La Asociación Americana de Juristas alerta por el lawfare en Argentina

Juristas de todo el continente emitieron un duro pronunciamiento sobre la judicialización de la política durante el Gobierno de Macri y en la gestión actual.

18 de febrero, 2021 | 20.04

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) emitió un pronunciamiento ante “la utilización del lawfare para enfrentar e impedir el cumplimiento del programa comprometido por un gobierno electo por el pueblo: el caso argentino”.

La AAJ afirmó que en Argentina desde la asunción a la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial),que no se allanaban a las directivas dictadas. Así socavaron la independencia de éste Poder del Estado de Derecho”.

El texto lo firman Vanessa Ramos, persidenta de la AAJ, Luis Carlos Moro, su secretario general, y Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la asociación. El documento contó con las adhesiones de una importante cantidad de organizaciones como Justicia Legítima, la Asociación Internacional de Juristas demócratas, la Liga Argentina de Derechos Humanos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la CTA de la provincia de Buenos Aires y de Capital. También de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Eugenio Raúl Zaffaroni, Majorie Cohn, Mempo Giardinelli, Horacio González, Atilio Boron, Noé Jitrik, Nelly Minyersky, Ana María Careaga, Alcira Argumedo, Eduardo Barcesat, Stella Calloni, Carlos Zamorano, Maria Seoane, Ricardo Forster, José Sbatella, Thelma Luzzani, Juliana Marino, Alicia Castro y Jorge Elbaum, entre otros.

Se ejecutó en la República Argentina un plan para establecer un sistema judicial donde no importaba mantener la imparcialidad de sus jueces, fiscales y defensores, o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario: se trató de la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, hubieran sido imposibles de ser llevadas a cabo”, describe el documento de la AAJ.

El texto también señala que “la desarticulación y ataque a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tuvo su correlato fuera del sistema judicial, generando consecuencias socio económicas devastadoras para su población, como así también la persecución a líderes políticos, sindicales y sociales, incluyendo el uso abusivo de la prisión preventiva, que llegó a su máxima expresión con los numerosos presos políticos que aún existen en la Argentina”.

Los juristas describen también la doble vara del Poder Judicial argentino, rápido para investigar a ex funcionarios kirchneristas y lento para hacerlo con los macristas.

El documento de la AAJ señala algunos casos de persecución y presión hasta límites inimaginables” como el de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, “acompañada con una campaña mediática de desprestigio, que puede calificarse como una suerte de ‘linchamiento público’”

Desde la AAJ también repudiaron la maniobra ante el FMI de la agrupación Será Justicia, un sello de de goma del Colegio de Abogados del establishment argentino. Para la AAJ eso fue “una actitud francamente conspirativa a los intereses nacionales-, el de debilitar al actual gobierno Argentino en su capacidad de negociación en las gestiones llevadas adelante ante los organismos multilaterales de crédito”

En las 20 páginas que tiene el escrito le dedican una parte importante a desarmar la operación de Será Justicia, a marcar que es manejada por ex funcionarios de Macri como María Eugenia Talerico, a detallar que la gestión de Talerico al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no solo dejó de combatir el lavado de dinero sino que se transformó en otro organismo de persecución judicial y a señalar, a su vez, las diferencias entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos y la actual.

En sus conclusiones, la AAJ sostiene: “La supuesta ‘lucha contra la corrupción’ solo propició la persecución de los sectores políticos y sociales que impulsaron políticas de ampliación de derechos, instalando un sistema de gestión a cargo de empresarios transnacionales ‘politizados’, habilitados a desempeñar un papel clave en el quehacer de delinear la legislación y economía planetarias, aun cuando ‘sólo’ fuera por el poder que tuvieron para privar a la sociedad de sus recursos materiales (capital, tecnologías, puestos de trabajo, etc.). Eso solo fue posible -y es posible- merced al Lawfare”.

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