organismo avanzó con un programa de retiros voluntarios y una reducción de estructuras gerenciales que abona la incertidumbre.
Y como si todo esto fuera poco, tampoco en este ámbito faltan los escándalos por corrupción. Según publicó Pablo Dipierri en La Política online, Ivanna Arrascaeta, una senadora libertaria, amenazó con romper el bloque si avanzaban contra los negocios de su marido, denunciado por la encargada del PAMI San Luis por sobrefacturar en cientos de millones de pesos los servicios de la Clínica Aconcagua y de un centro de rehabilitación en manos del cuñado, Mauricio Negri.