Luego de la corrida cambiaria y la segunda devaluación más importante del peso después del 2002, desde el Gobierno indicaron que se llevará adelante un plan de déficit cero. Eso permitiría mejorar la confianza en el país. Sin embargo, esa es una meta que resuena en la historia Argentina. ¿En qué otros momentos se tuvo esa consigna como política económica? ¿Cuales son las consecuencias?

La situación actual dista mucho de ser la misma que durante el 2001. No son ni las mismas condiciones macroeconómicas, ni las mismas condiciones políticas y menos aún, sociales. Sin embargo, el 11 de julio de 2001 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció la promulgación de una ley conocido como “Ley de Déficit Cero”, que se proponía llevar adelante un drástico programa de reducción de gastos.

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¿En que se basó esa reducción de gastos? En nuevos despidos en la administración pública, reducción de salarios estatales, jubilaciones y pensiones y recortes más profundos en el gasto en los servicios públicos. “El propio presidente justificó la decisión con un nuevo argumento: Ya no hay más recursos ni margen de acción. Los mercados han decidido desahuciar a la administración pública nacional. Con eso datos, el Ejecutivo armó un discurso más cercano a la extorsión que a la búsqueda de consentimientos”, señalaron Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani en Los años de la Alianza.

Tapa Clarín 2001

Durante la conferencia de prensa de la semana anterior, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que en el “afán de balancear todo a la vez dejamos en descubierto el flujo fiscal, mientras otros países ya han saneado sus balances” ¿De que flujo fiscal habló? ¿Qué pasa con la deuda?

La situación fiscal de un país se mide comparando sus ingresos con sus gastos. Cuando hay más gastos que ingresos se habla de déficit. Pese a que desde el Gobierno solo se habla de un solo déficit fiscal existen dos formas de medirlo: a través del resultado financiero, que tiene en cuenta el pago de intereses de deuda, o del resultado primario. Cambiemos solo toma este último.

Sucede, tal como señaló Ecolatina, que durante 2017 se logró sobrecumplir por 0,3 la meta fiscal respecto del déficit primario que se había propuesto a principio de año pero el rojo financiero trepó a 6,1% del PBI. Para simplificarlo, bajo el rojo del déficit fiscal primario pero subió el del pago de intereses de deuda. Si bien la economía de un país está lejos de ser como la economía de una casa se podría parafrasear al Ejecutivo y señalar que se está gastando menos en comida, educación y actividades recreativas pero pagando más intereses de la tarjeta de crédito.

Durante el 2001 la Ley de Déficit Cero, con una visión monetarista de la crisis, proponía que los sectores sociales más vulnerables carguen en sus espaldas el costo de continuar con ese modelo de acumulación y además continuaba con un círculo vicioso en el cual la reducción del gasto estatal producía achicamiento del mercado interno y agravaba la recesión económica. Además la caída de la actividad económica generaba una reducción de la recaudación fiscal y por esta vía se ampliaba el déficit. El problema central en esto es que en esas circunstancia no existe otra alternativa que la toma de deuda pero que, por su propia lógica de funcionamiento, tiene sus límites. “Si no se logra interrumpir la reproducción del círculo vicioso que alimenta el endeudamiento, aumentando la generación de recursos genuinos para destinarlos al pago de las obligaciones existentes,el endeudamiento agravado puede finalizar con la declaración de la cesación de pagos”, explicó Pucciarelli.

De esta manera, como en otros momentos de la historia del país, sostener que a través de la reducción del déficit primario pero aumentando el rojo en deudas, la economía tiene un límite claro y ya conocido. En el camino, aumenta del desempleo, la pobreza y la degradación social.