El Gobierno de Javier Milei confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones pasarán a depender del Ministerio de Salud. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, tras el escándalo que involucró a la conducción del organismo en presuntas irregularidades con contrataciones y licitaciones. Según lo informado, el traspaso busca “transparentar” la gestión y centralizar el control administrativo en la cartera sanitaria, que conducirá las políticas vinculadas a la discapacidad y la atención de beneficiarios.
La medida implica el fin de la autarquía de la ANDIS, creada en 2017, y su integración plena al Ministerio de Salud. Desde la Casa Rosada señalaron que no será necesario un cambio legislativo para concretar la absorción, ya que se trata de una reorganización administrativa. "La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", informó el ministro nacional.
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"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecinalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", detalló Adorni, en referencia a la nueva administración por parte de la cartera que preside Mario Lugones.
El jefe de ministros también detalló que se eliminarán 16 cargos, lo que implica un ajuste del 45,7% en la estructura jerárquica. "Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó y remarcó que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".
Caso Spagnuolo: el entramado detrás del escándalo en la ANDIS
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un esquema de corrupción que direccionó millonarias contrataciones públicas hacia un reducido grupo de empresas. Según la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se canalizaron más de $30.337 millones mediante “compulsas reducidas”, un mecanismo que limitaba la competencia y aseguraba adjudicaciones a un mismo círculo de proveedores. El sistema reveló la existencia de un “cártel de las cuatro droguerías” que monopolizó la compra de medicamentos e insumos médicos, dejando en evidencia la complicidad de funcionarios y empresarios del sector salud.
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El núcleo de la operatoria estuvo conformado por Porfarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que alternaban roles para simular competencia y concentrar contratos. Profarma y Génesis llegaron a controlar hasta el 93% de las adjudicaciones en medicamentos, mientras que otras firmas como INDECOMM S.R.L., vinculada a Miguel Ángel Calvete, y Suizo Argentina S.A., de los hermanos Kovalivker, aparecen en la trama por su rol en el direccionamiento de compras y sobreprecios. Los manuscritos de Calvete, conocidos como “cuadernos”, mencionan además compañías de ortopedia y traumatología, con porcentajes que sugieren una administración paralela de pagos y distribución de fondos.
El caso también involucra a MED Latinoamérica S.R.L., dirigida por Humberto Gabriel Maone, representante regional de la austríaca MED-EL. Aunque no figura en el núcleo central de las adjudicaciones, su nombre aparece en conversaciones con Calvete donde se discuten montos millonarios y posibles beneficios derivados de la manipulación de contratos. La investigación describe una red de tres niveles: funcionarios de la ANDIS como Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, operadores externos como Calvete y Atchabahian, y las empresas beneficiadas.
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