El Gobierno Nacional, a través de Capital Humano, confirmó que rechazó el pedido de Cristina Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou quienes reclamaban que se les siga asignando las jubilaciones que le correpondían por haber ocupado los máximos cargos que un estado puede tener.
Al respecto, Capital Humano confirmó -en dos comunicados- que a través de la Anses finalmente rachazó el planteo realizado tanto por la exmandataria como por Boudou. En este caso, dio de baja las asignaciones mensuales vitalicias. Por su parte, vale decir que la exmandataria también recibía haberes por su función en el cargo público como también por la pensión como viuda del exmandatario, Néstor Kirchner.
En el comunicado, entre otras cosas, destacaron que la decisión se tomó con el fin de “contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública”. Por su parte sobre Boudou, recordaron que “tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.
Por qué es ilegal quitarle la jubilación a Cristina Kirchner
El abogado especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor afirmó que los antecedentes jurídicos van a contramano de la decisión oficializada por el Ministerio de Capital Humano, que le sacó su jubilación y pensión a la expresidenta.
A través de la red social X, Fernández Pastor explicó: "Si conocieran algo sobre la ley 24.018, sabrían que la única causa para perder el beneficio es el juicio político. No porque lo diga yo, así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fallo Smart, para restablecer el beneficio de un magistrado al que se lo sacaron, por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad". En 2015, el represor Jaime Smart fue habilitado a cobrar una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los 70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos.
En diálogo con El Destape, el abogado profundizó: "Caso similar no hay ninguno porque es la única que fue elegida como presidenta y su marido fue presidente. De todas formas no va a reclamar el daño, sino el restablecimiento del beneficio porque lo que hizo el gobierno es ilegal. Dependerá del tiempo que dure la resolución dictada de lo que se le deba pagar como retroactivo e intereses".