Hotesur: la fiscalía pide rechazar el sobreseimiento a Cristina Kirchner

Es por las causas unificadas Hotesur y Los Sauces. Desde la defensa de la vicepresidenta reclamaron el cierre de las causas sin juicio oral y el dictado de los sobreseimientos por inexistencia de delito.

17 de noviembre, 2021 | 10.53

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5, Diego Velasco, pidió este miércoles rechazar el reclamo de sobreseimiento en las causas Hotesur y Los Sauces presentado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Es así que con la entrega del dictamen por parte de la fiscalía, los jueces del TOF5 Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg quedaron en condiciones de resolver sobre el planteo del abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, quien reclamó el cierre de las causas sin juicio oral y el dictado de los sobreseimientos por inexistencia de delito, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal ya recibió las posturas al respecto de todas las partes del caso, incluidas otras defensas de procesados que se sumaron al planteo y reclamaron los sobreseimientos, por lo cual quedó en condiciones de resolver.

El fiscal Velasco, en tanto, pidió que se siga adelante con los preparativos para el juicio oral y que se le ponga fecha de inicio una vez que concluyan medidas de prueba pendientes, como un peritaje encomendado a especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Velasco sostuvo que debe hacerse el juicio por los presuntos delitos de "asociación ilícita y lavado de activos".

Por el contrario, la defensa de la expresidenta y actual Vicepresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los también procesados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia reclamó los sobreseimientos y el cierre del caso por tratarse de una acusación "injusta". 

"Someter una conducta a juicio cuando se encuentra fuera de toda posible discusión su falta de significación jurídico penal", como es el caso, según los abogados, "importa un dispendio jurisdiccional y una lesión de los derechos del justiciable que en nada se compadecen con un adecuado servicio de administración de justicia", sostuvo la defensa en ese escrito. "Las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión", agregaron.

En ambas causas, que se unificaron cuando llegaron a la etapa de juicio oral, se investigaron presuntos hechos de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras y propiedades pertenecientes a esas sociedades.

Irregularidades en la causa

A través de un escrito reclamando el sobreseimiento, al mencionar pericias incorporadas en la causa que demostraron que todo el dinero producto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado, los letrados destacaron que "la inexistencia de dinero negro es evidente". En el caso hay "una manifiesta atipicidad de las conductas que son reprochadas", agregaron, y remarcaron la "inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de lavado de activos imputadas".

"Las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión", añadieron. En el escrito se enumeraron además "irregularidades" en la investigación que elevó a juicio oral el juez federal Julián Ercolini.

"La lista de irregularidades podría ser mucho más amplia si incluyéramos en el análisis las decisiones dictadas por el juez Bonadío, circunstancia sobre la cual no habremos de abundar por razones de decoro, frente a un magistrado que ha fallecido", mencionaron en alusión a Claudio Bonadio,el juez federal que intervino al inicio de la pesquisa. 

Ante la "inexistencia del supuesto delito de lavado de activos, queda vacía de contenido la imputación por el delito de asociación ilícita, conformada, según la hipótesis acusatoria, para la comisión de tal infracción penal, razón por la cual, desde nuestra perspectiva, ella debe correr idéntica suerte", es decir, el sobreseimiento, analizaron.

"Resulta imposible considerar que pueda llevarse a cabo un juicio oral en tales condiciones, que fulminan toda posibilidad de ejercer, con una mínima suficiencia, el derecho de defensa en juicio", consideraron los defensores. 

En el escrito se apuntó a las falencias de la investigación y se advirtió que "en palabras de la jerga judicial, sencillamente no se puede, no es legítimo, ir a la pesca en el marco de un debate oral: el hecho, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar; sus autores, participes; y la relación causal entre conducta y resultado deben ser determinados" y el juicio "debe versar sobre la comprobación o no de un hecho o hechos".

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