Regalos generosos del macrismo a los amigos y una pérdida de $3.000 millones

Un informe de la Auditoría reveló irregularidades en la tasación de predios públicos que después fueron vendidos por un precio menor al establecido.

20 de septiembre, 2020 | 00.05

La denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) por subastas de terrenos públicos a empresarios amigos o aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio volvió a poner las miradas en torno a estas operaciones. A las ventas de parcelas en Catalinas Norte o varias hectáreas en Córdoba, se suma una muy irregular de un codiciado predio: el de Tiro Federal. No sólo otorgado por un valor menor al establecido sino por un mecanismo de tasación irregular que integra desde expedientes caratulados post trabajo finalizado - por parte de un privado y no del Banco Ciudad que debería haberlo hecho - y oferentes que se sumaron después de que la empresa ganadora haya presentado su informe.

Néstor y Bush: la historia

En la denuncia de la OA, que no se basa en los terrenos del Tiro Federal pero le da un marco macro a la situación, se explicó que las autoridades recurrieron al engaño de fijar la base de la subasta en una suma superior al valor del mercado para simular la protección del patrimonio estatal pero, en realidad, garantizaron que no hubiera puja alguna – o simulara su existencia - mediante el direccionamiento de los remates. A veces hubo sólo una oferta. Gracias a estas pantallas, los inmuebles fueron adjudicados por el valor de base, o apenas superiores a éste, pero siempre por debajo de los fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones.

Como contó El Destape, por esta causa están imputados Mauricio Macri, Marcos Peña Peña, Rogelio Frigerio, Ramón Maria Lanus García Llorente, expresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el exvicepresidente del organismo, Pedro Comín Villanueva, y su exdirector de Gestión Patrimonial, Ramón García Llorente. Todos acusados de la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El caso Tiro Federal

La Auditoría General de la Ciudad analizó las acciones destinadas a la promoción de las inversiones del Gobierno durante 2017 y detectó un caso particular en torno a la tasación de diversos predios: Tiro Federal, en Avenida Guillermo Udaondo 1860; Parque de la Ciudad, en Avenida Fernández de la Cruz 4000; Sector del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en Coronel Roca 6902; Buenos Aires Design, en Pueyrredón 2501. Dentro de las observaciones, destacaron que esta tarea fue adjudicada a una empresa privada. L J RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS S. A., en lugar del Banco Ciudad, organismo público que tiene la potestad de llevarlas adelante. Los auditores se entrevistaron con el Jefe de Equipo Técnico de Inmuebles – Coordinación de Valuaciones- de esa entidad financiera, quien respondió que ésta es una tarea habitual de su sector.

Para los trabajos, según el informe al que accedió El Destape, se pidieron tres presupuestos a diferentes Sociedades Anónimas del rubro inmobiliario. El ganador fue L J RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS S. A. con una cotización de $ 665.500. La misma entregó el informe final el 24 de febrero de 2017 por los cuatro predios. El pedido de cotización se admitió el  9 de enero de ese año y el informe final data del 10 de febrero, un mes más tarde. En tanto, la factura por los servicios se emitió el 24 de ese mes y el compromiso definitivo y la orden de compra fueron emitidos en mayo de 2017.

Dentro de las irregularidades detectadas por la auditoría están que la caratulación del expediente se hizo el mismo día en que el trabajo estaba finalizado, que los dos presupuestos no ganadores están fechados e incorporados con posterioridad a la emisión del informe del proveedor contratado; que el Banco Ciudad debería haber hecho la tasación "por lo que no se justificaría contratar a un tercero para esta tarea que es habitual del banco oficial de la Ciudad". Por otra parte, también detectaron que compromiso definitivo fue emitido en el trimestre posterior al devengamiento del gasto, afectando el resultado que el GCABA informó a la Legislatura, donde deben rendirse cuentas y, finalmente, que la orden de compra fue emitida con posterioridad a que el trabajo estuviese realizado y a que el proveedor emitiera la factura correspondiente, evidenciando una desprolijidad administrativa.

Sobre ésto, el Auditor General Lisandro Teszkiewicz (Frente de Todos) señaló: "En este caso, estamos ante la venta récord para el valor de un inmueble de la Ciudad, una de las parcelas más caras de todo Buenos Aires, y cuando vamos a los papeles, vemos que se contrató una consultora privada para hacer un trabajo que es atribución del Banco Ciudad y que dicha contratación estuvo plagada de irregularidades. Resulta evidente que todas estas maniobras deben investigarse”.

Las irregularidades en la tasación también encendieron las alarmas en torno a la venta y el valor por el cual se entregaron terrenos. El legislador porteño, Santiago Roberto, analizó que "no solo la contratación de la empresa tasadora fue de manera irregular sino que la venta del ´Polígono A´ del Tiro Federal fue por un precio menor del que estaba valuado el terreno. La firma L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A cotizó esas tierras en 2017 por un valor de venta de 175 millones de dólares y 20 meses después esas mismas parcelas fueron subastadas por 151 millones de dólares". No hay que ser una luz en matemática para concluir que sólo ese sector implicó una pérdida de $24 millones de dólares para el Estado. O más de tres mil millones de pesos a valor actual del dolar blue.

El 20 de noviembre de 2018 el denominado Polígono A, que será parte del Predio del Parque de la Innovación, se vendió por 151,5 millones de dólares a los representantes del fideicomiso financiero privado Buenos Aires Landmark, inversores de las familias Werthein y Sielecki.

Por eso, el legislador del Frente de Todos elevó un pedido de informes al Ejecutivo porteño, mediante el parlamento local, para conocer si el Banco Ciudad tuvo a disposición la tasación de la empresa privada, realizada 20 meses antes, dado que ésta estipuló el valor del "Sector A" en US$ 175 millones pero la base de la subasta, colocada por la entidad financiera de la Capital Federal, se quedó en 128 millones para ascender, en la puja, a los 151 millones finales.

 

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