AFI macrista: Imputan a Arribas y Majdalani por venta ilegal de armas

Lo dispuso el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó una serie de medidas de prueba. La interventora de la agencia, Cristina Caamaño, había radicado una denuncia por maniobras fraudulentas durante el Gobierno anterior.

08 de julio, 2020 | 21.43

El director de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, sumaron una nueva imputación en su contra este miércoles: el fiscal federal Ramiro González le dio impulso penal a una denuncia contra ellos por la venta ilegal de 290 armas dentro del organismo de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. El fiscal requirió una serie de medidas de prueba. La denuncia la había presentado la interventora de la agencia, Cristina Caamaño.

¡Insólito momento al aire!

“Procedo a formular requerimiento de instrucción e impulsar la acción penal”, sostuvo González y así abrió otra investigación que involucra al señor 5 y la señora 8 de la AFI macrista. La imputación alcanza también a otro espía, GQV, titular de la Dirección de Seguridad del organismo hasta diciembre 2019.

¿Qué se investigará? “El accionar de la gestión anterior en cuanto autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico”.

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Según se desprende de la denuncia y recordó el fiscal, Arribas dictó dos resoluciones, en agosto de de 2017 y diciembre de 2018 "mediante las cuales se permitió que se desarrollara el procedimiento espurio de compraventa de armas en forma arbitraria irregular e ilegal”.

Caamaño remarcó se trató de una “oportunidad única” en la que “agentes en servicio podían adquirir a precios por debajo de los del mercado, armamento de fuego apto para el disparo”.

La intervención de la AFI calculó además el valor real de esas armas contra el precio que pagaban los espías para comprarlas en este mercado negro manejado por Arribas y Madjalani. Por citar algunos ejemplos: una Pistola Fm Bowning 9mm cuesta 200 dólares y las vendían a 3.900 pesos; las escopetas Beretta 12/70 y las Pistolas Smith / Wesson 9mm, de 300 dólares, se conseguían a 5.800 pesos. “El revolver Ruger ofrecido a la venta tenía una leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’ lo cual prácticamente lo hace único”, se señaló en la denuncia.

Entre otras irregularidades, en la misma presentación, se agregó: “Analizando la resolución y sus anexos queda claro que se pusieron a la venta 252 armas de fuego aptas para el disparo, sin ningún tipo de requisito más que el de cumplimentar una serie de pasos administrativos en la Agencia y poseer CLU”. Es decir, no hubo un estricto control sobre quiénes las adquirían.

Además de Arribas y Majdalani, la pesquisa involucra al director del área de Seguridad, quien elaboró un informe técnico sobre el recambio de armamento y la venta interna de material en desuso. En ese trabajo se “analiza arbitrariamente la conveniencia de contar con nuevo armamento para dotación de la Agencia e intenta fundar la puesta en desuso de las armas de fuego que luego se ofrecieron a la venta mediante el dictado de la Resolución”. Del informe no surge que las armas en cuestión sean “de rezago sino solo se las califica como material en desuso”, destacó Caamaño en la denuncia.

Medidas probatorias

Con el impulso penal, el fiscal González ordenó una serie de medidas de prueba:

- Encomendó una tasación de las armas comercializadas para que se determine su valor de mercado.

-Requirió que una entidad pública y otra privada recomienden a tres especialistas técnicos sobre armas. El fiscal quiere que se los cite a prestar declaración testimonial.

-Solicitó que la Agencia Nacional de Materiales Controlados, informe: a) la titularidad del armamento comercializado por la AFI; b) si la Agencia Nacional de Materiales Controlados tuvo participación o fue notificada de la comercialización cuestionada; c) si los organismos estatales que posean armamento se encuentra facultados a comercializar el mismo a sus funcionarios y agentes; d) si la exSIDE se encuentra facultada normativamente para comercializar armamento.

El juez del caso, Daniel Rafecas, ahora deberá resolver en torno a las medidas pedidas por el fiscal.

Las irregularidades

Según se desprende de la denuncia, las principales irregularidades fueron las siguientes:

*La AFI no tiene competencia para vender armamento, aunque esté en desuso. “El procedimiento por medio del cual la Agencia podría haber dispuesto del mismo no es a través de un simple informe de un área del organismo y una resolución que además amplía el mediocre fundamento que este menciona”, se señaló en la denuncia.

*Mediante una serie de actos administrativos “se procedió a la venta de armamento de fuego, lo cual por sí mismo constituye un acto de peligrosidad manifiesta”. “Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad”.

*Respecto a los montos establecidos en la oferta de venta de las armas, “los mismos son absolutamente irrisorios”. El valor, en muchos casos, no alcanza siquiera el 20% del precio real de un arma usada en el mercado formal.  

*La tasación de las armas no respetaron el procedimiento legal.

* Los funcionarios tenían prioridad por sobre el resto de los agentes a la hora de la posibilidad de compra de las armas, “lo cual claramente permitió que sean estos los que accedieran a obtener las armas de fuego devaluadas mediante el sistema de precios otorgado en forma arbitraria e infundada”.

* "Las armas de fuego ofrecidas a la venta en modo alguno integrarían lo que se denomina ‘bienes de rezago’” sino más bien “fueron adquiridas para su uso particular, teniendo todas ellas aptitud para el disparo y para su normal uso”. 

La denuncia contra Arribas y Majdalani es por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación por adminisitración fraudulenta.

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