Luego de conocer los fundamentos de la condena contravencional contra Milagro Sala por el acampe que organizó la Tupac Amaru frente a la Gobernación jujeña hace un año, la defensa de la dirigente social adelantó que pedirá la "revisión judicial de todo el proceso".
"Es un horror jurídico", sentenciaron los abogados defensores tras analizar los fundamentos del veredicto de 33 páginas, el que denunciaron es "un copiado y pegado de distintas pruebas y declaraciones que fueron presentadas durante el debate, descontextualizadas, parciales, seleccionadas en función del interés de dar por valida una pena imposible de justificar".
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Según señalaron los abogados defensores, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, que le dictó a Sala una pena de inhabilitación para integrar entidades con personería jurídica por el lapso de tres años y tres meses, además de una multa de 3.700 pesos, "no tiene un sólo argumento".
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"No tiene un sólo argumento que permita sostener cómo llegó a sancionarla con la pena económica máxima y mucho menos a proscribirla por más de tres años, lo que a todas luces fue una decisión arbitraria e inconstitucional", señalaron y advirtieron que, en todo caso, el Código Contravencional establece como pena máxima tres meses de inhabilitación.
Marcos Aldazaval, integrante del equipo de defensa de Sala, cuestionó la inhabilitación dictada contra la parlamentaria del Mercosur al sostener que la pena debería conducir a la "resocialización del condenado" y no "someter a una persona al ostracismo social por un defecto en el ejercicio de una actividad".
"Sin embargo, justamente ese es el objetivo que persigue Morales a través de sus marionetas judiciales y ello se evidencia aún más en la duración de la inhabilitación. Tres años. Hasta que el contador finalice su mandato", subrayó el letrado.
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