Los organizadores de la audiencia pública por el presunto caso de gatillo fácil contra Juan Gabriel González, el joven que habría sido asesinado por la Policía de la Ciudad durante la Navidad en el Barrio 20 de Villa Lugano, denunciaron un intento de la Legislatura porteña por bloquear la actividad. Finalmente, a pesar de que no se les otorgó el salón interno, se hizo en la puerta.
"Cuando era la hora nos cuentan que no había sala, sino que se hizo en la puerta de la Legislatura. Efectivamente no les dieron ningún espacio físico", aseguraron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a El Destape. La convocatoria realizada por los bloques de Fuerza Buenos Aires y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) contempló la presencia de la viuda de la víctima, un primo de la víctima y el testigo Néstor Chávez. "Me parece una señal bastante poco amable, con tonos de crueldad. Era un encuentro en el que iba a estar la familia de una persona que acaba de matar la policía", añadieron desde el CELS.
La denuncia apunta a la discrecionalidad política del manejo de la casa de las leyes. "Si un sector importante de la oposición organiza una reunión, ¿no le dan sala para que ocurra?", se preguntaron desde los organismos, recordando que la Legislatura es "la representación política de toda la ciudad".
La ex legisladora Alejandrina Barry (FIT), presente en el lugar, fue categórica al exponer lo que considera una doble vara: "No nos dieron el salón. Lo denunciamos porque en esa legislatura le dan salones hasta a negacionistas de la dictadura y a quienes participaron del Operativo Independencia".
El acta policial que "borró" la herida
Más allá del bloqueo institucional denunciado, desde el CELS advirtieron sobre la gravedad de las maniobras de encubrimiento que surgirían del expediente. Según detallaron a este medio, "quienes fueron detenidos fueron los que estaban ahí presentes en la escena", mientras que los policías no fueron apartados inicialmente.
El dato más alarmante, según la denuncia, surge del documento oficial labrado por la fuerza tras el ataque: "El acta policial que inmediatamente emiten después de los hechos dice que los efectivos policiales disparan, pero en ningún momento dice que algunos disparos hieren a Juan Gabriel".
Las acusaciones de protección política coinciden con las pruebas que se conocieron en las últimas horas. La causa que investiga la jueza Laura Bruniard incorporó testimonios de vecinos que aseguran que, tras el asesinato, la policía habría ordenado "lavar y limpiar" la calle, lo que explicaría por qué el relevamiento balístico inicial dio negativo.
Además, la investigación avanza sobre una nueva prueba clave: una cámara de seguridad ubicada en un domicilio de Chilavert al 4600, a metros de donde ocurrió el ataque. Las imágenes confirmarían que a González no le permitieron ingresar al pasillo de su casa, lo llevaron a la calle, lo golpearon y finalmente un efectivo lo fusiló de un disparo en el tórax.
Pedido de citación al Ministro
Este martes, el bloque de Fuerza por Buenos Aires presentó un proyecto para citar de manera urgente al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y al Jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Luis Kisch.
El proyecto exige explicaciones sobre las "falencias en el funcionamiento de la Policía" y la "falta de capacitación" evidenciada en los operativos, buscando que los funcionarios porteños declaren ante la Legislatura.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) confirmó este sábado que la autopsia arrojó que González murió por "un impacto directo al cuerpo de alguna de las armas largas" utilizadas por efectivos de la Policía de la Ciudad.
Poco después, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad emitió un comunicado en el que informó que "se inició una investigación disciplinaria que derivó en la decisión de pasar a disponibilidad a un oficial primero de la comisaría 8 A, a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en la Villa 20 de Lugano". No dio el nombre del policía desplazado.
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