Batalla de proyectos de mano dura en el PRO camino al 2023

Diego Santilli presentó, el martes pasado, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años para delitos violentos y Cristian Ritondo, su principal competidor, lanzó este lunes una iniciativa para hacer algo similar pero hasta los 14 años. Para la semana que viene, se espera un texto de reforma laboral junto al radicalismo.

15 de noviembre, 2022 | 00.05

Para la campaña 2023 se plantearon dos grandes ejes de debate, el de la economía, fuertemente vinculado a la cuestión de la inflación y sus consiguientes cuestionamientos a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y, por otro lado, el de la seguridad. Este último punto agarró un vuelo importante en la última semana con dos proyectos que fueron presentados por el PRO, fuera de lo que será el plan consensuado pero que, evidentemente, mostró coincidencias a la hora de encarar el modelo de Juntos por el Cambio. Ambas iniciativas fueron promovidas por los dos postulantes más fuertes que el macrismo tiene para la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Cristian Ritondo. Entre los detalles más destacables están la baja de la edad de imputabilidad, el primero a los 15 años y el segundo, casi como si fuera una competencia numérica, a los 14 años.

Santilli, cuyas redes sociales están inundadas de proclamas sobre las dos temáticas mencionadas, anunció el proyecto la semana pasada con la firma de Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años para los delitos violentos, que hoy está en los 16 años. Ritondo, por su parte, avanzó este fin de semana con el anuncio de una reforma del Código Penal de la Nación y un nuevo Régimen Penal de la Minoridad con la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años y un fuerte guiño al gobierno de Mauricio Macri. De hecho, como ejemplo de la fuerte vinculación en el universo halcón, Patricia Bullrich fue una de las dirigentas que replicó la iniciativa en sus redes sociales con el mismo discurso, el de ser normas impulsadas durante la gestión Cambiemos.

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En Buenos Aires se conformaron dos grandes polos. Por un lado, el de los sectores más duros identificados con Macri y Bullrich. Si bien cada uno de estos referentes tiene diferentes candidatos en Buenos Aires, todos empezaron a mostrar vinculaciones a la hora de plantear el trabajo electoral. En esta tribu están Néstor Grindetti, intendente de Lanús y línea directa con el ex presidente; Ritondo, del bando de María Eugenia Vidal y con lazos con el fundador y la titular del PRO; Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, los elegidos por la ex ministra de Seguridad. Del otro lado, Diego Santilli, el nombre de Horacio Rodríguez Larreta para el territorio bonaerense que también buscó tender puentes, sobre todo con el jefe del bloque en Diputados, pero que claramente está más aislado del rubro halcón en el territorio. La gran diferencia entre ambos universos es la procedencia: mientras los primeros fueron o son intendentes, funcionarios provinciales, él todavía tiene un pasado inmediato porteño.

Según los argumentos expresados por Santilli en su proyecto, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años. En base a esos datos de la Corte Suprema, buscó encarar esta iniciativa que, además de la baja de la edad de imputabilidad, contempla un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

El proyecto, llamado “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, prevé que los “adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados”. Según la iniciativa, en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, se propone que los menores realicen “todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito” y que las víctimas, así como la comunidad, tengan el derecho de participar en el proceso pudiendo proponer modos de reparación. En caso de que estas medidas sean incumplidas, la Justicia podría disponer la detención hasta los diez años de prisión, salvo casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena subiría a 15 años.

También, en la iniciativa de Santilli se prevé que los juicios contra los menores no demoren más de dos años para evitar “cajonear” los procesos judiciales. Para evitar la “saturación del sistema penal”, porque evidentemente esperan que haya muchos adolescentes detenidos, propone la creación de un fuero especializado para descomprimir el trabajo y acelerar el juzgamiento. Más allá de eso, el diputado apuntó a medidas socioeducativas como primera instancia de abordaje y el trabajo interdisciplinario para un “abordaje restaurativo”. “El proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y sólo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”, sostuvo el legislador larretista.

Su inmediato competidor, Ritondo, también avanzó en esa misma línea pero unos días más tarde. El domingo, anunció una batería de medidas para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad. Según su visión, Juntos por el Cambio quiere volver a gobernar para “transformar el rumbo del país” y esas iniciativas permitirán “obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”. El texto lleva otras catorce firmas, entre las que están las de Alejandro Finocchiaro, María Luján Rey, Pablo Torello, Federico Angelini y Gerardo Milman, en la mira en la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner.

La iniciativa fue presentada formalmente este lunes en Pinamar junto referentes del PRO y Juntos por el Cambio de la provincia, con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, que ayudó con el trabajo de los proyectos, y de Luis Mora, padre de Martín, un joven de 30 años asesinado en junio en Mar del Plata. La puesta respondió al relanzamiento de la campaña del diputado nacional, que también seguirá este martes con mesas de debate y análisis de distintos puntos que, consideran en su equipo, son necesarios para la provincia.

Dato no menor sobre el mapa opositor para el año que viene. Dentro de la enorme nómina de candidatos del macrismo para los distintos estratos, tres son ex ministros de Seguridad. Los mencionados Santilli y Ritondo, el primero en la Ciudad y el segundo en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich a nivel nacional.

A diferencia de la iniciativa de Santilli, Ritondo hizo foco en la gestión de Macri, algo que también destacó Bullrich en su mensaje en redes sociales. Una clara sintonía dentro de ese universo que, a nivel nacional, está enfrentado a Horacio Rodríguez Larreta. El halconismo explícito y la reivindicación de la tarea realizada que quedó, en realidad, a medio camino. Respecto a la reforma del Código Penal, el texto incorpora la posibilidad de decomisar en forma anticipada bienes de los delincuentes; define criterios para la determinación de las penas; para reincidentes y autores de delitos graves se elimina el beneficio de la libertad condicional;  incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves.

También exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que causen lesiones o muerte “en cumplimiento del deber y en uso del arma reglamentaria”; aumenta penas para el narcotráfico, establece agravantes para el tráfico de menores y prevé aumento de escalas penales para delitos de corrupción.

La otra propuesta es la que, casi como una competencia, se vinculó a la de Santilli pero con un paso más allá. En el nuevo Régimen Penal de la Minoridad, Ritondo propuso bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años. Según los argumentos, el objetivo será darle “contención y reparación a la víctima del delito” y un “proceso adecuado al menor que delinque”, cumpliendo lo establecido en distintas normativas, la garantía de “ser oído en cualquier etapa del proceso”, o “contar con el acompañamiento” de algún adulto responsable que lo pueda contener en los aspectos psicológicos y afectivos. En esta línea, el juez, a la hora de condenar, podrá aplicar una amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado. Y también, a pedido del fiscal, se podrán pedir medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.

En medio de la agenda de mano dura, también la oposición prepara la presentación de otro proyecto de ley, en este caso en tándem con el radicalismo, el de reforma laboral. La iniciativa, que iba a darse a conocer este lunes, fue trabajada entre Larreta y Gerardo Morales pero por problemas de agenda podría demorarse hasta la semana que viene. También se trata de otra avanzada que, de forma individual, adelanta lo que será el plan global de la oposición para el año que viene.

Hasta ahora, se adelantó poco. Hará foco en la “industria del juicio” y en las indemnizaciones como supuestas trabas a la hora de incentivar la generación de empleo. Morales quería que Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR, estuviera presente en el anuncio y no podía hacerlo este lunes, por lo que se pospuso. Larreta estará acompañado por Ritondo, el jefe del bloque del PRO en la misma Cámara y, curiosamente, el adversario de su candidato en Buenos Aires.

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