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La Justicia ordenó que el Gobierno debe pagar pensiones por discapacidad retroactivas a abril de este año, cuando tuvo lugar a una medida cautelar que impuso la restitución de las bajas impulsadas por el macrismo. Así, se deberá abonar una suma abultada que el oficialismo puede querer evitar pagar y patear a la próxima gestión.

Por decisión judicial, el 5 de abril se debían devolver las pensiones dadas de baja en 2016, sin embargo, no lo hicieron. Por eso, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) inició la ejecución – destinada a obtener el cumplimiento forzoso de una obligación – y los notificaron. Así, el Gobierno se vio obligado a acatar la orden, pero restituyeron pocas pensiones.

En total, en 2016 se dieron de baja 66251, en 2017 fueron 93076 pero el macrismo volvió a dar el alta a sólo 3166, aunque aún no presentó el anexo con el listado de los beneficiarios para realizar el correspondiente control. En paralelo, desde la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvieron pagar – nuevamente – esas asignaciones sin ser retroactivas a abril de este año, momento en que se dictó la cautelar.

Ante este panorama, desde REDI entendieron que la ANDIS no cumplió con lo estipulado por la Justicia, por lo que el pasado viernes, el Juzgado Federal de la Seguridad Social 8 ordenó que se acompañe un anexo con todas las personas que vieron suspendida su pensión – lo que vencerá el lunes 23 – y los intimó a pagar un retroactivo desde el 5 de abril, con intereses, a quienes se les dio el alta nuevamente. Para ello, tendrán tiempo hasta fin de mes.

Desde REDI advirtieron a El Destape que se trata de un monto de dinero muy importante. Actualmente, los beneficiarios cobran alrededor de $8.000 mensuales – el 70% de una jubilación mínima -, que deberá multiplicarse por seis meses y agregar un 40% de quienes vivan en zonas desfavorables. Si el Gobierno optara por seguir apelando y eludir el problema, la deuda le quedará a la próxima gestión.

Además, el presupuesto destinado al área se verá reducido el próximo año, así como la cantidad de beneficiarios. En 2019 se registraron un total de 1.032.926 pensiones no contributivas por invalidez (PNC) y un presupuesto de $ 113.670.223.113. Sin embargo, para el año próximo se proyectaron $ 155.468.703.492 y 1.000.926 PNC. Se trata de 32.000 personas menos y un aumento nominal de dinero del 36%, frente a una inflación interanual del 55%.

 

 

Valeria Suleiman, abogada apoderada de REDI, remarcó a El Destape que desde el Gobierno “siempre dijeron que fue un error, pero no fue un error porque si no, no seguirían apelando y no pagarían cuando los ponemos contra las cuerdas”. De hecho, el objeto final de la batalla judicial es la reincorporación de todas las pensiones dadas de baja en 2016 y 2017, pero la ANDIS definió hacerlo con poco más de 3100 y sólo a partir de septiembre.

Ahora, con esta nueva decisión judicial, el Gobierno deberá cumplir con el pago retroactivo de 3166 PNC a abril de este año. De no hacerlo, comenzará a pesar sobre él una multa de $3000 diarios.

A principio de año, se entendió que la modalidad impuesta para acceder a las PNC es inconstitucional ya que se estipula que la persona deberá acreditar una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más. Al respecto, la abogada aseguró que este porcentaje “es discriminatorio”.

Explicó que la legislación laboral estipula que el trabajador pasará a cobrar por ART cuando tenga un 66% o más de incapacidad laboral, y tiene derecho a jubilarse por invalidez. “¿Por qué a ellos (los pensionados por discapacidad) le van a poner 76%? Es inconstitucional porque discrimina”, agregó.

Además, se estipula que ni los beneficiarios ni su cónyuge pueden percibir ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva -es decir que no requiere aportes previos-; ni estar empleados bajo relación de dependencia. Tampoco pueden tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar. Esto, analizó Suleiman, “es violatorio de la idea de autonomía”.