Asonada policial: La pista PRO y el peligro de Claver Carone

Los vínculos del exjefe de la bonaerense Fabian Perroni con las protestas de esta semana. El triunfo de Trump en el BID es una amenaza para la democracia argentina.

12 de septiembre, 2020 | 19.00

El fin de semana pasado, en vísperas de la asonada policial que tuvo en vilo al país durante varios días, el jefe del bloque de diputados del PRO y exsecretario de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, estuvo reunido con el exjefe de la Policía Bonaerense, Fernando Perroni. No fue un encuentro excepcional. El vínculo excede el período que trabajaron juntos al frente de la fuerza, por razones personales, profesionales y políticas; el policía retirado es amigo, es asesor y comparte con el legislador su militancia en el PRO, que quedó plasmada en los timbreos que hicieron juntos durante la campaña electoral de 2017. La noticia de esa reunión corrió por los grupos de whatsapp que conformaron la red neurálgica del motín, cuyo componente político fue tan gravitante como el reclamo por mejores condiciones de trabajo.

Néstor y Bush: la historia

Va de suyo que Perroni y Ritondo hablaron sobre el incidente que estaba gestándose. A esa altura de las cosas, los planes para la protesta, que se arengaban a cielo abierto en las redes sociales, eran vox pópuli en los círculos dirigenciales de la oposición tanto como en el gobierno. La diferencia fue que, mientras que una de las partes subestimó el conflicto hasta que fue demasiado tarde, la otra estuvo desde un primer momento atenta a lo que estaba sucediendo, para sacarle provecho. Da cuenta de eso el relato que hizo la exfuncionaria del ministerio de Seguridad de la Nación, Florencia Arietto, en un programa de televisión, el domingo por la noche. Su jefa política, entonces y ahora, Patricia Bullrich, también estuvo activa, siguiendo los pormenores desde su aislamiento en una institución médica por cursar un caso fuerte de Covid-19.

Un poco de historia: Perroni desarrolló su actividad principalmente en la zona sur del conurbano bonaerense. Fue comisario y jefe de distrito en Lomas de Zamora y luego estuvo a cargo de la departamental de Almirante Brown, el lugar donde comenzaron los disturbios el lunes pasado por la tarde. Durante su paso por Brown trabajó junto otros oficiales que fueron conformando su círculo de mayor confianza e hicieron carrera bajo su sombra, llegando a ocupar cargos de altísima importancia a partir de mayo de 2017, cuando “el Perro” fue designado jefe de la Policía Bonaerense por Ritondo y María Eugenia Vidal. Algunos se retiraron junto a él, pero otros siguen en actividad. Sus nombres se repiten, en el rol de instigadores, en el relato subterráneo de las protestas que comenzaron a reconstruir esta semana las autoridades civiles.

Entre los policías y expolicías apuntados aparecen el retirado superintendente de la Regional AMBA Sur, Nicolás Ordaz (que acompaña a Perroni desde Lomas de Zamora); y los actuales superintendentes de la Regional Centro, Alejandro Rey (fue secretario privado de Perroni y luego, tras un ascenso meteórico que no cumplió los requisitos establecidos por la ley, Secretario General de la fuerza), y de Seguridad Rural, Fernando Arrubia (que también fue jefe de la departamental de Brown y ventiló públicamente su deseo de ser jefe de la Bonaerense). Sacando lo que sucedió en La Plata, sede de la gobernación, y en Puente 12, donde están las oficinas del ministerio de Seguridad, el mapa geográfico de las protestas más numerosas y mejor organizadas coincide con el de la zona de influencia del exjefe policial y su entorno.

La trama de las protestas

Sería un error grave atribuir la sublevación policial a una conspiración desestabilizadora. Existe un malestar preexistente por las condiciones de trabajo, objetivamente pésimas; por los salarios paupérrimos; por el abandono sanitario en un contexto de altísimo riesgo que ya causó más de siete mil casos de coronavirus; por tener que convivir en el territorio con agentes de otras fuerzas mejor pertrechados y mejor pagos. También hubo una falla en la conducción política: Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, hiperactivo y en campaña permanente con su estilo marcial y verborrágico, nunca supo ganarse el respeto de los agentes de calle, jóvenes de la generación de las redes sociales, que ingresaron de decenas de miles a las policías locales durante el segundo mandato de Daniel Scioli y que fueron los protagonistas de las protestas.

