El Gobierno decidió rechazar la petición de las centrales obreras para que la próxima reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, pautada para este viernes, retome la presencialidad que no tiene desde tiempos de la pandemia del covid. La negativa busca desincentivar una eventual movilización de protesta hacia la Secretaría de Trabajo y convertir el cónclave en un acto político. De paso, el Ejecutivo buscará asentar la noción de que el piso formal de ingresos resuelto en ese ámbito es apenas un valor indiciario con poco efecto concreto sobre los trabajadores.
El encuentro convocado por la administración de Javier Milei junto a las cámaras empresarias nucleadas en el denominado Grupo de los 6 (industria, comercio, construcción, bancos, agro y la Bolsa), la CGT y las dos versiones de la CTA, tiene como misión actualizar el salario mínimo que en la actualidad está fijado en 376.600 pesos y que acumula una pérdida de casi 40 por ciento en su poder adquisitivo desde el arranque de la gestión libertaria. No obstante, desde entonces cada convocatoria culmina invariablemente sin acuerdo y con un laudo de la cartera laboral muy cercano a la oferta del sector patronal.
La CGT había advertido sobre la posibilidad de llamar a una movilización para la fecha de la reunión en Trabajo como parte de la escalada que mantiene contra el Gobierno mediante acciones y protestas focalizadas como las realizadas durante el debate por la ley de Tierras o el día de San Cayetano. En sus presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, las tres centrales obreras alegaron que la reanudación de las conversaciones cara a cara entre empresarios y gremialistas permitiría un intercambio directo, una negociación efectiva y transparencia entre las partes.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Bajo esa premisa, Cordero tomó la determinación de no convalidar la vuelta a la presencialidad. Cerca suyo le explicaron a El Destape que propiciar un encuentro físico les daría a las organizaciones obreras una nueva excusa para marchar contra el Gobierno y convertir una reunión administrativa en “un acto político”. Para sustentar ese carácter que en el Ejecutivo le asignan a la reunión destacan que sólo 0,2% de los trabajadores formales percibe ingresos por debajo del salario mínimo y que los efectos más concretos de la fijación de nuevos valores se dan en la proporción respecto de las jubilaciones del régimen contributivo, unos pocos planes sociales y la eventual referencia para trabajadores informales a la hora de negociar (si ello fuese posible) con su empleador.
Con la desaparición de uno de los planes sociales más extendidos, como fue el surgido del programa Volver al Trabajo (cuyo valor el Gobierno mantuvo congelado desde el arranque de la gestión en 78 mil pesos) el peso del salario mínimo sobre otras variables se hizo cada vez más irrelevante. Entre los especialistas suelen recordar que el ámbito del Consejo reúne a empleadores que no pagan el mínimo con representantes de trabajadores que no lo cobran, y en la actualidad con un Gobierno que además se jacta de desacoplar su resultado de los planes sociales.