“Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”, le dijo Ibar Pérez Corradi, preso por tráfico de efedrina, a El Destape en una entrevista exclusiva. Como reveló este medio, el Ministerio de Justicia, de Germán Garavano, utiliza el Programa de Protección de Testigos e Imputados para presionar y direccionar declaraciones contra ex funcionarios kirchneristas. Pérez Corradi es la contracara de Leonardo Fariña, quien siguió al pie de la letra un guión armado para implicar a la expresidenta en la causa por la obra pública durante el Gobierno anterior, como denunció su abogada Giselle Robles, y recibió beneficios extraordinarios, como tener OSDE por más de $9.500 mensuales, pagada por el Gobierno.

Desde el pabellón 7 del penal de Marcos Paz, donde se alojan los testigos protegidos detenidos, Pérez Corradi habló con El Destape y reveló que cuando estaba prófugo en Paraguay, en plena negociación para su extradición a la Argentina, en 2016, “Dalmau Pereyra viajó a Asunción para eso”. Para decirle que tenía que involucrar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez. Este hombre “era uno que estaba en la Agencia Federal de Inteligencia y ahora está en la Embajada de Chile, creo”, agregó.

Según contó, él no les dijo “que iba a declarar eso”, por lo que el buen trato con él duró apenas dos o tres semanas. En este sentido, advirtió: “Ellos (por el Gobierno) quedaron en que me iban a traer las pruebas”. Consultado por si había recibido esas evidencias, dijo “no, no”.

Finalmente, la extradición se hizo efectiva. Carlos Broitman, abogado de Pérez Corradi, manifestó a El Destape que su defendido “pidió dos cosas: que lo cuiden, estar bajo el sistema de protección de testigos y que no quería volver al servicio penitenciario federal”.

Este acuerdo fue refrendado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que se inmiscuyó en un área que no le corresponde, ya que eso debe ordenarlo un juez. En un documento exclusivo al que accedió este medio, la funcionaria se comprometió a que Pérez Corradi no estaría dentro del Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense, siempre y cuando brinde los datos que dijo que tenía para brindar, y que su familia iba a ingresar al Programa de Protección de Testigos.

“Bullrich se compromete a que no iba a estar nunca en un complejo federal ni bonaerense”, dijo Pérez Corradi y agregó: “Parece que, como lo dije en un juicio, que la firma de la Ministra de Seguridad vale menos que la palabra de una meretriz transexual adicta al paco. Eso lo dije en un juicio, está la filmación y todo”. Sin embargo, en esas negociaciones él no tuvo contacto directo con la funcionaria macrista, según aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de que el acuerdo se haya roto porque él no brindó la información que esperaban que diera, respondió: “Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso” y agregó que decidió “no mentir”. En comunicación telefónica, enfatizó: “Declaré y decidí no mentir”.

Se le preguntó si el Gobierno le manifestó abiertamente que querían que implicara al ex candidato a gobernador del peronismo y contó: “Dalmau Pereyra viajó a Asunción para eso. Era uno que estaba en la AFI y ahora está en la Embajada de Chile, creo”. Después de eso, manifestó que la “luna de miel” o el buen trato para con él duró “poco, dos semanas, tres semanas. Pero tampoco fue que les dije que iba a declarar eso. Ellos quedaron en que me iban a traer las pruebas”, las cuales nunca le dieron, tal como manifestó.

Tras su extradición, Pérez Corradi estuvo alojado en el edificio Centinela, en Retiro, donde dijo haber estado más tranquilo porque no tenía que codearse con el personal del Servicio Penitenciario, pero luego fue trasladado al penal de Marcos Paz donde, hace una semana, está en huelga de hambre junto a otros Testigos Protegidos: “Estamos los tres testigos protegidos en huelga de hambre porque la comida que mandan acá no se pude comer y a las visitas nuestras no las dejan pasar con comida. A mí, en particular, no me traen mi visita hace dos meses”. Y agregó: “No es que estamos reclamando excarcelación o domiciliaria. Estamos reclamando comida”.

A contramano de Fariña, que recibió un departamento, libertad de movimientos y es beneficiario de la prepaga OSDE por más de $9.500 mensuales, según pudo corroborar El Destape, Pérez Corradi no recibe alimentos aptos, según denunció. Pero no es el único problema. La seguridad de un protegido dentro del penal tampoco es buena: “La seguridad que tenemos es como de castigo. O sea, un preso normal secuestra al encargado, le mete una puñalada. Bueno, al preso que hace eso lo mandan al pabellón de castigo, que es el pabellón 7, donde estamos nosotros, todos saben que estamos acá. Y en el pabellón de castigo están encerrados todo el día y los dejan salir una hora por día. Así nos tienen a nosotros, a mi hace dos años”.

El Destape le consultó si sabía de otros testigos protegidos que hayan atravesado la misma situación que él y mencionó el caso del empresario Mariano Martínez Rojas: “Estaba acá preso conmigo y le dijeron que tenía que hablar mal de Cristina”. Según su relato, “cuando él declaró las cosas que le pedían, lo sacaron de la cárcel y lo mandaron a la domiciliaria. Estaba en una quinta con pileta, con quincho, todo”. Sin embargo, dijo: “Después no sé qué problema hubo, no quiso seguir mintiendo y lo sacaron del Programa enseguida”. Al respecto, se le preguntó si seguir un guión del Ministerio mejora automáticamente el estilo de vida de los protegidos y respondió, tajantemente, “sí”.