Hemos visto como tanto en marzo como en septiembre, previo a las marchas universitarias organizadas para reclamar por la acuciante situación presupuestaria que atraviesa el sistema de universidades nacionales, el gobierno y operadores afines han salido a difundir datos falaces con el objetivo de desacreditar la justicia de las demandas. No es nuestro interés debatir con ellos, sino aportar datos certeros, originados en fuentes que publica el propio gobierno, al más de 70% de la población que todas las encuestas dicen que siguen considerando a las universidades públicas como las instituciones más confiables.
Los intentos de denigrar a las Universidades Nacionales no son nuevos. Para poner un ejemplo, el 30 de octubre de 2014, durante el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión realizado en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, el entonces precandidato a la presidencia de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por el ex funcionario de su gobierno, por ese entonces decano de la facultad de Económicas, José Luis Giusti (quien luego renunciaría por escándalos de corrupción y violencia de género contra su esposa) sentenció: “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar”. Tempranamente, bastante antes de llegar a la presidencia, el candidato del neoliberalismo expresaba crudamente su oposición a una de las políticas más importantes del kirchnerismo. Esta política que estaba contribuyendo a mejorar la inclusión y calidad educativa mediante la creación de las universidades de cercanía, muchas en el gran Buenos Aires, pero también muchas en el interior profundo de Argentina, logró que por primera vez en la historia cada provincia argentina tuviera al menos una Universidad Nacional en su territorio.
Coherentemente con esta desconfianza en el sistema universitario público manifestada durante la campaña, el primer decreto que firmó Macri hacia las universidades fue eliminar todos los convenios que tenían con el Estado. Así de simple, se los eliminó de un plumazo sin analizar su contenido. El concepto era que estaban mal, simplemente porque eran convenios con universidades públicas, y eso, aparentemente era algo sucio. Si bien esto no implicó ninguna restricción presupuestaria grave para el sistema, poco tiempo después si se generaron políticas que afectaron el presupuesto de muchas universidades.
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A fines de agosto de 2018, se hizo público un documento emanado del Ministerio de Educación del gobierno de Macri, dirigido por Alejandro Finocchiaro, que hoy como diputado nacional votó en contra del financiamiento universitario, que en uno de sus párrafos decía:
“El sistema universitario necesita Planificación. Debe mirar profundamente hacia adentro para alcanzar una eficaz ejecución de los recursos que todos los argentinos (incluso algunos que no disfrutan de los beneficios de la universidad) ponen a disposición de la educación superior. En muchas casas de altos estudios se ven relaciones docentes/alumnos equiparables con la aconsejada para salas maternales. El promedio del sistema hoy es 8,82 alumnos por docente. El sistema universitario argentino está en condiciones de recibir tres veces la matrícula actual sin tener que aumentar su planta docente. Y si lo hiciera, tendría en promedio aulas de 30 alumnos”.
Si alguien ve similitudes con el tweet del presidente Milei (aunque el equipo de Finocchiaro no cometía los errores matemáticos del actual gobierno), es porque son evidentes.
Ambas apreciaciones son falacias. De las peores, porque con evidente mala intención utilizan cifras reales que sin análisis parecen indicar un mal funcionamiento del sistema universitario. Veamos.
En definitiva, ¿cuántos docentes universitarios en las Universidades Públicas deberíamos tener?
El gobierno del PRO en 2018 decía que el promedio del sistema es de 8,82 alumnos por docente y hoy Milei, si hacemos el esfuerzo de interpretarlo, dice que en la UNR hay 8 alumnos por docente, lo que es una cifra muy parecida. Si tomamos los últimos datos de la actual subsecretaría de Educación Superior del gobierno de Milei, en 2022 existían 10,5 alumnos por cada docente, que sale de dividir el número total de alumnos en instituciones estatales, que al año 2022 sumaban un total de 2.163.124 alumnos (2.030.633 de grado y 132.491 de posgrado) y la planta docente estatal que al mismo año sumaba 206.552 cargos (Una cuenta similar, pero con datos de 2018, daba para ese año 9,4 alumnos por docente). A pesar de las diferencias, no está aquí la falacia.
Donde sí está la falacia es en las conclusiones. El gobierno de Macri decía, y el presidente Milei sugiere, que deberíamos ser más eficientes ya que podríamos triplicar la matrícula con el mismo número de docentes. Las cifras son reales o casi…, las conclusiones falaces.
En la vieja Escuela primaria, donde una maestra estaba a cargo de un curso durante todo el año, si dividíamos el total de alumnos primarios por el número total de maestras y maestros, obteníamos un número que era, sin lugar a duda el promedio del tamaño de un grado.