Policías locales y comandos de patrulla: los dos sectores donde prendió el reclamo son los que tienen personal más joven y numeroso y donde existe un mayor déficit en la pirámide de conducción. El vacío de autoridad potenció el ascendente que conservan en esa línea Perroni y su entorno. Las redes sociales funcionaron como caldo de cultivo del malestar y los grupos de whatsapp fueron un instrumento clave para multiplicar el reclamo. Desde La Plata destacan que ni los comisarios generales ni los jefes de estación de policía se plegaron a la protesta, lo que permitió mantener el control de la calle durante esos largos días y noches de incertidumbre. También permanecieron en todo momento bajo la conducción de Berni los cuerpos de Infantería, Caballería y la Unidad Táctica de Operaciones, que impidieron la toma del Comando de Coordinación de Puente 12 en la primera jornada de protestas.

El gobernador Axel Kicillof ratificó su confianza en el ministro de Seguridad. Será una tarea más trabajosa para Berni restablecer la cadena de mando con sus subordinados, que a las manifestaciones llevaban pancartas escritas torpemente en cartulinas de color desafiando su autoridad. “No somos débiles ni temerosos” era la consigna que se repetía en todas las localidades donde había patrulleros cruzados en la calle haciendo sonar sus sirenas, también en los foros online donde se promovían las protestas. Es una respuesta directa a la arenga que el ministro había hecho el 20 de marzo, el día que comenzó la cuarentena, y que eligió como leit motiv para sus anacrónicos spots de campaña: “En esta fuerza no hay lugar para aquellos que especulen, no hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos”. Los hechos de esta semana pusieron en riesgo más que su cargo.

En esta clase de episodio los castigos llegan siempre con demora, una vez que las brasas se apagaron y no se corre el riesgo de que una chispa vuelva a encender el conflicto. Pero llegan siempre. Habrá sanciones que lleguen por la vía penal y otras de índole administrativa. Los policías rasos recibirán traslados a destinos inhóspitos y los instigadores y voceros terminarán sumariados o denunciados. Cuando llegue el momento, la cúpula policial tendrá su purga para desarmar las estructuras que todavía responden al poder residual de Perroni, una capa geológica más en ese entramado de relaciones grises que deja tras de sí cada uno de los exjefes de la fuerza desde Pedro Klodczyk hasta hoy. El jefe Daniel García salió malherido después de que sus subordinados lo abuchearan en vivo por televisión y se descuenta su retiro. Si la tijera se detendrá allí o alcanzará a Berni es todavía una incógnita.

Una región turbulenta

Las fuerzas de seguridad reemplazaron a las fuerzas armadas como actores centrales en las interrupciones del orden institucional en este siglo, desde el secuestro de Rafael Correa en Ecuador en 2010 hasta el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, en diciembre del año pasado, que comenzó con una huelga policial con algunas características similares a la que sucedió esta semana en Buenos Aires. Muchas veces, las conspiraciones se montan sobre malestares y reclamos legítimos para minar la estabilidad de gobiernos que no se alinean con los intereses de las elites locales o extranjeras. Los golpes de Estado, más o menos tradicionales, más o menos exitosos, ya se han vuelto moneda corriente en la región. La salud de la democracia en América Latina se deterioró rápidamente en la última década, gracias a la aplicación del lawfare.

Correa y Morales fueron objeto el lunes pasado de dos fallos judiciales que, con diferencia de pocas horas, proscribieron su participación política en las próximas elecciones. Los dos viven en el exilio y si volvieran a sus países deberían enfrentar la cárcel y pondrían en riesgo su vida. Correa había dado asilo en la embajada ecuatoriana en Londres a Julian Assange, el periodista sueco que a través de la filtración de cables diplomáticos puso sobre la mesa las primeras evidencias concretas de la existencia del lawfare: la confabulación de funcionarios judiciales, dirigentes políticos y referentes mediáticos con apoyo del gobierno de los Estados Unidos para condicionar, derribar y perseguir los liderazgos de izquierda en la región. El lunes pasado, también, comenzó el juicio de extradición de Assange a ese país, donde lo espera una condena de 175 años.

