El juez federal Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes que impuso Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuando fue designada como ministra de Seguridad, cargo que dejó semanas atrás para asumir su banca en el Senado. Bajo el supuesto amparo del protocolo, las fuerzas de seguridad reprimieron múltiples protestas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.
Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la "nulidad absoluta e inconstitucionalidad" de la Resolución 943/23.
El magistrado determinó que el Ministerio de Seguridad "carece de competencia" para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.
Uno de los puntos centrales del fallo es que el protocolo vulneraba la división de poderes. La resolución anulada habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial previa, bajo la figura de "flagrancia", interpretando que el mero hecho de cortar una calle era un delito penal que habilitaba la represión inmediata. Cormick desarticuló este argumento y advirtió sobre la vaguedad de los términos utilizados en el texto de Bullrich, como "afectar la circulación", que otorgaron una discrecionalidad excesiva y peligrosa a la policía. Para el juez, la norma viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales, como la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a peticionar a las autoridades.
El festejo de ATE tras el fallo
Un rato después de difundido el fallo, comenzaron a llegar los festejos de quienes fueron reprimidos alguna vez por las fuerzas amparadas en el protocolo. "Un fallo que debió haber llegado antes", comenzó el mensaje que publicó en X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. "Siempre tuvimos razón: son los vestidos de azul, la Policía, los que tienen que caminar por la veredita. Una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla. Los ministerios no pueden legislar", siguió.
"Es un gran avance contra la represión. Comienzan restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno", consideró Aguiar, quien concluyó: "Tal vez si se hubieran animado antes, cuando Patricia Bullrich aún estaba al frente de la cartera de Seguridad, se hubieran evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones. Ya era hora de que ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado. Seguimos defendiendo el derecho de peticionar libremente a las autoridades. Nunca lo cumplimos, nunca le hicimos caso, nunca obedecimos a Bullrich".
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