El desembarco masivo de ex gerentes y directores de sociedades comerciales en el gabinete nacional durante el gobierno de Cambiemos introdujo en el Estado un tipo particular de racionalidad política empresarial que constituye la marca distintiva de la denominada CEOcracia: un conjunto de valores, prácticas y creencias sobre lo público que se derivan de los principios del management empresarial. La internalización en el Estado de este tipo de racionalidad, que coloca todos los atributos positivos en el mundo de la empresa privada y todo lo negativo en la administración de lo público, implica una suerte de “cruzada modernizadora” para “gestionar de manera eficiente” el Estado.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de “modernización”? Desde el avance de la ideología neoliberal a mediados de los años setenta, el término fue adquiriendo múltiples significados que remiten a una idea simple: trasladar la supuesta eficiencia derivada de la competencia propia de la competencia mercantil al ámbito de lo público. “Eficiencia”, “competencia”, “racionalización”, “flexibilidad”, “espíritu emprendedor” son todas categorías asociadas al paradigma modernizador que propicia un nuevo modelo de gestión y organización de la administración pública e instala una falsa superioridad moral de aquellos que se ganan la vida trabajando en el sector privado por sobre los que lo hacen en el sector público.

¿Es posible concebir al Estado como una empresa? ¿Tiene sus mismos objetivos? ¿Defiende los mismos intereses? ¿Cumple las mismas funciones? La respuesta en todos los casos es negativa. En el Estado se producen e implementan políticas y bienes públicos que deben garantizar derechos del conjunto social más allá de la lógica del beneficio particular. La idoneidad pasa por saber formular e implementar esas políticas y no por obtener mayores utilidades o franjas de mercado. ¿Por qué entonces asumir que si gestionaron exitosamente empresas están preparados para producir políticas públicas? Suponer que los que vienen del sector son los mejores para gobernar ese sector acarrea enormes riesgos y dificultades para la administración del Estado que suelen omitirse deliberadamente en el debate de estos temas: potenciales conflictos de interés, permeabilidad al lobby sectorial, captura regulatoria y cultural de la decisión pública, desconocimiento de la cultura y las normas que rigen el ejercicio del cargo y la función pública, dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios con compromisos políticos débiles y el riesgo de internalizar en el entramado estatal las disputas entre las diversas fracciones de las elites económicas y sus lógicas predatorias de los recursos públicos, entre otros. 

Con la llegada de Macri al gobierno nacional, los “mejores”, los managers “exitosos” emergieron en el discurso oficial como los más idóneos para desempeñar los cargos de alta función pública. De forma deliberada y explícita el Presidente conformó su gabinete privilegiando como criterio de reclutamiento el paso por la alta dirección en empresas privadas para conformar lo que sería públicamente presentado como el “mejor equipo de los últimos cincuenta años” encargado de mostrar su capacidad para “modernizar el Estado” de una vez por todas.

La “cruzada modernizadora” quedó a cargo Andrés Ibarra, un hombre de estrecha confianza del Presidente, al que conocía desde su paso por diversos puestos en las empresas del grupo SOCMA, en la gestión del Club Boca Juniors y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplió similares funciones. El objetivo explícito del Plan de Modernización del Estado promulgado en marzo de 2016  era el de “convertir el Estado en garante de la transparencia y el bien común” aplicando diversas políticas públicas que básicamente se refieren a dos áreas cruciales: la administración “eficiente” de los recursos humanos y la digitalización de los actos administrativos (expedientes electrónicos, firma digital, etc.). 

¿Quiénes estuvieron a cargo de la “modernización del Estado”? Si se toma en cuenta las trayectorias laborales previas a la ocupación del cargo público de los funcionarios del gabinete inicial de Modernización, se observa que dos tercios venían de ocupar cargos similares dentro del área de Modernización, Innovación y Tecnología del GCBA y el tercio restante, venía directamente del sector privado sin experiencia previa en la gestión pública. Sin embargo todos los funcionarios, tanto los que llegaron desde el gobierno de la CABA como los que se incorporaron directamente desde el sector privado contaban con experiencia previa en cargos gerenciales de empresas privadas. 

En estos casi cuatro años pasaron por el área de Modernización 21 altos funcionarios de los cuales: 18 ocuparon altos cargos en empresas privadas, 4 de ellos en firmas del grupo Macri (Ibarra, Leijo, Martinez y Baqué), 5 ocuparon los cargos altos en el sector privado antes de asumir (puerta giratoria de entrada) y 7 mantenían cargos en directorios de firmas privadas a junio 2018, tal como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1: Red de vinculaciones con empresas privadas de los funcionarios del área de Modernización de la Nación desde diciembre 2015 hasta agosto 2019.

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Tomando en cuenta los lugares en los que trabajaron anteriormente y los puestos desempeñados en directorios de empresas privadas, se registran varios casos de funcionarios del área de Modernización vinculados a empresas que actualmente son contratistas del Estado. Los casos de Marta Inés Baqué, en HSBC y Microsoft; Hugo Darío Miguel en Tesam Argentina SA, Laura Silvia Borsato en Prisma SA y Citibank y María Martelo en Datawaves SA, son sólo algunos ejemplos. 

Más allá de que esta configuración particular de gabinete eleva los riesgos de conflictos de interés y facilita la permeabilidad al lobby empresario del sector telecomunicaciones y de tecnologías informáticas, el rasgo más llamativo de la gestión “modernizadora” es el nivel de captura cultural y regulatoria que atraviesa la concepción de lo estatal y de sus trabajadores. La adquisición del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) muestra a las claras cómo opera este tipo de capturas en contra del interés público.

Veamos. En septiembre de 2016 el gobierno llamó a licitación pública para implementar en toda la administración nacional un software que había sido desarrollado previamente por la AFIP y que se había adoptado en algunas dependencias públicas con la asistencia técnica del organismo recaudador. En vez de continuar con ese proceso tecnológico desarrollado en el Estado, y con la excusa de la celeridad en la implementación del nuevo sistema, Modernización optó por contratar a consultoras privadas para que implementaran el software con asistencia y capacitación a cargo de los propios técnicos de la AFIP (11 ganaron la licitación y 6 firmaron contratos por casi 89 millones de pesos). Es decir que el Estado terminó pagando por algo que creó y que ya estaba siendo implementando de manera exitosa generando un ámbito de negocios para un conjunto de firmas privadas basado en un desarrollo tecnológico del sector público. ¿Se trata de mejorar u optimizar el funcionamiento del Estado, tal como se declama, o de ceder al sector privado oportunidades de acumulación privilegiada? 

En un contexto en que el Estado tiene que dar respuesta a problemáticas de alta complejidad, es crucial contar con una administración pública acorde a la magnitud del desafío. Un cuerpo de altos funcionarios preparados, honestos y comprometidos con los valores democráticos, capaces de responder eficientemente a las demandas sociales, de evitar la cooptación por poderes fácticos; de cuidar los recursos públicos y de asegurar el bien común. Y también de una ciudadanía atenta que defienda el valor de lo público y no se deje obnubilar por los “espejitos de colores” del discurso “modernizador” que nos deja un “Estado bobo” al servicio de unos pocos.