El gobierno de Mauricio Macri realizó un salvaje recorte sobre el presupuesto asignado a políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes para 2019, a través de una resolución que viola los derechos de los más jóvenes y su protección integral.

En un contexto nacional donde casi la mitad de los chicos, chicas y adolescentes están sumidos en la pobreza y en medio de los avances del macrismo para bajar la edad de imputabilidad, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se deshizo de parte de los fondos asignados a tres áreas fundamentales para proteger la niñez y la adolescencia.

En concreto, el recorte fue de $900 millones a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), que rige las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de la niñez; $28 millones a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene a su cargo el monitoreo sobre la efectividad de aquellas políticas; y la Comisión Bicameral que debe designar al defensor o defensora.

La medida firmada el pasado 11 de enero por Peña y por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viola los derechos de uno de los grupos sociales más vulnerables del país y es inconstitucional, ya que desconoce la asignación de fondos aprobada por el Congreso de la Nación.

"Ni la SENNAF ni la Defensoría van a tener ni siquiera un presupuesto equivalente al de 2018 y son los principales órganos rectores del sistema de protección integral", cuestionó en declaraciones a El Destape Julieta Izcurdia, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). "Por lo tanto deberían tener presupuetos robustos y de alguna manera el hecho de ese recorte indica cuáles son las prioridades del Gobierno", sumó.

Para Izcurdia, la situación es "sumamente grave", ya que el recorte se da en un contexto donde "el 48% de los chicos enfrentan situaciones de pobreza y no acceden a la educación, la salud, a la protección social de la misma manera que el resto de los chicos".

ACIJ junto con otras organizaciones de la sociedad civil forman el colectivo Infancia en Deuda (IED), que vela por el cumplimiento de la ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la definitiva designación del defensor o la defensora de la niñez, una figura fundamental para la norma.

Ante la presentación del proyecto presupuestario para este año, desde IED advirtieron que el Ejecutivo planteaba un recorte presupuestario en términos reales con respecto a lo asignado durante 2018 de alrededor del 67% para la Defensoría y la Comisión Bicameral y del 35% para la SENNAF. Y la aún más grave reducción del 75% en en el caso del programa destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia la SENNAF.

Frente a esa situación, las organizaciones visibilizaron su reclamo, apoyado sobre el principio de no regresividad (que no puede recortarse la cantidad de fondos) establecido en la ley de protección integral, y lograron cambios sustanciales en las asignaciones.

El artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.467 dispuso una asignación adicional de $900.000.000 a la SENNAF (pasando de $3.305.474.918 a $4.205.474.918), aunque sin especificar el Programa destinatario de dichos recursos. En el mismo artículo, se estableció una asignación adicional de $4.000.000 para la Comisión Bicameral (pasando de $2.771.786 a $6.771.786) y de $28.000.000 para la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (pasando de $22.174.283 a $50.174.283).

No obstante, la decisión administrativa de Peña y Dujovne para distribuir el crédito presupuestario no contempla esas partidas adicionales. Es decir, el dinero destinado a esas áreas está en los mismo niveles que planteó el Ejecutivo y que incumplen la propia ley argentina, que establece la intangibilidad de esos recursos, y los tratados internacionales de protección de la infancia.

"Esperamos que los fondos se restituyan inmediatamente porque la medida es inconstitucional. El Congreso aprueba el presupuesto y el Ejecutivo no puede desautorizarlo de esa manera. Además es contrario a la ley de protección integral, que establece la intagibilidad de los presupuestos destinados a Infancia", remarcó Izcurdia.

Al tiempo que sostuvo que, según los estándares de Derechos Humanos, la acción del macrismo "significa que hay una regresividad en la política pública. Es completamente violatorio de los derechos de los niños".

El ajuste presupuestario no parece casual ni aislado luego de que el propio Gobierno instalara en los primeros días de 2019 la intención de modificar el Código Penal para bajar la edad de imputabilidad hasta los 15 años. Para la abogada ambas cuestiones "tiene correlación" en tanto la SENNAF y la Defensoría "tienen que monitorear y ejecutar políticas públicas que de alguna manera equiparen la desigualdad en la que viven muchos de los chicos que terminan siendo criminalizados".

"La prioridad del Gobierno debería estar en fortalecer este tipo de organismos y no en fortalecer el régimen penal, que ya es contrario a los estándares internacionales y debería reformarse", subrayó.

Y criticó: "Esa reforma debería hacerse en un marco de debate más amplio, democrático y que contemple los estándares vigentes, no que sea prácticamente lo mismo, sin garantías procesales para los chicos no punibles. Hay que fortalecer el sistema de protección y la prevención para que los chicos no sean sometidos al régimen penal".

El pasado viernes, Infancia En Deuda envió notas dirigidas a Peña, Dujovne, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y a ambas cámaras legislativas para que informen los motivos del brutal recorte, no obstante, hasta el cierre de esta nota el colectivo no había recibido ningún tipo de respuesta

El reclamo por el Defensor o la Defensora de niñas, niños y adolescentes y la importancia del mismo en este contexto

La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada en 2005 y dispuso un plazo de 90 días para el nombramiento del defensor o la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Sin embargo, el cargo permanece vacante desde su creación.

La designación es una competencia del Congreso, a través de una Comisión Bicameral, que está a punto de completar el proceso de elección, luego de una sentencia originada en una presentación judicial de Infancia en Deuda y otras organizaciones sociales.

Al momento, sólo queda pendiente la ponderación final de las y los postulantes por parte de la Bicameral, antes de elegir al primer defensor o defensora, hecho que debe ser refrendado por ambas cámaras. Sin embargo, la decisión final se dilata en el tiempo, ya que un pedido expreso de IED para tratarlo en sesiones extraordinarias fue desoído, al contrario de la intención de Gobierno para modificar la edad de imputabilidad.

"No debería hacerse un debate en sesiones extraordinarias cuando es un tema tan complejo que requiere un debate profundo y serio. Hemos solicitado que se trate la designación del defensor y el pedido no fue receptado", consideró Izcurdia al respecto.

En esa línea, resaltó que la importancia del defensor ante un conflicto legal que involucre a los más jóvenes, ya que esa figura está para "garantizar la participación de los afectados directos, como son los adolescentes o los niños".

"Este debate debe darse en un marco que permita una discusión amplia y robusta, basada en información y adecuada a los estándares de derechos humanos vigentes y el Defensor sería una figura clave para garantizar que esto suceda", sentenció Izcurdia con respecto al debate de la imputabilidad.