La pesada herencia de la pandemia y como neutralizarla

Por Claudio Scaletta
No importa el área del gobierno con la que se hable, los datos son convergentes y las ansiedades las mismas. Los economistas lo sintetizan en una frase corta: “Habrá mucha destrucción de oferta”. Cuando la pandemia termine, un final que no tiene fecha cierta, muchos comercios y empresas ya no existirán. Julio fue el cuarto mes en que debieron pagarse salarios y alquileres sin que exista un “giro ordinario de los negocios”. Las estrategias del gobierno, como la ATP, funcionan como un paliativo para evitar una destrucción mayor, pero la recesión en marcha será sin duda histórica, como ya lo adelantan todos los indicadores sectoriales que se difunden mes a mes.

Nadie en el oficialismo quiere decir el número en voz alta, pero se espera que la desocupación se ubique a fin de año entre el 14 y el 16 por ciento, quizá un poco menos si se logra que la economía informal funcione como buffer, lo que ilusiona a los movimientos sociales. 

Al panorama global del nuevo desempleo debe sumarse que su impacto regional será muy diferenciado. Las grandes ciudades y sus periferias serán las más afectadas, efecto que potenciará un malestar social creciente que ya comenzó a ser explotado políticamente. Los sectores más radicalizados del macrismo y la prensa corporativa iniciaron la lenta desestabilización del oficialismo. Por ahora, a juzgar por lo raleado de las manifestaciones, el éxito es escaso. La memoria del desastre provocado se encuentra todavía demasiado fresca, pero no debería desdeñarse ni el poder de fuego mediático en la colonización de las subjetividades, ni el efecto que la persistencia del discurso del odio y la negatividad pueden tener en un clima social enrarecido por el aislamiento social y lo que le seguirá, el palpable deterioro de las condiciones de vida de la población.    

La pandemia fue llover sobre mojado y cambio todos los planes. No jugó, como se pensaba, a favor de la renegociación de la deuda. Los acreedores no se bajaron de sus demandas maximalistas por la razón menos esperada. Se prevé una sucesión de defaults soberanos y los grandes fondos creen que el caso argentino funcionará como testigo. Por eso BlackRock le dio vía libre a la renegociación con Ecuador el mismo día que rechazó la última oferta argentina, fue su manera decir “es por acá”. 

De este lado del mostrador jugó en contra el deseo casi desesperado del oficialismo de anotar algún gol entre la avalancha de malas noticias. Aunque la idea de “sostenibilidad” quedó en el tintero, lo mismo que un plazo de gracia más largo, es cierto que en los próximos tres años los pagos no serán significativos. Después se verá. Mientras tanto no caer en default facilita las renegociaciones de las deudas provinciales, que dicho sea de paso realizaron ofertas mucho más altas que la de Nación, con valores presentes de entre 75 (Mendoza) y 85 (Chubut) dólares por cada 100 de valor nominal (en muchos casos con el asesoramiento de los mismos que los ayudaron a colocar deuda, léase Daniel Marx). También facilita la renegociación de las empresas y, algo que no se conoce mucho, permite la continuidad de algunos créditos bilaterales con China, que no se entiende muy bien por qué tiene cláusulas de cross default, es decir que se cortarían en caso de un default soberano. Este tipo de créditos para infraestructura son cruciales para Argentina ya que son en dólares para gastos mayoritariamente en pesos, una buena noticia para las menguadas Reservas Internacionales.

Lo que sigue en materia de deuda, más allá del éxito o no que se obtenga con los privados del exterior, es el envío de una ley al Congreso que le garantizará a los acreedores en moneda local las mismas condiciones que recibirán los acreedores en moneda extranjera. Esta legislación tiene dos propósitos, por un lado servir de referencia para la futura construcción de un mercado de deuda en pesos, pues quedará el antecedente de que no es necesario tener ley de Nueva York para obtener las mejores condiciones, y por otro consolidar el apoyo político a la última oferta realizada. Por supuesto también queda la más ardua renegociación con el FMI, aunque los pagos fuertes comienzan recién en 2022, lo que brinda una ventana temporal más larga para el debate. Se trata de lo más arduo porque no existe cosa tal como “un nuevo FMI”. El organismo podrá moverse algunos grados a babor o estribor, pero sus objetivos geopolíticos y geoeconómicos continuarán siendo los mismos.  

Regresando a la recesión en curso y sus efectos, un dato que no consuelo es que el fenómeno es global. Las principales economías demandantes de las exportaciones argentinas también sufrirán una fuerte contracción, lo que significa que ni siquiera podrán desentenderse de la crisis los sectores locales que tradicionalmente desdeñan el ciclo interno porque su mercado es el externo. En áreas como los hidrocarburos y turismo, dos grandes promesas de los últimos años, el panorama es desolador. En menor medida, los exportadores de commodities de base agropecuaria sufrirán por la caída de precios y cantidades. 

Mientras tanto, toda el área económica del gobierno trabaja para desarrollar instrumentos para contener la profundidad de la recesión y evitar la conflictividad social en ciernes que, como siempre ocurre, también será parcialmente disciplinada por el propio alto desempleo. En esta materia no hay magia, la única vía consiste en sostener la demanda a través del Gasto. Las limitaciones, otra vez, se encuentran en la ejecución. Hasta ahora las herramientas principales para frenar la caída de la actividad fueron el IFE y la ATP. Más allá de los problemas iniciales en su instrumentación (el primer pago de la IFE se demoró un mes) se contaba con dos “unidades ejecutoras” estatales potentes, Anses y AFIP. Para la etapa que viene el eje de la expansión del Gasto será el impulso de la obra pública, pero para ello no se cuenta con los mismos instrumentos de ejecución rápida. En Economía evalúan utilizar las áreas del Estado con capacidad de realizar obras civiles, por ejemplo Aysa, YPF y Vialidad Nacional. Se trata de una discusión en curso.

Además de la obra pública también se necesitará reactivar la demanda de otros sectores. Ya existe un plan para el Turismo que se basará en premiar el consumo. Por ejemplo, quien adquiera un paquete turístico, recibirá un reembolso del 50 por ciento del gasto realizado en una tarjeta especial que sólo podrá gastarse en consumir nuevamente en hotelería, gastronomía o nuevos viajes. Es decir, se incentivará el consumo, pero a la vez se consumirá dos veces, la primera más el premio. El paquete fiscal para este programa rondará los 30 mil millones de pesos. También están en estudio planes similares para otros consumos, una suerte de ahora 12 y ahora 18 reforzados.

Como puede concluirse una cosa es afirmar que se necesita expandir el Gasto y otra muy diferentes es encontrar la mejor forma de ejecutarlo con un aparato de Estado diezmado por cuatro años de macrismo. Se necesita voluntad política, la teoría correcta, pero también mucha creatividad.