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Fueron miles las mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sólo se conocen los nombres de unas 360. Las palabras de 28 de ellas sirvieron para contar qué implicó ser mujer y estar secuestrada en ese campo de concentración en una muestra que se inauguró esta semana en el museo sitio de memoria ESMA. La exhibición hace foco en uno de los crímenes más invisibilizados por la justicia: los delitos sexuales durante la última dictadura.

A Graciela García Romero le transpiran las manos. Es la segunda vez que va a pisar el ahora sitio de memoria desde su liberación en 1978. En 2007, se presentó ante la justicia para denunciar los abusos que había sufrido por parte del capitán Jorge “Tigre” Acosta, el jefe del grupo de tareas durante los primeros años del régimen de facto. “Todavía no hay sentencia, pero no lo vamos a dejar así”, les dice a unos periodistas. Pese a que se está llevando adelante el cuarto juicio por delitos cometidos en el predio de Avenida del Libertador, ningún tribunal oral examinó hasta ahora los casos de violencia sexual en el campo de concentración más emblemático de la dictadura argentina.

A unos metros está el juez Sergio Torres, quien en 2009 procesó a Acosta por los sometimientos sexuales, distinguiendo a las violaciones como delitos autónomos y no subsumidos dentro de la categoría de tormentos – como se venía haciendo. Recién un año después de ese procesamiento, un tribunal de Mar del Plata avanzó al condenar a un oficial de la fuerza aérea por la violación de una prisionera.

Pese a todos los avances que registró el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la violencia sexual sólo fue tratada marginalmente por los tribunales. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, sólo un doce por ciento de las sentencias dictadas contempló y condenó la violencia sexual. De los 892 represores con sentencia, sólo 98 fueron condenados por este tipo de crímenes. Ninguno de ellos integró la patota de la ESMA. La justicia sólo reconoció que 75 mujeres y 11 hombres sufrieron abusos sexuales.

Sólo un doce por ciento de las sentencias dictadas contempló y condenó la violencia sexual.

En el Juicio a las Juntas (1985) y en los procesos que se sustanciaron en los años 80, hubo testimonios que denunciaron violaciones y distintas formas de violencia sexual, pero se englobó estos padecimientos como tormentos. El principal interés en esos tiempos pasaba por probar las desapariciones y la existencia de los centros clandestinos. Pese a que los delitos sexuales quedaron por fuera del alcance de la Ley de Obediencia Debida, no se registraron denuncias en los tiempos de vigencia de las leyes de impunidad. Sólo en los últimos diez años, los operadores judiciales empezaron a aguzar el oído y la mirada para entender lo que las mujeres decían.

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Voces y violencias

En el museo son las voces y declaraciones judiciales de 28 mujeres sobrevivientes las que cuentan cómo fueron sus días en ese centro de detención. Sus relatos son el corazón desgarrado de la muestra Ser mujeres en la ESMA. En una sala pequeña de la planta baja del excasino de oficiales, con paredes negras, una pantalla pasa una y otra vez sus testimonios junto con los de la fiscal ad hoc Mercedes Soiza Reilly y de Carolina Varsky, abogada querellante por el CELS en el segundo juicio ESMA.

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Las voces son distintas, pero se unen en un coro de relatos del horror. “Todas y cada una de las que pasamos por la ESMA fuimos víctimas de acoso sexual y algunas fueron violadas”, dice la periodista Miriam Lewin. “Abusos era la situación de estar tirada en una colchoneta y que los guardias nos manosearan a su antojo”, repone otra compañera de cautiverio. “Todas éramos sus prisioneras y ellos podían hacer con nosotras y nuestros cuerpos lo que quisieran”, describe otra sobreviviente. “Un guardia me dijo que me iba a llevar al baño, así me podía higienizar. Cuando volvíamos del baño, me violó”.

“Todas éramos sus prisioneras y ellos podían hacer con nosotras y nuestros cuerpos lo que quisieran”

Si resistían el manoseo de sus captores, pasaban a ser llamadas con un nombre de varón. Si los marinos querían salir a comer con mujeres, tenían que levantarse, arreglarse, pintarse y demostrar que esas mujeres secuestradas y torturadas tenían voluntad de seguir con lo que la Armada entendía que cualquier mujer occidental y cristina debía ser. “El ‘proceso de recuperación’: nos íbamos convirtiendo en una señora”, dice otra sobreviviente.

El reconocimiento de la violencia diferencial sufrida por las mujeres en los centros clandestinos se fue abriendo espacio en las iniciativas de memoria en los últimos tiempos -- especialmente al calor de las movilizaciones de Ni Una Menos. En la muestra, los relatos de los años de la dictadura se combinan con consignas feministas de todos los tiempos: Lo personal es político, Vivas nos queremos. “Es una interpelación del presente hacia el pasado”, explica la directora del museo sitio ESMA, Alejandra Naftal, quien también cuenta que el museo inicialmente no reparó en la violencia que sufrieron las mujeres por ser mujeres en el centro clandestino. “Nos hacemos cargo del silencio del guión museográfico sobre las mujeres”.

De eso no se habla en la Corte

Pero los silencios todavía encuentran ecos en los tribunales. La Corte Suprema dio a conocer días atrás una lista de fallos en los que trabajará en los próximos meses. De lesa, tratará el reclamo de una indemnización laboral de una hija de un trabajador de Techint secuestrado en la planta. En el cuarto piso del Palacio de Talcahuano, cuentan que la decisión de incorporar ese tema desató un juego de presiones dentro y fuera de los tribunales.

Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la sala III de la Cámara Federal de Casación consideró que los abusos sexuales debían ser tenidos como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen y no a sus superiores.

En su dictamen, el procurador fiscal Víctor Abramovich les dijo a los ministros que la exclusión de los superiores jerárquicos por los delitos de abuso y violación significa desatender al hecho de que fueron ellos quienes garantizaron las condiciones para que estos crímenes ocurrieran y para que luego se mantuvieran impunes.

En la Corte no descartan que este caso pudiera tratarse ese año. Si así lo hicieran y fallaran en línea con el dictamen de la Procuración, la decisión podría impactar en los tribunales y en los jueces que investigan los delitos de la dictadura, contribuyendo a reconocer y sancionar violencias que durante décadas estuvieron silenciadas.

¿Cuándo y cómo visitar la muestra?

Ser mujeres en la ESMA puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 17 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos [ex ESMA], Libertador 8151.