La Cámara Federal de Casación Penal negó el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para dejar de utilizar tobillera electrónica y flexibilizar reglas de su detención. Deberá seguir con monitoreo electrónico, permiso para recibir visitas y un máximo de tres personas por encuentro, entre otros puntos.
Con los votos positivos de los jeuces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, la Sala IV de la Cámara confirmó este viernes que las restricciones impuestas a la exmadnataria "no constituyen un agravamiento ilegítimo de su pena". Pese al voto del juez Mariano Borinsky en disidencia, las medidas impuestas para la prisión domiciliaria en San José 1111 seguirán siendo las mismas.
Además del uso de la tobillera electrónica, continuará vigente el límite para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato, con un tope de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas. La Justicia denegó el pedido de la defensa, que buscaba retirar el monitoreo y ampliar los márgenes de permanencia en la terraza.
"Lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos", dijo el juez Hornos en su escrito.
De esta manera, la Sala IV dejó firmes las restricciones fijadas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF), quien dispuso tobillera durante los seis años de pena y un estricto régimen de visitas. "No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria", precisó el fallo.
El decomiso de bienes
La exmandataria también había sido noticia este jueves al conocerse que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a la líder del peronismo y al empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111.
"Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24", señalaron los fiscales, informó la agencia Noticias Argentinas.
"Las personas condenadas -intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública- todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo", continuaron.
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