La trampa perfecta del acuerdo con el FMI

21 de febrero, 2021 | 00.05

  Salvo para los actuales opositores ignífugos, que siguen aferrados a los argumentos más insólitos para ocultar sus responsabilidades, 2016-2019 fueron años de endeudamiento externo desaforado “a cambio de nada”. Contra las decenas de miles de millones de dólares que se le cargaron al Estado no quedaron obras de ningún tipo ni inversiones en infraestructura. La nueva deuda solo fue sistemáticamente destinada a financiar el modelo económico, es decir los desajustes expresados en el balance de pagos.

Sin sonrojarse, los ex funcionarios del macrismo afirman en cambio que la nueva deuda se destinó a cancelar pasivos preexistentes. Una parte de la afirmación es verdadera, el dinero recibido del FMI se destinó a pagar la bola de nieve que comenzó a gestarse a partir de 2016. La historia fue la de siempre: primero se recurrió al endeudamiento privado descontrolado y a tasas crecientes y luego apareció el Fondo para cubrir la salida de quienes no alcanzaron a retirarse a tiempo. El detalle es que cuando el último inversor se retiró el Fondo quedó. En tiempos recientes esta secuencia ya ocurrió en la debacle de 2001 y volvió a suceder en 2018. La desmemoria mayoritaria y la complicidad de las sociedades civil y política lo hicieron posible. Resulta cómodo pensar en la responsabilidad de una sola fuerza política, pero no fue así.

El vínculo con el FMI no es una simple relación entre acreedores y deudores, es la aplicación extorsiva de un determinado paquete de políticas económicas con el objetivo tácito de garantizar la continuidad de las relaciones de poder internas y externas. Las políticas que impone el organismo son las demandadas por la comunidad de negocios entre las clases dominantes locales en su función de auxiliares de las hegemónicas de los países centrales. Visto desde la periferia, son las políticas del orden económico global conducido por las multinacionales ¿Se preguntó alguna vez lector por qué los empresarios locales siempre reclaman a los gobiernos que acuerden con el FMI?

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Cuando en mayo de 2018 Mauricio Macri anunció que volvería al Fondo no fue el reconocimiento del fracaso de su política, sino su principal éxito: lograr el condicionamiento de largo plazo de la economía a la lógica neoliberal, el recorte en un solo acto de los grados de libertad de la política económica de los gobiernos que lo sucederían. Desde el minuto cero se sabían dos cosas, que no se cumplirían ninguno de los objetivos formales del plan trazado con el organismo y que la estructura de vencimientos fue diseñada a propósito para ser renegociada. Sólo recordar los 20.000 millones de dólares por año que se comprometieron para 2022 y 2023.

Casi tres años después la historia sigue el curso trazado. El “éxito” de la actual administración en la renegociación de la deuda con privados fue haber pateado el problema para el próximo período de gobierno. Los primeros vencimientos de capital serán en 2025. Se espera que en materia de vencimientos el esquema se repita en la negociación con el FMI: período de gracia y extensión de plazos. Visto desde fuera todo parece encaminado, sin embargo se destacan algunas anomalías. Por ejemplo ¿por qué los bonos de la deuda recientemente reestructurada con privados cotizan tan bajo? O visto de otra manera ¿por qué tienen una tasa de rendimiento de casi 20 puntos? La respuesta es universal, si valen poco y rinden mucho es porque crecen las dudas sobre su repago y ello se debe a que los inversores internacionales prevén que cuando Argentina deba comenzar a pagar la suma de sus obligaciones, privados más organismos, no contará con los dólares necesarios.

Las hipótesis optimistas que se contraponen son abundantes, pero se sintetizan en “tenemos que aprovechar el período de gracia para transformar la estructura productiva, generar más divisas y contar con la fortaleza necesaria para hacer lo que hacen todos los países normales: refinanciar parcialmente los nuevos vencimientos”. Aquí tampoco hay nada nuevo bajo el sol, es lo que se decía, con variaciones en el lenguaje, tras el primer acuerdo stand-by de 2018: “hacer las reformas estructurales para recuperar la confianza de los mercados para volver a conseguir financiamiento cuando llegue el momento de comenzar a pagar”. Es el cuento de la buena pipa, pero sumando la espada de Damocles

¿Cuál es la espada de Damocles? El precio del dólar. La corrida cambiaria de 2020, que llevó la brecha entre el oficial y los paralelos hasta el 150 por ciento fue una nueva muestra disciplinadora de lo que puede suceder: histeria colectiva, aceleración de la inflación, transferencia de ingresos y estancamiento económico. Si bien la corrida de 2020 fue por mala praxis antes que por escasez relativa de divisas, cuando lleguen los vencimientos de capital prevalecerá la segunda razón. En este escenario el acuerdo con el Fondo que se espera para mayo-junio, como en su momento el acuerdo con los privados, se presenta como la principal herramienta tranquilizadora de la cotización, el nuevo sine qua non de cualquier programa económico. El debate es entre un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años o un acuerdo similar pero a 20 años, algo inédito en la historia del FMI. Nótese que en el mejor de los casos habría que convivir con el FMI hasta más allá de 2040. Y Macri sólo gobernó cuatro años.

Los acuerdos de facilidades extendidas siempre suponen “reformas estructurales”, es decir condicionalidades fiscales, laborales y previsionales. En este punto la siempre optimista mirada oficial también cree que esta vez las condicionalidades podrían ser tan extraordinarias como los plazos, es decir menos gravosas. Pero incluso en la mejor circunstancia --acuerdo con el FMI a 20 años con bajas condicionalidades-- se mantiene el dilema entre volver a tomar deuda en los mercados voluntarios y la amenaza del estancamiento económico. Ello es así porque para crecer se necesitan dólares (porque crecen las importaciones), y esa demanda de dólares compite con las divisas que se necesitan para pagar deuda. 

Siguiendo los cálculos presentados en el último informe de la consultora PxQ, para hacer frente a sus compromisos sin tomar nueva deuda y suponiendo un acuerdo con el FMI a 20 años Argentina necesitaría en 2025 un superávit externo de 5000 millones de dólares que subiría a 10.000 en 2026 y a 18.000 para 2028. Dicho de otra manera, la economía local “debería lograr un nivel de superávit similar o superior al del período 2004-2010 cuando la cuenta corriente cambiaria promedió 11.000 millones de dólares anuales”. Para PxQ eso “luce imposible incluso con la soja a 600 dólares la tonelada”. Este panorama de virtual estrangulamiento externo a partir de 2025, aun en el escenario más optimista visto desde 2021, es el que explica la baja cotización de los bonos ya reestructurados y, al mismo tiempo, constituye el límite principal para lo que, dentro de esta lógica, aparece como la única salida, la vuelta a los mercados voluntarios de crédito cuando lleguen los vencimientos de capital.

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