Tras la publicación en el Boletín Oficial de un nuevo reglamento sobre uso de armas de fuego por parte las fuerzas de seguridad, varias provincias se manifestaron en contra de la decisión impulsada por la ministra Patricia Bullrich. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, es un de los más críticos de la medida que propone Cambiemos. En diálogo con El Destape, Lifchitz explicó cuáles son los principales problemas del nuevo protocolo y por qué decidió no acompañarlo.

La disposición oficial determina una mayor libertad en el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad. En su artículo 2, el reglamento dispone que "se hará uso de las armas de guerra", entre varios supuestos, "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".

Ese "peligro inminente" está definido en el artículo 5 a través de diferentes supuestos. Los casos que genera mayor preocupación se relacionan con la posibilidad de poder disparar cuando "el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal" o incluso que no esté armado pero "tenga la capacidad de producir la muerte o lesiones graves a cualquier persona".

En otros de los escenarios se plantea la alternativa de que la persona a disparar efectuase movimientos que indiquen "la inminente utilización de un arma", o casos cuando la persona "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves", entre algunas de las circunstancias planteadas en el Anexo publicado en el Boletín Oficial.

El Destape: ¿Por qué decidiste no adherir al protocolo del ministerio de Seguridad?

Miguel Lifschitz: Nosotros no creemos que sea necesario ningún protocolo adicional a las normativas vigentes que están determinadas por el marco constitucional y de los pactos internacionales que regulan la intervención del Estado en la prevención del delito o en la represión del delito. Esas normativas, más las reglamentaciones en nuestro caso que tiene la policía de Santa Fe, son más que suficientes. Es un error hacerle creer a la ciudadanía, que está obviamente preocupada y angustiada por los problemas de la violencia y de la inseguridad, que eso se va a resolver con más violencia policial. Lo que se necesita es una policía más inteligente y mejor formada, no más violenta.

Por otro lado, en el 99 % de los hechos de violencia que se producen no hay ningún policía presente. La medida que se propone realmente tiene cero efecto sobre la inseguridad y en cambio puede dar lugar a la comisión de hechos de violencia institucional que están penados por las normativas vigentes. No somos para nada partidarios ni de ese tipo de medidas ni de ese tipo de discursos que incluso a veces van más allá de las medidas. Si uno lee concretamente, lo que se dispuso no es tan grave como lo que se dice sobre el tema.

ED: Hay muchas críticas sobre el artículo 5 que define los casos de peligro inminente. ¿Cuáles son los puntos más peligrosos del protocolo?

ML: Lo que dice ese artículo es el aspecto más peligroso y también el discurso que han utilizado la propia ministra de Seguridad, el Presidente, muchos legisladores y dirigentes del oficialismo que alientan o estimulan comportamientos mucho más violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Esos comportamientos no son necesarios, no tienen ningún impacto real sobre la violencia, sobre la inseguridad. No es que eso vaya a disminuir el delito o vaya a terminar con los delincuentes, para nada, pero sí puede generar hechos de violencia institucional que no están permitidos por la normativa vigente, por el Estado de Derecho. Siempre se supone que la persona a la que se refiere es un delincuente confeso pero tranquilamente puede ser una persona inocente que se asustó y salió corriendo, puede ser un error de apreciación del policía o de la fuerza de seguridad y aunque fuere una persona que efectivamente ha cometido un delito de ninguna manera está permitida la pena de muerte en Argentina.

ED: ¿Cuál es el objetivo de este nuevo reglamento?

ML: Es nada más que una mirada cortoplacista de carácter electoral que mira las encuestas. Es probable que haya una mayoría importante de argentinos que por diversas circunstancias simpatizan con este tipo de valoraciones, con esas soluciones que parecen tan sencillas y tan simples a un problema tan complejo como el de la violencia urbana. Es como pedir penas más duras que ya lo vivimos en distintos momentos en la Argentina. Ninguna de esas cosas resuelve el problema de la violencia, un problema complejo que tiene que ver con muchos factores. Requiere de acciones mucho más profundas y de carácter fundamentalmente preventivo. En el 99 % de los casos de violencia no hay ningún policía que está presente ahí como para que pueda con su acción evitar el hecho. Es nada más que una expresión que apunta a una decisión que no resuelve un problema sino que genera una medida de efecto frente a la opinión pública.

Miguel Lifchitz

ED: ¿Esta medida fue impulsada por lo que sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro?

ML: No sé si con lo que pasa en Brasil. Hay una demanda social muy fuerte en relación a evitar la violencia y la inseguridad. En todas partes aparecen estas respuestas que tienen que ver con incrementar la respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, incrementar el poder de fuego, más efectivos policiales, más armamento, más intervención, más uso de las armas letales, penas más duras. Este es un discurso que no solamente está en Argentina sino en varios otros lugares del mundo.

ED: La gran mayoría de las provincias dijeron que no van a adherir a este protocolo, ¿qué te parece que va a pasar?

ML: Yo creo que la mayoría no va a adoptar este criterio porque es una cuestión de derecho y de valores básicos de la democracia y del Estado de Derecho. Me parece que la Argentina, más allá de las inclinaciones políticas que podamos tener, debe respetar esas cuestiones. Es de alguna manera lo que está en el espíritu de la constitución, de las leyes vigentes, de los pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, no puede haber demasiadas dudas. Puede ser que algunas provincias terminen adoptándolo, pero creo que la mayoría va a actuar con sentido común.

ED: ¿Te parece un error que no haya pasado por el Congreso?

ML: Podría ser un tema de discusión en el Congreso con un enfoque más general sobre el tema del rol de las fuerzas de seguridad, pero sinceramente no creo que en este momento haya necesidad de modificar legislación penal o legislación sobre fuerzas de seguridad en Argentina. Lo que hace falta es en todo caso un trabajo más inteligente, más articulado, más coordinado en el marco de las normativas y de las leyes vigentes respetando garantías constitucionales, derechos humanos. Tenemos las herramientas para lograr mejorar la situación de violencia en la Argentina y de inseguridad.

Hay que avanzar sobre otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión social de los jóvenes, con mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios más postergados y vulnerables de las grandes barriadas de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades que tiene que ver con disminuir la brecha de desigualdad, con generar oportunidades de empleo, con mejorar los niveles de educación para los sectores juveniles más postergados. Creo que hay muchas cosas para hacer más importantes y más efectivas si de verdad queremos reducir los niveles de violencia en la sociedad.

ED: ¿Cómo ves el rol de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad?

ML: Te podría dar dos miradas. Por un lado, creo que ha puesto los problemas arriba de la mesa y de alguna manera hay una decisión de avanzar sobre determinado tipo de situaciones y de delitos que quizás antes no formaban parte de las prioridades de los gobiernos. Esto se lo reconozco positivamente. Hay un trabajo mucho más coordinado con las provincias contra el narcotráfico.

Desde el punto de vista de su posiciones políticas alrededor de la Seguridad, lógicamente yo no las comparto. La seguridad debe ser una política que tiene que estar enmarcada en un concepto general del rol del Estado, del estado de derecho, de garantías que deben tener los ciudadanos. Hay un marco conceptual del que no nos podemos apartar. A partir de ahí podemos discutir estrategias, si debe haber más o menos policías, pero no debiéramos apartarnos de determinados parámetros de defensa o de respeto de los logros que hemos conquistado en la Argentina a lo largo de 35 años de democracia en materia de defensa del Estado de derecho y de las garantías individuales.