La Legislatura porteña aprobó una ley que puede beneficiar a Macri en la Causa Correo

La iniciativa le permitirá al Tribunal Superior de Justicia revisar causas que tramitan en la justicia nacional.

30 de septiembre, 2021 | 18.45

El macrismo consiguió aprobar hoy una ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local. Vamos Juntos, el nombre que adopta Juntos por el Cambio en la Ciudad, y sus bloques aliados lograron sancionar una modificación a la ley de procedimientos que habilita al TSJ a expedirse sobre fallos juzgados nacionales que tengan sede en Capital Federal. Esta decisión favorece a Mauricio Macri en la causa de Correo Argentino. 

Fueron 38 los votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-.  En lo formal, el proyecto que llegó al recinto se titula "modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales", y autoriza las modalidad mixta, presencial y virtual para estos trámites. La diputada María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos), autora del proyecto de ley, dijo que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil".  Sin embargo, agregó que su bloque incorporó al texto "dos artículos tendientes a garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad".

Correo: Por qué el cambio en la justicia porteña beneficia a Macri

Tal cual explicó El Destape, la maniobra escondía detrás ayudar a Mauricio Macri en la Causa Correo.  En ese mismo sentido, Lucía Cámpora (Frente de Todos) dijo por su parte que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Cámpora mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.  Después, mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran al expresidente Mauricio Marcri.

"Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", dijo 

El Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal tiene cinco integrantes, y tres de ellos están vinculados al expresidente: Inés Weinberg de Roca fue propuesta por Macri para ocupar la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

Los Macri insisten en que el TSJ porteño intervenga en el caso Correo Argentino, en el expediente donde tramita la deuda que tienen con el Estado Nacional desde hace 20 años y donde la jueza Marta Cirulli (jueza nacional) decretó y luego suspendió la quiebra de la empresa. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, que firma con un sello del PRO, ya opinó que el TSJ no tiene competencia sobre un caso que tramita a nivel nacional.

Paquete de convenios urbanísticos

Al igual que lo que ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura porteña dio hoy una primera sanción, con votos del bloque oficialista y aliados, a un paquete de 15 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito.

Los acuerdos obtuvieron 33 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo; 18 negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica.  No obstante, para la aprobación final, el proceso parlamentario contempla que haya una audiencia pública destinada a que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema y un nuevo debate en el recinto dado que se encuadra en las normas denominadas "de doble lectura".

Los convenios urbanísticos son excepciones a las normas de edificación vigentes, que el Estado otorga a los privados sobre terrenos puntuales de la ciudad, para que puedan construir más metros cuadrados de los permitidos, aumentando, por ejemplo, la altura. Puntualmente, los convenios amplían la capacidad constructiva y la altura permitidas actualmente en 16 terrenos porteños, llegando, en algunos casos, a autorizar construcciones de 85 metros de altura.

Tras la sesión, el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto afirmó: "Una vez más el gobierno porteño decidió privilegiar los negocios de desarrolladores inmobiliarios en detrimento de la calidad de vida de las y los porteños. Tenemos una ciudad que está en emergencia habitacional y ambiental". En esa línea, sumó: "Es lamentable la visión de ciudad que tiene Larreta. Hay miles de vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda digna y tenemos una ciudad que carece de espacios verdes. No podemos seguir en este camino que sólo privilegia a unos pocos y deja afuera a la mayoría de las porteños y porteñas".

A último momento se decidió retirar el proyecto de la parcela que linda con el convento Santa Catalina. Sin embargo, el resto de los convenios involucran barrios de enorme densidad como Boedo, Palermo, San Cristóbal, Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, San Telmo y Barracas. Estas iniciativas estipulan diversos cambios en las normativas de edificación que rigen a los terrenos, para permitir los cambios de usos, de altura o de capacidad constructiva total.

“La ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde hace cuarenta años pese a haberse construido más de treinta y siete millones de metros cuadrados en los últimos veinte años, y se ha duplicado el déficit habitacional con 130 mil viviendas vacías”, expresó el diputado del FdT Matías Barroetaveña. Y añadió que “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”. 

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