Para Estados Unidos, el condicionamiento de las políticas de otros países a través de métodos non sanctos sigue vigente. Ayer, el presidente Donald Trump logró finalmente forzar la coronación de su candidato, Mauricio Claver Carone, al frente del BID, una entidad históricamente comandada por un latinoamericano. La imposición del funcionario norteamericano sigue estrictamente un plan diseñado para limitar la influencia china en el continente. Claver Carone sabe de zanahorias y de palos: ha participado abiertamente del último intento de derrocamiento de Nicolás Maduro y también gestionó el préstamo más importante de la historia del FMI para favorecer la elección de Macri y prevenir el regreso del peronismo al poder. Si debemos juzgar sus resultados, el nuevo cargo no es un premio a la efectividad. Seguramente debe tener otras virtudes que aún no conocemos.

La Argentina había jugado fuerte para evitar que Claver Carone acceda a la presidencia del banco de desarrollo. Amparado en la tradición que reservaba ese lugar a un representante de América Latina y en la debilidad de Trump en las encuestas, intentó hilar una estrategia común con México y la Unión Europea para posponer la elección hasta el año que viene. Las encuestas de Trump mejoraron y a último momento México modificó su posición, facilitando el triunfo de Claver Carone. El actual consejero de Seguridad Nacional tendrá una caja de 12 mil millones de dólares anuales para hacer política en la región, premiando a los gobiernos dóciles y conspirando contra los que no se encolumnan. Sería ingenuo esperar que no haya una sanción para la Argentina por su rebeldía. Su presencia en la región es otro factor en la ecuación de peligro para la estabilidad institucional del país.

Juntos por el cambio de régimen

La primera reacción de Juntos por el Cambio ante la asonada policial fue un documento en apoyo al reclamo con la firma del bloque de diputados en la legislatura bonaerense, que reivindica el trabajo de Ritondo y Vidal al frente de la fuerza. Este texto circuló en los grupos de whatsapp, impulsado por el entorno de Perroni y luego lo hizo público la legisladora Carolina Píparo, el martes al mediodía. Para entonces, unos pocos patrulleros ya protestaban frente a la Quinta de Olivos. Un día más tarde, un comunicado similar, realizado por la bancada radical en la cámara baja del Congreso de la Nación tuvo que ser borrado de las redes sociales por repudio de sus propios miembros. En el interín, la concentración frente a la residencia presidencial, donde llegaron a estacionar más de cuarenta patrulleros, se había convertido en un escándalo de importancia nacional.

La manifestación de efectivos armados en los alrededores de la casa del presidente, un hecho inédito desde 1983 hasta esta semana, suscitó una respuesta contundente de buena parte del arco político, aunque no de todo. Enciende una alarma el silencio del expresidente Mauricio Macri, de la exgobernadora Vidal, de la exministra de Seguridad nacional Bullrich y de su par bonaerense Ritondo, que solamente retuiteó un mensaje lavado de la cuenta de su bloque en la cámara baja. Los cuatro fueron, durante cuatro años y hasta hace unos pocos meses, los responsables de la conducción civil de las fuerzas de seguridad más numerosas del país. No sería llamativo que todavía ejerzan una autoridad residual sobre una parte de sus agentes. Una condena de parte de ellos habría sido valiosa para la democracia en general. Su silencio, por otra parte, resulta especialmente significativo.

La reacción tardía del alcalde Horacio Rodríguez Larreta no alcanza para disimular el desapego del PRO por el consenso democrático que se construyó entre todas las fuerzas después de la última dictadura. Se trata del mismo partido que, a cargo del gobierno nacional, hizo que la Argentina fuera el primer país en el mundo que reconociera a Michel Temer después del golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil y que nunca denunció el derrocamiento con tanques en la calle de Morales el año pasado en Bolivia. No está de más recordar que el propio Macri, en una de las pocas manifestaciones públicas que hizo después de dejar la presidencia, pidió un golpe militar para deponer a Nicolás Maduro y caracterizó la gestión de Fernández como “un autoritarismo soft que puede devenir en una dictadura como la de Venezuela”.

Vivimos en las últimas semanas una escalada de violencia política que tiene pocos antecedentes en democracia. Desde mediados del mes pasado, hubo escraches en el domicilio particular de la vicepresidenta, amenazas de muerte contra el titular de la cámara de Diputados y su familia, policías armados sitiaron la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la del presidente de la Nación. Deberá el gobierno nacional instrumentar los medios para poner un freno a esta espiral; su propia continuidad y la estabilidad de la democracia en el país está en juego. No contará con ninguna ayuda de la oposición para esa tarea. Tampoco puede buscarla en la región. La única fuerza que podrá sostenerlo es la propia sociedad, que ha demostrado muchas veces su capacidad de defender a quienes honran su compromiso con ella. Esta no será la excepción.

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