Horacio García, director nacional de Migraciones, brindará este viernes una charla sobre el procedimiento de deportación de Argentina. Pero lo llamativo es que el afiche propagandístico para convocar a los vecinos tiene signos de exclamación, mostrando la emoción del oficialismo en la expulsión de extranjeros.
"¡Te esperamos para conversar sobre el nuevo procedimiento de deportación en Argentina", dice el flyer publicado por el Pro Comuna 2, con el objetivo de invitar a la charla de este viernes a las 18.
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Con el decreto 70/17 se modificaron algunos aspectos centrales de la Ley de Migraciones. Al respecto, el representante del área de litigios y defensa legales del CELS, Diego Morales, explicó que a partir de estas modificaciones “se acortó el tiempo que tiene un migrante para discutir con la Dirección Nacional de Migraciones su expulsión, solo cuenta con 3 días para realizar cualquier trámite y en una semana, la Dirección puede tramitar su expulsión” y tensionó aún más la situación de aquellos migrantes que cuentan con antecedentes penales, tal como reveló El Destape.
“Antes la expulsión estaba relacionada a un hecho grave y una pena superior a tres años. Con las modificaciones por DNU, ahora la expulsión podrá ser por cualquier tipo de delito, no es necesario tener una condena sino solo estar en un proceso judicial”, indicó.
Uno de los casos que puso en el centro de la escena este procedimiento es el de Vanessa Gómez Cueva, una joven peruana que fue deportada por sus antecedentes penales a pesar de que cumplió con la pena y se “reinsertó” en la sociedad, y a quien obligaron a dejar a sus dos hijos menores en el país.
Desde Amnistía Internacional junto al CELS, a la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron la crueldad y la ilegalidad con la que procedió el Estado argentino contra esta mujer, tal como informó la periodista María Miranda.
En 2014, Vanessa cumplió su condena de 4 años de prisión por portación de estupefacientes a través de un juicio abreviado. Salió de la cárcel, comenzó a estudiar y de a poco empezó un proceso lento y constante de resocialización. Se recibió de enfermera y se hizo responsable de sus tres hijos argentinos.
Por tener una residencia precaria, la joven se presentó el año pasado en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para tramitar su DNI y así poder recibir le título de enfermera, pero le notificaron que iba a ser expulsada por tener antecedentes penales. Vanessa presenta un recurso ante la DNM para dejar sin efecto la expulsión basándose en el arraigo de años viviendo en el país (más de 20) y el cuidado de su familia, pero se resolvió en contra de sus intereses.
El 1 de febrero, dos oficiales se presentaron en la casa de Vanessa diciéndole que solo la iban a llevar a firmar un papel, pero no fue cierto y la trasladaron engañada a una dependencia de la Policía Federal para concretar su expulsión.
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