Los grandes problemas macroeconómicos que deberá afrontar el futuro gobierno de Alberto Fernández son dos: la restricción externa y el bimonetarismo, dos fenómenos preexistentes a la gestión macrista, pero que la experiencia cambiemita agravó al extremo. Se trata de cortar los ciclos de aguda inestabilidad provocados por quedarse sin dólares y recuperar la función de reserva de valor de la moneda local. La resolución de ambos problemas, estructurales y altamente correlacionados, demanda la trabajosa construcción de un nuevo consenso social.

  El problema de la restricción externa es el más conocido. Brevemente, la producción local es altamemente dependiente de insumos y bienes de capital del exterior y cuando la economía crece las importaciones comienzan a crecer mucho más rápido que las exportaciones hasta que la economía se queda sin dólares. Cuando el problema aparece surgen las dificultades para sostener el precio del dólar, la inflación se acelera por las devaluaciones y la macroeconomía entra en un escenario de alta inestabilidad. Normalmente son los momentos en que los gobiernos caen. Se trata de un ciclo económico que determina el ciclo político y cuya resolución requiere un programa de desarrollo explícito que transforme la estructura productiva. La capacidad de abastecerse de divisas es el límite real para la expansión económica de todos los países que no emiten una moneda que sirva como medio de pago en el comercio internacional. Nótese que cuando aumenta la masa salarial se expande la demanda, la economía crece y se pone en marcha el ciclo que conduce a la restricción. La conclusión es conocida e inmediata, la inclusión demanda desarrollo. No hay forma de escapar. Puede haber condiciones externas más o menos favorables que demoren o aceleren el proceso, pero la restricción siempre llega.  

  El problema del bimonetarismo de facto es igualmente conocido pero, extrañamente, no se lo plantea como uno de los problemas centrales de la economía. Es el emergente de la pérdida de la función de “reserva de valor” de la moneda local producto de la inestabilidad macroeconómica crónica que viene, al menos, desde la última dictadura militar. Su consecuencia es la dolarización de los excedentes. Es el origen de la llamada “fuga” o formación de activos externos. Al fenómeno se lo suele tratar bajo un halo de sanción moral y como una característica idiosincrática. Se habla, por ejemplo, de “empresarios fugadores”, o se critica a quienes “tienen la guita afuera” y no le repatrían, cuando en realidad se trata de la más normal y racional de las conductas económicas: resguardar los excedentes de la depreciación. No hablamos aquí del dinero negro, que es otro problema, sino de que el ahorro local es también una fuente de demanda de divisas y agrava, en consecuencia, el problema estructural de la restricción externa, es decir, las exportaciones deben producir dólares para afrontar las importaciones y todos los compromisos externos y además, para cubrir los excedentes generados en la producción.

 

  Adicionalmente, el fenómeno del bimonetarismo es inseparable de las cíclicas demandas de dolarización. Cuando llegan momentos de crisis neoliberales como el actual o como a fines de 2001 se alzan voces que demandan antes que la repesificación de la economía, la completa dolarización. El “fundamento teórico” es la creencia de que los desequilibrios macro son un problema monetario, que si se adopta una moneda de valor más estable eso le dará estabilidad a la macroeconomía. Quizá los menos memoriosos simplemente no recuerden la inflación en dólares de la época de la convertibilidad. El fundamento real es mucho más pedestre, el viejo sueño de mocharle al Estado la política monetaria.

  La política económica tiene dos patas, la política monetaria y la política fiscal. No tener moneda propia condena al Estado nacional prácticamente al estatus de autonomía de una provincia. Las provincias tienen algún margen para hacer política fiscal, pero no monetaria (salvo, claro, que emitan las llamadas cuasi-monedas). No es casual que las propuestas de dolarización provengan del pensamiento ultraortodoxo, el mismo que eleva a la categoría de dogma la “independencia de los Bancos Centrales”, es decir la idea de que las políticas económicas y fiscales no deben coordinarse. Lo que en realidad está por detrás es la voluntad de limitar la soberanía de los Estados, básicamente que no se utilice la política monetaria como una herramienta de expansión económica. Si se acerca la lupa el objetivo es limitar el tamaño y las funciones del Estado. Los dolarizadores sueñan que si no se puede emitir moneda no se puede expandir el gasto salvo que se aumenten los impuestos. Son ideas zombis porque no mueren aunque estén muertas, pero de las que conviene prevenirse en salud.

  La pregunta de fondo es cómo salir del bimonetarismo y reconstruir la propia soberanía monetaria restituyendo a la moneda local la función de reserva de valor. Esta función supone un proceso de estabilidad macroeconómica de largo plazo que posibilite la “recuperación de la confianza” en la moneda local. El dueño de un excedente debe saber que no perderá valor si se queda en pesos. Ello no demanda necesariamente inflación cero, sino una tasa de interés positiva. A Brasil le llevó más de una década con tasas altísimas. Lo que si se necesita es una inflación predecible y estable, lo que a su vez demanda estabilidad cambiaria. Otra vez, no un dólar fijo, pero sí de valor predecible.

  La estabilidad del dólar demanda al mismo tiempo tener resuelto el problema de la restricción externa. La estabilidad macroeconómica es inseparable de tener “ordenada” la puja distributiva, la lucha de clases, tanto entre el capital y el trabajo (salarios) como entre las distintas facciones del capital (tipo de cambio y tarifas). Los países que tienen baja inflación no son los que aplican una regla monetaria perfecta, sino los que tienen resuelta esta puja. Ejemplos cercanos son Chile y Uruguay. A la vez, tener ordenada la puja distributiva significa que existe al interior de la clase dominante un consenso sobre el modelo de desarrollo. No se puede pasar cíclicamente de modelos nacional-populares al neoliberalismo extremista. Construir este nuevo consenso sobre un modelo de desarrollo, mucho más que el necesario acuerdo inicial de precios y salarios, es la tarea ciclópea que deberá asumir Alberto Fernández.