Dime por qué te aplauden

13 de febrero, 2021 | 20.27

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió el jueves pasado un cerrado aplauso de una porción de los grandes empresarios. El aplauso llegó tras la exposición del plan de vuelo del ministro para llegar a una “economía más tranquila”. De eso se tratan precisamente los acuerdos de precios y salarios: de bajar la nominalidad en la puja distributiva. 

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Quizá la idea de “bajar la nominalidad” suene un poco técnica, vale traducirla. Como la inflación es esencialmente un fenómeno de costos, lo que se busca es bajar la velocidad a la que suben esos costos y a la que se trasladan a los precios finales. La idea del gobierno para 2021 es que los salarios crezcan algunos pocos puntos por encima de la inflación y que los otros dos precios básicos, tarifas y dólar, lo hagan un poco menos. Tal es el esquema de anclas inflacionarias propuesto por Guzmán para este año, por cierto distinto al esquema que existió de hecho de 2020, cuando el ancla fueron los salarios y parcialmente las tarifas –al menos hasta que comenzaron a aumentar las naftas-- y el precio básico que se soltó fue el del dólar.

Ya que se habla de anclas, quien esté familiarizado con la náutica seguramente entenderá que no se hace referencia a las anclas tradicionales, las que se fijan al suelo marino, sino a las “anclas de mar” esas que fluyen con la corriente pero permiten oponer la nave a los vientos principales. Dicho de otra manera, la idea no es congelar el dólar y las tarifas acumulando tensiones macroeconómicas, sino simplemente mantener estos dos precios básicos atrás de la corriente principal. El plan parece muy simple y racional: hay tres precios básicos, soltemos un poco uno y frenemos un poco los otros dos. La meta a conseguir son los números de la ley de Presupuesto que prevé un dólar creciendo al 25 por ciento en el año contra una inflación que cierre en el 29, con lo que los aumentos de salarios deberían estar arriba del 30 por ciento.

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Soltar salarios no es solamente una cuestión electoral válida o una razón de estricto sentido de justicia luego de tres años largos de caída de los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, sino también una necesidad macroeconómica: el crecimiento es conducido por la demanda. El consumo oscila en torno a los dos tercios de la demanda agregada local (la “demanda agregada” es la suma al consumo, el gasto del gobierno, la inversión y el neto del comercio exterior). Dado su peso en la demanda si no se expande el consumo no se puede salir de la recesión e impulsar el PIB. Lo dicho sobre la expansión del consumo es teoría económica muy básica, leyes que fueron probadas en todo el mundo por todo tipo de gobiernos. En Argentina, por ejemplo, se aplicaron por última vez en 2017, cuando el macrismo todavía disponía de abundante endeudamiento externo y podía obviar la restricción externa. Antes de las elecciones de aquel año el cambiemismo soltó salarios y expandió el gasto, la economía creció y el oficialismo de entonces se impuso en las elecciones de medio término.

Hoy el pase de magia del endeudamiento para saltarse la restricción externa ya no está disponible. La única posibilidad de crecer tras el aumento del consumo es con dólares propios. Esta es otra difícil coordinación que debe lograr Guzmán: crecer generando los dólares necesarios. De aquí el énfasis en evitar que el dólar se aprecie. En paralelo el gobierno considera que para disponer de dólares en un contexto de aumento de los precios internacionales no debe pelearse con los exportadores agropecuarios pues el costo del retaceo del área sembrada y las liquidaciones de las ventas al exterior sería mayor a la ganancia de una suba de retenciones. Dicho esto sin considerar el ruido político y el dato de que confrontar no está en su naturaleza.

El diagnóstico del ministro es esencialmente correcto. Guzmán no es un neoliberal obtuso de esos que creen que el camino es la austeridad fiscal y la destrucción del Estado. Sabe que para que crezca la recaudación debe crecer la economía. Entiende que el crecimiento es conducido por la demanda y que para “tranquilizar la economía” se necesita coordinar las expectativas de los actores económicos. 

Finalmente la búsqueda de estos acuerdos no fue una idea del ministro sino un punto clave el programa electoral del Frente de Todos que quedó en espera por la pandemia. Sin embargo, por detrás de la metodología de los acuerdos de precios y salarios se encuentra la ilusión del consenso. Según esta visión empresarios, trabajadores y gobierno necesitan convencerse de que están en el mismo barco, “como en los países serios”, un escenario en el que el rol de la política consiste en regular la lucha de clases. En consecuencia, que los empresarios hayan aplaudido al ministro puede considerarse un verdadero éxito político. En particular si se recuerda que el gran empresariado local, que se desarrolló haciendo negocios con el Estado, es profundamente anti Estado. Creció durante la ISI, la etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones, pero una vez que se consolidó prefirió “retirar la escalera” y apoyar las transformaciones iniciadas por la última dictadura, profundizadas por el menemismo y seguidas por la alianza macrista-radical, los famosos “tres intentos de modernización de la economía argentina” relatados por la historiografía neoliberal.

Pero la pregunta de fondo sigue pendiente ¿qué dijo el ministro para arrancar los aplausos de los empresarios anti Estado? Si se repasan los conceptos de Guzmán en el Museo del Bicentenario la tarea no es sencilla. El ministro repasó allí un programa medianamente heterodoxo en el que destacó cuestiones como el rol “contracíclico” de la demanda, la imposibilidad de alcanzar “equilibrios fiscales” sin crecimiento y también la imposibilidad de crecer sin aumentar salarios. Ello significa pararse en la vereda de enfrente no del mainstream global, pero sí de la ultramontana ortodoxia local que sigue defendiendo las medidas que llevaron al desastre de 2018-19.

Una hipótesis es que los empresarios se hayan entusiasmado solamente con los tramos más fiscalistas del discurso ministerial. Con matices Guzmán sostuvo que la inflación era un problema macroeconómico, algo que es rigurosamente cierto en tanto depende de la coordinación de los precios básicos, pero al mismo tiempo un problema del ministro y no de los formadores de precios o de la inflación importada. El funcionario también dio en la tecla de la música que deseaban escuchar los empresarios cuando aclaró que “hemos tenido déficit fiscal persistente por mucho tiempo. Cuando tenemos déficit o lo financiamos con deuda o con emisión. Un país que no genera un aumento en las exportaciones o consigue divisas, y al mismo tiempo emite más pesos, lo que hace es poner presión sobre el tipo de cambio, y eso presiona a los precios”. 

Nótese que el ministro no cayó en la zoncera de decir que la emisión genera inflación, sino que detalló que el mecanismo de transmisión, en un contexto de restricción externa, era el cambiario. Pero lo que si cree Guzmán es que toda expansión del gasto termina en demanda de dólares y por eso debe existir una correlación entre aumento del gasto y aumento de las exportaciones. La traducción de política económica de esta creencia es que “hay que ir reduciendo el déficit” para reducir la emisión y quitar así presión al dólar. Esta visión seguramente ayuda a explicar los aplausos empresarios, pero debe recordarse que no fue el déficit la causa de la inflación de 2020 y lo que va de 2021, sino principalmente el mal manejo monetario y cambiario, primero con la ampliación de la brecha cambiaria hasta el 150 por ciento debida al desmanejo de las tasas de interés de referencia y la reticencia a intervenir en los mercados paralelos, error finalmente corregido una vez provocado el daño, y luego la decisión política de devaluar por encima de la inflación. Los precios internacionales sólo aportaron la frutilla del postre.

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