Jaime y Vázquez están detenidos desde hace días por el juez Julián Ercolini, pero Delgado también reclama la prisión preventiva de Schiavi, ya que registra una condena de 8 años de prisión por la denominada tragedia de Once la cual "debe ser ponderada a la hora de evaluar la libertad" y se debe "asegurar su comparecencia al eventual juicio oral".
"A partir del 8 de abril de 2004 los representantes del Poder Ejecutivo y sus cómplices, comprometieron la voluntad del Estado Nacional al celebrar los acuerdos con las firmas del Reino de España, Sociedad Mercantil Estatal Española de Expansión Exterior SA, Red Nacional de Ferrocarriles de España, Ferrocarriles Vía Estrecha, más la firma de la República de Portugal Caminhos de Ferro Portugueses", explicó Delgado.
El pedido lo hizo luego que finalizara el juez la ronda de indagatorias fijadas en esta causa, y que ahora está en condiciones de resolver si los procesa o no. Jaime y Vázquez están detenidos desde hace días en el penal de Ezeiza en tanto que por ahora el resto está en libertad, y ahora se suma el pedido fiscal para decretar prisión preventiva de Schiavi. La compra de trenes a Espana y Portugal fueron a través de nueve y tres contratos con esos países, respectivamente, y se pagó la suma de 76.313.108.85 euros en el caso de las empresas españolas, y de 25.639.896 en el de la portuguesa.
Fue entre 2004 y 2009 la firma de esos convenios, y Jaime dijo en indagatoria que lo hizo por instrucciones del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y luego de la esposa de éste Cristina, y también por parte del ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fuera citado a indagatoria en esta causa para el 27 de abril próximo.
El fiscal Delgado valoró recordó que los convenios implicaron sumas millonarias "por material que no lo valía y generar "retornos", cuya cara visible fue el Señor Manuel Vazquez y la empresa que representaba Caesa".
"Esto significa que es altamente probable que antes de expresar la voluntad del Estado en decretos, resoluciones y contratos, se haya llegado a un pacto fundadamente para sustraer caudales públicos, con la excusa de hacer algo con el sistema ferroviario", concluyó.
Los trenes que compró la Argentina además de sospecha de sobreprecios, también según informó la Auditoría General de la Nación (AGN), más del 40 por ciento del material rodante se encuentra fuera de servicio, deteriorado y sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias para su uso.
"Se abonó a la empresa Expansión Exterior SA conceptos por "rehabilitación y dirección de obra y asistencia técnica" que se realizaría en la Argentina, pese a que el 100% del material adquirido se encontraba sin rehabilitar, depositado en talleres ferroviarios", según el informe citado por la fiscalía.
"Por ello deben ser procesados, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vazquez por los delitos de peculado y cohecho. A la par que ese procesamiento debe ser acompañado con la medida de cautela personal llamada prisión preventiva", cerró. Jaime cuenta ya con tres condenas unificadas en seis años por la tragedia ferroviaria de Once donde fue condenado por administración fraudulenta a raíz de los subsidios que recibía la concesionaria TBA.
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