29 de julio, 2020 | 11.11

La Corte Suprema, en pie de guerra por la reforma judicial que impulsa el Gobierno

Rosenkrantz decidió pegar el faltazo en el acto de Alberto Fernández. Algunos proponen ampliar el máximo tribunal a 9 miembros. 

La Corte Suprema se prepara para darle la espalda a la reforma judicial que presentará esta tarde Alberto Fernández en la Casa Rosada y que contempla la posibilidad de introducir cambios en la conformación del máximo tribunal. El presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, ya le anticipó al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, que estará ausente.

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Todos los supremos recibieron un llamado de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para invitarlos a la presentación. El tono es bueno, pero en su gran mayoría declinaron la invitación. Hay dos, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que están en Santa Fe, comentaron fuentes del máximo tribunal. Juan Carlos Maqueda está en Buenos Aires, pero tampoco será de la partida.

Hasta ahora no está confirmado si Elena Highton de Nolasco, la vicepresidenta del máximo tribunal, estará presente o no. Ella tiene una histórica relación con el presidente y con la ministra de Justicia, a quien presentó como “su polla” durante la cena de la Asociación de Magistrados del año pasado. Highton también estuvo presente en la jura de los funcionarios de Justicia hace unos meses.

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En algunas vocalías hablan de un acuerdo general para pegar el faltazo. En otras, lo desmienten. “Acá las internas siguen”, remarcan, dando entender que los consensos siguen siendo un bien de difícil acceso entre los cinco integrantes de la Corte.

Lo que es claro es que empezó a tensarse la situación entre los supremos y el gobierno. En el cuarto piso del Palacio afirman desconocer los pormenores de la reforma y ya trascendió que estaban disconformes con la integración del consejo de once juristas que analizarán el futuro de la Corte, del Consejo de la Magistratura, así como la implementación de los juicios por jurados y del sistema acusatorio – que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales.

La reforma inevitablemente tendrá como uno de sus núcleos la licuación del poder de los tribunales de Comodoro Py, símbolo de la persecución y de las arbitrariedades procesales durante los últimos años. En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y con sede en Retiro, no habían recibido invitación para ir a Casa Rosada esta tarde, dijeron.

Fernández se había manifestado contrario a la ampliación de la Corte, pero dijo que quería escuchar a los expertos que integrarán la comisión de notables. Hasta ahora, todos los convocados que hablaron públicamente resaltaron que la Corte necesita cambios, más allá de la discusión sobre la cantidad de sus miembros. El excamarista federal León Carlos Arslanian elogió hoy en una entrevista con Página/12 a los integrantes del máximo tribunal, pero sostuvo que había que aggionar la Corte.  El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo, por su parte, que la Corte debería tener límites temporales para resolver las causas que llegan a sus manos.

Los otros actores relevantes

La reforma inevitablemente tendrá como uno de sus núcleos la licuación del poder de los tribunales de Comodoro Py, símbolo de la persecución y de las arbitrariedades procesales durante los últimos años. En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y con sede en Retiro, no habían recibido invitación para ir a Casa Rosada esta tarde, dijeron.

El procurador interino Eduardo Casal tampoco atendió llamado alguno convocándolo a la presentación, comentaron desde su entorno. Casal ocupa el edificio de la calle Perón desde fines de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Su actuación fue especialmente criticada por proteger a Carlos Stornelli, quien estuvo ocho meses en rebeldía, ya que se negaba a presentarse ante el juez federal Alejo Ramos Padilla que lo investiga por ser parte de una trama de espionaje durante el macrismo. Casal acumula 15 pedidos de juicio político, que serán analizados por la Bicameral del Ministerio Público que se reúne el próximo lunes. El presidente nominó al juez federal Daniel Rafecas como jefe de los fiscales antes de que se declarara la pandemia, pero nunca se llegó a celebrar la audiencia en el Senado para defender su postulación.

La reforma de la justicia del gobierno va en paralelo con la reforma de los servicios de inteligencia. Desde diciembre, Cristina Caamaño encabeza la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Caamaño, cuyo pliego para quedarse en la Agencia fue enviado al Congreso, trabaja en una modificación de la ley de inteligencia junto con una comisión. Una de las primeras medidas ordenadas por la interventora fue la prohibición de que los espías participen en investigaciones judiciales.

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