En un nuevo ataque contra el pueblo chaqueño, el gobernador Leandro Zdero eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial que los trabajadores del Ministerio de Producción perciben de manera ininterrumpida desde el año 2015. Según denunciaron los empleados, esta medida fue adoptada de forma unilateral y representa un golpe crítico al poder adquisitivo de sus familias, ya que vulnera derechos adquiridos y altera una estructura de ingresos consolidada durante una década.
La gravedad de la situación se refleja en el impacto directo sobre los haberes mensuales de los trabajadores del Ministerio de Producción: aseguran que la quita del FEP se traduce en una reducción de hasta el 95% de sus ingresos totales en los casos más extremos. A través de comunicados y asambleas, advirtió que el Gobierno descontó "el 80%" de su salario, señalando que la medida los deja en una situación de precariedad absoluta.
El conflicto se profundizó en las últimas horas tras detectarse que el fondo no estaba siendo cargado en los sistemas administrativos dentro de los plazos habituales. Según explicó el trabajador del Ministerio de Producción e integrante del gremio Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP), Raúl Cantero Garcilazo, la falta de carga del estímulo fue la señal de alerta que disparó las protestas internas y el cese de actividades, iniciando un reclamo que promete intensificarse si no se llega a una solución que restituya la estabilidad salarial de los trabajadores.
“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo. Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, relató.
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Según precisó, el Ministerio cuenta con unos 600 empleados, todos alcanzados por la medida. “El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, detalló en diálogo con Perfil.
Cantero Garcilazo cuestionó además el procedimiento adoptado por el Ejecutivo: “Ayer hubo una reunión de la mesa técnica, que históricamente asesora al ministro, junto a directores y un representante gremial, pero fue un monólogo. Nos dijeron que cobrábamos mal, que éramos ‘bendecidos’ y que deberíamos agradecer que no nos pidan devolver lo percibido”, afirmó.
Por su parte, la administración oficial justifica la medida argumentando que el mecanismo del FEP era contrario a la ley y que su eliminación responde a una necesidad de corregir irregularidades administrativas. Sin embargo, los empleados señalaron que este argumento no justifica el ataque masivo contra la planta.
Trabajadores de Chaco denuncian la ilegalidad de la medida de Zdero: "No quisieron escucharlo"
Desde los trabajadores sostienen que el FEP es un derecho adquirido, reconocido por ley y abonado sin objeciones durante casi una década. “El fondo se percibe desde 2015. Primero por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó Cantero Garcilazo.
También rechazó que los empleados se apropien de recursos específicos. “Nosotros no tocamos la recaudación. Todo va a Rentas Generales. El fondo se paga con recursos del Estado, no sacamos plata de multas ni de fiscalizaciones. Eso quedó claro, pero no quisieron escucharlo”, señaló.
En ese marco, denunció que la decisión fue impulsada por un área sin competencia legal directa, durante el receso administrativo y “con una celeridad llamativa”. Además, advirtió que el recorte se produce en un contexto de deterioro de la cobertura del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP),, que obliga a los trabajadores a afrontar plus médicos de entre 40.000 y 50.000 pesos, y sin respuestas claras para los jubilados.
Desde que Zdero es gobernador, comenzó una etapa de mal funcionamiento de la obra social producto del ajuste que lleva adelante: es la propia Tesorería General de la Provincia quien retiene y administra la Obra Social. Esto no es solamente por la reducción del envío de fondos por parte del Poder Ejecutivo provincial, sino también por el congelamiento salarial de los trabajadores públicos, que ya asciende a 13 meses sin paritaria.
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