En el caso de la escuela secundaria y en la Universidad, esto no es así.
En particular, un docente universitario no está a cargo del curso de un alumno universitario durante todo el año calendario. Como todo universitario sabe, un alumno se inscribe en más de un curso por cuatrimestre (entre 3 y 4 en promedio). Cada curso, con un docente específico. Por ello, en el mismo cuatrimestre, una comisión hipotética de alumnos cursa al menos 3 asignaturas y tiene al menos 3 docentes. Por ello, con los mismos números que presenta el gobierno, la relación se convertiría en 30 alumnos por docente.
Se podría decir que entonces los docentes universitarios tienen mucho tiempo libre (el que no tendría un maestro o maestra de educación primaria). Otra falacia.
Podemos hacer otras correcciones si nos introducimos un poco más en la complejidad del sistema. Por un lado, los docentes universitarios dedican (muy mayoritariamente) 10 horas por semana a la actividad docente y cobran un salario acorde a esa dedicación que en la jerga técnica se denomina dedicación simple. El 71,4% de los docentes universitarios tienen dedicación simple y están contratados por 10 horas por semana. El 18% de los docentes universitarios tienen dedicación semiexclusiva y son contratados por 20 horas semanales, mientras que el 10,6% de los docentes universitarios tienen dedicación exclusiva y son contratados por 40 horas semanales. Los docentes con dedicaciones superiores (28,6% del total) aplican 10 horas por semana a la docencia y el resto a la investigación y la extensión.
Por otro lado, las asignaturas universitarias tienen una intensidad de casi 6 horas por semana en promedio. Por ello, los docentes podrían participar en 1 comisión y media en promedio. Sin embargo, la carrera docente implica que no todos los docentes existentes pueden estar al frente de un curso. Los docentes auxiliares (ayudantes alumnos, ayudantes diplomados y jefes de trabajos prácticos) son docentes en formación, un proceso necesario para garantizar que el sistema no se quede sin docentes cuando los actuales se jubilen. En el año 2022, por ejemplo, los 76.670 profesores frente a curso representaban sólo el 37,1% del total de docentes. La planta docente de 206.552 cargos, se completaba con 118.909 Auxiliares diplomados (57,6%) y 10.973 Ayudantes alumnos (5,3%). Una última consideración, podemos tener en cuenta que las 10 hs de actividad docente de cada profesor se utilizan frente a alumnos, pero los docentes dedican un tiempo a otras actividades como evaluación, preparación y corrección de exámenes o perfeccionamiento. Esto último es mucho más importante en el caso de los docentes auxiliares. En definitiva, aplicando estas correcciones (algunas para arriba, otras para abajo) el cálculo da que cada profesor frente a curso tiene comisiones de 56 alumnos en promedio y cuenta con el acompañamiento de un docente auxiliar.
Podríamos no creer en estos datos. Vale la pena compararnos entonces con el resto del sistema de educación de otros países de América. Con la misma cuenta falsa que hicieron Macri y Milei, la Universidad de Chile o la Universidad Federal de Sao Paulo tienen aproximadamente 11 alumnos por docente, muy parecido al 10,5 alumnos por docente en nuestras universidades. Y habría que resaltar que, en el caso de las Universidades chilenas y brasileras mencionadas, la inmensa mayoría de los profesores frente a cursos poseen máxima dedicación con lo que esas universidades invierten mucho más presupuesto en mantenerlos.
Estos datos nos indican que nuestro sistema universitario es el menos costoso al erario público de toda la región. Y eso se ve reflejado en los números. En 2017 Brasil invirtió en la Universidad Federal de Sao Paulo (18.143 estudiantes), 15.600 dólares por alumno y por año. Argentina, en la UNQ (18.039 estudiantes) 2.100 dólares por alumno y por año, 7 veces menos que su par brasileña. En las Universidades de tamaño grande, el panorama es el mismo, la UBA tiene asignado un presupuesto por año y por alumno 10 veces menor que la Universidad de Chile, 6,7 veces menor que la Universidad de Sao Paulo y 5,8 veces menor que la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
También escuchamos el argumento que a las universidades solamente iban hijos de universitarios, mientras que los pobres que no accedían les financiaban los estudios. Esto nos recuerda la frase de la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal que aseguró “Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. Si miramos los datos que publica el anuario de estadística universitarias de 2022 en las universidades nacionales el 21% de las madres de estudiantes a lo sumo terminó la primaria y el 62% a lo sumo terminó la secundaria. Asimismo, el 28% de los padres de estudiantes a lo sumo terminó la primaria y el 73% a lo sumo terminó la secundaria. En todos los casos el porcentaje aumenta en las de más recientes creación, demostrando que la cercanía es un factor decisivo para mejorar el acceso a la educación superior. En las universidades nacionales, aun en las tradicionales como UBA, UNLP, UNC, UNL, UNT, UNCuyo, los hijos de padres que fueron a la universidad son una minoría. En especial en las más nuevas 1 de cada 4 padres y madres no fueron a la secundaria, y sus hijos estudian en la universidad pública.
