¡Basta de demoler!

Hace tiempo que la Ciudad de Buenos Aires viene habilitando las demoliciones de edificios de relevante valor arquitectónico, urbanístico e histórico. Esto sucede frente a nuestros ojos y en todos los barrios porteños. En su lugar, se suelen construir edificios en altura, en general con departamentos de uno o dos ambientes, cuyos valores se tornan inaccesibles para la mayoría de la población. Muchas veces, estos desarrollos inmobiliarios se comercializan por valores que alcanzan los 3000 dólares por metro cuadrado. Por este motivo, la destrucción el patrimonio arquitectónico no parece ayudar a solucionar el déficit habitacional.

La Ciudad conserva aproximadamente la misma cantidad de habitantes hace décadas. Sin embargo, el déficit habitacional se ha profundizado: hay cerca de 113 mil viviendas vacías y un creciente número de inquilinxs. También aumentan de forma sostenida la cantidad de personas viviendo en villas y en situación de calle.

Antecedentes

En noviembre de 2007 fue sancionada la Ley 2.548, de Promoción Especial de Protección Patrimonial, que estableció la emergencia patrimonial. Esta norma intentó funcionar a modo de “alarma” ante la falta de protección de los edificios porteños con valor histórico o urbanístico. Esta primera Ley se sancionó sólo en relación a una zona de la Ciudad.

Luego, en 2009, se promulgó la Ley 3.056, que amplió la protección patrimonial a toda la Ciudad y estableció un procedimiento que obliga a que, antes de poder demoler o modificar una propiedad construida con anterioridad al 31 de diciembre de 1941, se estudie si tiene valor patrimonial. El organismo encargado de determinar el valor de los edificios de la ciudad es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), conformado por miembros del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo de la ciudad —que cuenta con una amplia mayoría afín al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta— y por instituciones vinculadas a la disciplina arquitectónica, urbanística y patrimonial.

Sin embargo, desde la ONG Basta de Demoler denuncian que la “falta de transparencia y objetividad” en el criterio de los profesionales a cargo desprotege sistemáticamente una gran cantidad de inmuebles. “Solo seleccionaron alrededor de 18.500 edificios para su protección de una base de 150.000 lotes. Sólo el 12 %. Lamentablemente, el resto podrá ser demolido, que es todo lo que estamos viendo ahora en la calle”, señala Mauro Sbartati, referente de la
ONG.

En igual sentido, la legisladora del Frente de Todos Maru Bielli asegura que “sólo hace falta caminar por distintas calles de la Ciudad, sin diferenciación de barrio, para notar como día a día se demuelen edificios de alto valor patrimonial para dar lugar a grandes desarrollos inmobiliarios”.

Modificación del Código Urbanístico

En 2018 se votó la modificación del Código Urbanístico que, entre otras cosas, flexibilizó la protección de los inmuebles patrimoniales a los que no se les puede modificar la fachada. Anteriormente no se podían realizar ampliaciones que se vieran desde la vía publica. Ahora, se pueden construir torres “encima” de esos edificios. El legislador por el Frente de Todos Matías Barroetaveña advierte que el año pasado volvieron a modificar cerca de un tercio del Código Urbanístico, habilitando que se construyan edificios con mayor altura y cantidad de metros cuadrados en las parcelas de la Ciudad. A esto, se sumó la modificación al Código de Edificación en julio de este año.

“Entre otras cosas, esto provocó un cambio importante en las esquinas, donde se produjeron muchas demoliciones. En esas parcelas, antes no se podía construir en altura, para permitir el asolamiento, la circulación de los vientos y otros objetivos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Ahora esto está habilitado y por eso estamos viendo la demolición de casonas arquetípicas en muchos barrios de la Ciudad”, explicó el legislador en diálogo con El Destape.

