El aumento en la Tarjeta Alimentar garantiza la canasta básica a 2,3 millones de niños

El gobierno oficializó un aumento del 50 por ciento desde febrero y destinará $10.604 millones mensuales. Ante el aumento en el costo de los alimentos, buscan cubrir la canasta de 2.257.390 niños y niñas para que no caigan en la indigencia.

05 de febrero, 2021 | 21.18

El gobierno nacional anunció que desde febrero aumentará en un 50 por ciento el monto mensual que reciben las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar. De esta manera se garantizará la canasta básica alimentaria para 2.257.390 niños y niñas de hasta 6 años de edad, o unos 467.550 hogares conformados por dos personas adultas y dos menores, que no estarán bajo la línea de fondo que los lleva a la indigencia.

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Así lo indica un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) con datos oficiales del INDEC que midió el costo de la canasta de alimentos en $7.340 en diciembre de 2020.

Las madres con un hijo menor a 6 años percibirán 6000 pesos; y a las madres con dos o hijos o más se les comenzará a acreditar 9000 pesos por mes. El informe destaca también que la Tarjeta Alimentar forma parte de los nuevos programas que contemplan la desigualdad de género ya que ​el 94,2% de las beneficiarias son mujeres. El 74,53% de las tarjetas otorgadas son por montos mensuales de $6.000 y el 25,47% son por montos de $9.000.

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La tarjeta se complementa con otras asistencias sociales del Estado. Está dirigida a personas con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

El programa, con los aumentos oficializados este jueves en el Boletín Oficial, ​implicará una transferencia mensual de $10.604 millones por lo que el monto presupuestado para este año, por $90.000 millones, “puede estar por debajo de las necesidades durante este año”, advierte el informe del CESO, ya que la cifra total implicaría $127.248 millones anuales.

Eso significaría que el gobierno de Alberto Fernández no hará un ajuste en el dinero total que destina a una de las principales herramientas, lanzadas al comienzo de la gestión en 2019, del Plan Argentina Contra el Hambre. Esa había sido una de las principales críticas al Presupuesto 2021, aprobado por el Congreso, que establecía un recorte del 36 por ciento para la Tarjeta Alimentar, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El informe del CESO indica que el impacto del programa es “significativo” al considerar los últimos datos de indigencia relevados por el INDEC, que muestran una incidencia del 15,6% en personas de 0 a 14 años, es decir, 1.585.645 jóvenes.

El aumento se da en medio de una aceleración en el precio de los alimentos. En los últimos doce meses, la canasta registró un incremento del 42,1%, por lo que el monto del programa se había visto reducido en términos reales. Ante ese panorama, el gobierno decidió duplicar por única vez el beneficio de la Tarjeta Alimentar en diciembre.

“Desde abril de 2018 es una fuente de particular preocupación por mostrar un incremento superior al promedio general de precios de la economía”, destaca el análisis del centro de estudios, con el impacto simultáneo de la destrucción de empleo “producto de la crisis iniciada hace casi 3 años” y la pandemia que agravó la situación.

El ministro Daniel Arroyo explicó que el objetivo de la medida es “sostener el poder de compra de las familias y avanzar con un esquema de buena nutrición”. Con respecto a la situación alimentaria en los sectores sociales más vulnerables, Arroyo señaló que, en el mes de julio del año pasado, el consumo de leche, carne, frutas y verduras bajó cerca del 40 por ciento, pero que “con los refuerzos percibidos en diciembre logramos subir el consumo de alimentos frescos al 55 por ciento”.

En cuanto a la distribución territorial, el CESO indica que el gasto ​se concentra en las provincias del NEA y NOA dado que concentran el 16,87% y 11,88% de los fondos del programa mientras que en términos de población representan el 13,68% y 10,15%, respectivamente. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y CABA representan el 63,68% de la población y contienen el 58,9% de las transferencias.

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