Los mecanismos institucionales para frenar el decreto que modificó la Ley de Inteligencia Nacional parecen haber entrado en un laberinto de dilaciones. Con el Congreso en receso y la Justicia resistiéndose a habilitar la feria judicial para tratar su inconstitucionalidad, el Gobierno de Javier Milei apuesta por ganar un tiempo vital para que el nuevo esquema de la SIDE opere sin controles y que se diluya el malestar generado por la medida.
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En los tribunales, la estrategia opositora chocó contra la burocracia de enero. La presentación firmada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto al socialista Esteban Paulón, deberá esperar a febrero ante la negativa judicial de abrir la feria. Los legisladores se ciñen a su estrategia, quieren ver los primeros movimientos de los Tribunales ya se preparan para un camino sinuoso de apelaciones y pocas expectativas de resolución inmediata.
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En paralelo, otro sector del radicalismo y aliados —con nombres como Leopoldo Moreau, Federico Storani y Ricardo Alfonsín— apuesta a una jugada más agresiva: un per saltum para llegar directamente a la Corte Suprema. El argumento es la "actualidad e inmediatez" del perjuicio, dado que el DNU está plenamente vigente desde el 2 de enero. En sintonía, Paulón presentó un proyecto (junto con otros compañeros de interbloque entre los que está el ex PRO Sergio Capozzi) para declarar la nulidad absoluta del decreto, buscando retrotraer cualquier acción realizada bajo este amparo legal.
En el Congreso, las expectativas también están congeladas. Según manifestó Miguel Ángel Pichetto en El Destape Radio, los movimientos concretos para conseguir el número y rechazar el decreto son prácticamente nulos, dado el periodo vacacional. En Diputados incluso la actividad podría demorarse un poco más teniendo en cuenta que el grueso de los debates comenzará en el Senado y si bien es una posibilidad intentar una sesión el 11 de febrero — mismo día en que se discutiría la reforma laboral —, desde la opositores aseguran que primero deben garantizarse el número para el quórum.
La preocupación también cala en sectores aliados. El senador del PRO, Martín Goerling, advirtió en El Destape Radio sobre la necesidad de una concretar "discusión seria" sobre el asunto: “Es un decreto que se dictó durante el receso, sin posibilidad de debate y sin poder convocar a las autoridades de la SIDE a la Bicameral”, señaló. El problema es sistémico: no solo no está conformada la Bicameral de Inteligencia, sino que tampoco funciona la de Trámite Legislativo, encargada de auditar los decretos presidenciales.
En ese sentido, Paulón presentó otro proyecto - en este caso en soledad - no solo para rechazar la medida sino también para conformar ambas comisiones afectadas e instar al gobierno nacional a que toda modificación de la ley de Inteligencia debe pasar por el Congreso como cualquier ley.
La presidencia de la Comisión de Trámite Legislativo, que estuvo en manos de Oscar Zago hasta diciembre, debería pasar este año a un senador. Sin embargo, el antecedente de Leopoldo Moreau —quien en el inicio de la gestión continuó ejerciendo la presidencia de la Bicameral de Inteligencia ante la falta de designaciones para hacer funcionar el cuerpo— aparece como un espejo de la actual parálisis.
Zago, referente del MID, regresará de sus vacaciones el fin de semana, pero no hay señales de que las comisiones se activen antes de febrero. Mientras el Congreso descansa y la Justicia espera el fin de la feria, el Ejecutivo avanza en la reestructuración del sistema de inteligencia nacional sin que ningún organismo del Estado haya podido, hasta el momento, revisar la legalidad de la medida.
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