A su vez, el año pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dejó, por primera vez, a la oposición totalmente afuera del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), responsable de estudiar y autorizar, junto a la Dirección de Interpretación Urbanística, los proyectos inmobiliarios en la ciudad.
Para colmo, según sostiene el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, el Poder Ejecutivo de la ciudad realiza interpretaciones del Código que son prácticamente excepciones a la planificación, lo cual está por fuera de sus facultades. “Se van autorizando obras que duplican o triplican la altura en áreas de protección histórica, esto genera una afectación a esa intangibilidad cultural que debería protegerse”, agrega.

Para Barroataveña, “el único objetivo es lograr la valorización del metro cuadrado y hacerlo crecer en dólares. Por eso se construye, más allá de que la cantidad de habitantes sea aproximadamente la misma desde hace décadas y el déficit habitacional se haya duplicado”. En paralelo, aumentan de forma sostenida la cantidad de inquilinxs, la población de las villas y las personas en situación de calle. Hoy es prácticamente imposible poder cumplir con el derecho a la vivienda porque la otra cara de este deterioro de la calidad de vida en la Ciudad es la dificultad y el aumento del costo para comprar o alquilar.

Por su parte, el ex decano de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, Jaime Sorín, considera que muchos de los departamentos construidos permanecen vacíos, como es el caso de Puerto Madero, que está ocupado solo en un 30%. “Lo mismo sucederá en Puerto Madero Norte y es lo que puede llegar ocurrir en  la ex Ciudad Deportiva en Costanera Sur”, alerta.

Por otra parte, Baldiviezo señala que también se está autorizando la construcción de torres en zonas aledañas a edificios protegidos. Por ejemplo, se construyeron torres de  27 pisos alrededor del Palacio Roccatagliata, en el barrio de Coghlan. Algo similar se pretende realizar alrededor de la Iglesia Catalina, un monumento histórico nacional construido en 1740, ubicado en el barrio de San Nicolás. “Cuando uno protege un edificio también debe proteger el paisaje generado por ese edificio”, sintetiza. 

¿Cuánto se está demoliendo?

Es muy difícil saber la cantidad de edificios que se están demoliendo. Ni siquiera el Estado sabe, el descontrol es muy grande.”, advierte Sbartati. El ex decano de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, Jaime Sorín, cuenta que durante la gestión de Mauricio Macri se destruyeron cerca de 2 mil edificios patrimoniales y mil durante el primer gobierno de Larreta. Después se perdió la cuenta.

Impacto Ambiental

El patrimonio arquitectónico es un recurso socioambiental que hace que la ciudad sea un lugar más amable y que invite a transitarla. Bielli asegura: “En tiempos en donde las grandes ciudades del mundo piensan su crecimiento a través de planeamientos urbanísticos con una fuerte tendencia a la protección del ambiente y a la puesta en valor de edificios de valor patrimonial, el GCBA no hace más que propiciar la demolición de edificios tradicionales en pos de
nuevas construcciones que atentan contra el ambiente, la morfología y la historia de la ciudad, con el único propósito de maximizar la rentabilidad de desarrollos inmobiliarios. De este modo la ciudad se vuelve más difícil de transitar, más ajena a losvecinos, y más expulsiva, porque se generan viviendas de alto nivel inaccesibles para el corriente de los vecinos”.

La falta de políticas de vivienda

Sorín critica la falta de políticas de vivienda y considera que lo que existe hoy es una política de inversión en vivienda, que es algo distinto. “Lo que está pasando en CABA es que tiene el 40% de su población alquilando y 150 o 180 mil departamentos de uno y dos ambientes vacíos. Las familias no tienen alternativa. El gobierno de la ciudad no tiene ninguna política de vivienda salvo autorizar la demolición y construcción de estos tipos de vivienda que hay ahora. Es lo que pasa cuando se construye solamente pensando en la reserva de valor. El Estado se retira y deja que el mercado maneje a su criterio el tema de la vivienda. Y el mercado nunca resolvió el problema de la vivienda, al contrario, cada vez va a ser peor.