Una nueva falacia tiene que ver con el costo de cada estudiante para el erario público. En el programa de Jonathan Viale en el canal TN se preguntaban ¿cuánto gasta el Estado por egresado? La conclusión a la que llegaban era que se gastaba $3.580.186 por mes. Esta es otra cuenta mal hecha. En agosto de 2024 se transfirieron a las universidades 240.000 millones para salarios. Hay 100.000 egresados de grado anuales según el anuario de estadísticas universitarias, y la duración teórica de las carreras es de entre 5 y 6 años. Por lo tanto, haciendo las cuentas correctamente, lo que implica tener en cuenta que los docentes están atendiendo al mismo tiempo egresados de 5 o 6 cohortes según sea la duración teórica de cada carrera, el costo por graduado da menos de $480.000 por mes. Y con esa estimación se está asumiendo que cada estudiante que no termina la carrera es sólo pérdida, lo que está demostrado económicamente que no es cierto. Las encuestas permanentes de hogares que realiza el estado argentino muestran que el sólo hecho de haber concurrido a la Universidad modifica el estándar de vida de las personas, lo que no implica únicamente un desarrollo a nivel personal sino también el aporte ineludible al desarrollo de una comunidad.
Otra falacia que se escucha es que el problema de financiamiento es consecuencia de la creación de universidades nacionales desde el año 2002. Al presentar el proyecto de presupuesto para el año 2025 desde el gobierno aseguraron que “la asignación es cuatro veces mayor a la de 2023 pero como se crearon casas de estudios nuevas, hay una caída proporcional." Las 7 universidades originales (UNC, UBA, UNLP, UNL, UNT, UNCuyo y UTN) suman el 48,7% del presupuesto de las universidades nacionales. Las 19 universidades que se crearon entre 1956 y 1980, la mayoría del llamado "Plan Taquini", suman el 33,8%. Las 13 creadas en los 90 suman el 11,2%. Las 18 creadas entre 2002 y 2015 suman solo 6,2%. Finalmente, las 5 creadas en 2023 el 0,1%. Esto nos lleva a la cantinela inicial del neoliberalismo macrista-mileista, ¿tenemos demasiadas universidades?. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), elabora periódicamente datos de los que construimos los siguientes indicadores.
Comparemos, México con un 65% de la matrícula concurriendo a Universidades públicas tiene 2.900 Instituciones; Brasil, con un 26% de la matrícula concurriendo a Universidades públicas, 2.378, Chile con un 32,5% de la matrícula en las Universidades públicas, 61, y Colombia, con un 56% de la matrícula en las Universidades públicas, 343. Argentina tiene un 79,5% de la matrícula en las Universidades públicas y 131 Universidades de las cuales sólo 66 son públicas. Si bien es dramática la diferencia con Brasil y México, hay que tener en cuenta que estos países poseen un mayor número de habitantes que Argentina. Pero si normalizamos por el número de habitantes nos encontramos con que México tiene 26 Universidades por cada millón de habitantes, Brasil 12, Colombia 7,5 y Chile 4.
En este aspecto, Argentina, posee el menor índice de Latinoamérica con casi 3 Universidades por cada millón de habitantes (Gráfico 1). Entonces, ¿tenemos demasiadas Universidades?.
Veamos los mismos datos de otro modo. En el Gráfico 2 se resalta la diferencia de Universidades por habitante que tienen diferentes países de la región. Al ser Argentina el país que menos Universidades por habitante tiene, en el gráfico 2 se plantea la hipótesis de cuantas Universidades debería crear nuestro país, en relación a su población, para igualar la proporción de Universidades por habitante de los diferentes países allí mostrados.
Si quisiera igualar el índice de Brasil (el país que más se acerca al valor promedio de este índice en la región), Argentina debería crear 377 Universidades y para igualar el de México debería crear 920 Universidades más. Incluso para igualar a Chile deberíamos crear 31 nuevas Universidades.
Resulta claro que tenemos un sistema universitario eficiente cuando lo comparamos con otros sistemas de nuestra región. Por supuesto que es necesario mejorar algunos aspectos del mismo. Algo así, no se logra buscando excusas para denigrarlo. Por el contrario, es necesario proyectar mejores políticas educativas para garantizar los pilares de nuestra educación superior, la inclusión, la calidad y la pertinencia de cada una de sus actividades sustantivas.