Las redes sociales suelen funcionar como plataforma para promocionar emprendimientos. Pero así como existen cuentas que dan a conocer un negocio de pastelería, tejidos o hamburguesas, también empezaron a proliferar perfiles dedicados a los préstamos personales: recomendaciones para convertirse en prestamista, riesgos a tener en cuenta, posibles soluciones y las tasas de interés más rentables para que el negocio sobreviva. Un drama que escapa a las cifras oficiales que el Gobierno niega: transacciones extremadamente informales, en plena calle, sin ningún tipo de respaldo legal y con consecuencias peligrosas. Es por eso que, en las últimas horas, se presentó un proyecto de ley para abordar esta problemática creciente.
Hace un par de semanas, en El Destape Radio se exhibió el escenario que excede a los registros del sistema bancario y no bancario. Videos en TikTok e Instagram muestran a prestamistas cerrando acuerdos en barrios del conurbano bonaerense con intereses que rondan el 100% mensual. Hay perfiles que entregan dinero por mes, otros por semana y algunos incluso por día. Cifras que no suelen ser elevadas —en muchos casos no superan los $10.000—, marcadas por la pura supervivencia.
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Los usuarios se autoperciben como emprendedores. Describen el préstamo personal como un trabajo agotador en términos psicológicos y físicos que les demanda un orden mínimo, normalmente limitado a anotaciones en un cuadernillo. Una ocupación que, según recomiendan en sus propias plataformas, demanda ciertos recaudos: exigir recibo de sueldo y trabajar solo con el titular; no prestarle a amigos o familiares; no cerrar acuerdos con titulares de la Asignación Universal por Hijo por tratarse de un ingreso menor; requerir una garantía; o financiar solo emprendimientos para garantizarse el repago. Todo registrado y promocionado en las redes para que el negocio crezca. De hecho, en el barrio los reconocen por los posteos, como si fueran influencers.
En las publicaciones se suele armar una suerte de brainstorming en el que distintos prestamistas debaten sobre la mejor tasa a cobrar o aconsejan qué capital inicial se requiere para empezar el negocio. Posteos que no ocultan el lado B de este universo no registrado: no solo exhiben tasas imposibles, sino que dejan a la vista amenazas —que van desde llevarse a sus hijos en concepto de pago o aprietes domiciliarios grabados en cámara—. Pero en esas mismas publicaciones también se acumulan cientos de comentarios de personas desesperadas por conseguir financiamiento, ya sea por carecer de recibo de sueldo o por figurar en el veraz.
Frente a este problema creciente, el diputado de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina, presentó junto a colegas del bloque un proyecto de ley que propone tipificar como delito la explotación crediticia informal en sectores vulnerables, buscando penalizar lo que se identifica como una usura territorial que supera la figura penal clásica.
La iniciativa castiga con prisión de dos a seis años a quien otorgue préstamos habituales fuera del sistema financiero regulado aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica de los deudores e imponiendo condiciones desproporcionadas. Las penas suben de tres a ocho años cuando existen amenazas, coacciones, cobro mediante apropiación de bienes o cuando el prestamista ejerce un rol de ascendencia comunitaria que genera temor en la víctima. Para definir la desproporción manifiesta, el texto fija un criterio objetivo: la considera como tal si la tasa aplicada supera en más de tres veces la tasa activa promedio del Banco Central (BCRA) para créditos personales no bancarios.
En los fundamentos, el proyecto hace foco en la dimensión territorial del fenómeno y en el peso de los prestamistas en los barrios: personas que conocen a sus deudores, sus trabajos y sus familias, y que muchas veces aparecen como la única solución disponible. Una situación que genera una ambigüedad en la que conviven la asistencia y la gratitud con el temor limitando las opciones del deudor.
En ese contexto, la iniciativa busca distinguir entre la solidaridad y el uso de la ascendencia comunitaria como mecanismo de sometimiento económico. El texto comprende que el préstamo a personas sin garantías representa un riesgo de incobrabilidad superior al del sistema formal, pero sostiene que esto “no puede convertirse en una habilitación para imponer obligaciones capaces de multiplicar varias veces el capital entregado, ni mucho menos justificar amenazas, hostigamientos, presiones sobre familiares o mecanismos destinados a obtener bienes del deudor mediante el aprovechamiento de su situación de necesidad”.
Además, el proyecto establece el despliegue de políticas de inclusión financiera destinadas prioritariamente a personas que, por razones de informalidad laboral, insuficiencia de garantías, ausencia de historial crediticio u otras condiciones socioeconómicas, encuentren limitado su acceso al sistema formal de crédito. En especial teniendo en cuenta que, frente a una creciente informalización de la economía, “no se parte de la premisa de que el sistema financiero formal carezca de funcionamiento” complicando aún más la situación de los sectores más vulnerables, pero sí “sancionar la explotación y reducir las condiciones que hacen posible esa explotación”.