“Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen”, amenazó el presidente Mauricio Macri a los integrantes del Poder Judicial. Corría junio de 2017. Al final de su gestión, el saldo que dejó su política en este ámbito acumula decenas de desplazamientos y denuncias “disciplinadoras” de magistrados y fiscales, lo que revela que Macri intentó ejecutar a rajatabla aquella declaración que espetó a mediados de su mandato. La lista de “apuntados” es extensa y llegó a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país el pasado 6 de septiembre.

El paso de la CIDH coincidió con el 40° aniversario de su histórica recorrida por la Argentina dictatorial. Y un grupo de organizaciones vinculadas al mundo del Derecho aprovechó la ocasión para entregarle una denuncia donde detalló “intromisiones indebidas, presiones y ataques” a funcionarios judiciales y abogados por parte del macrismo.

Algunas de las organizaciones que firmaron el documento fueron la Asociación Americana de Juristas, Justicia Legítima, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, AJUS, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo.

Además, Justicia Legítima entregó por separado otro documento en el que denunció que el Gobierno realizó una “satanización” de la asociación. Entre otras cosas, acusó al Poder Ejecutivo de “avasallamiento”, ya que sufrió una “campaña de difamación” desde diciembre de 2015, apenas asumió Macri. Varios de sus referentes fueron criticados por el oficialismo e intentaron ser corridos. Hubo tres casos paradigmáticos: el de la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el del camarista Alejandro Slokar y el del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. 

Por eso, en la presentación que hizo Justicia Legítima se hizo referencia a “una grave situación institucional en la República Argentina que pone en crisis la legitimidad del Estado de Derecho y la actuación de todos sus órganos”. Entre otras cosas, se denunció que desde el Gobierno “buscan disciplinar a los operadores judiciales y por esa vía controlar sus decisiones con el efecto inevitable de coartar los derechos de los ciudadanos en su conjunto”. En 2017, la asociación ya había hecho una presentación ante la CIDH en ese sentido pero que no había tenido trascendencia pública.

El disciplinamiento

Para poder ejecutar su estrategia de disciplinamiento, la alianza de gobierno contó con un instrumento clave para el Poder Judicial: el Consejo de la Magistratura. Desde el órgano que selecciona y sanciona magistrados, mientras tuvo mayoría y hegemonía política, el oficialismo arremetió contra todo aquel funcionario judicial que entorpeció sus planes. En su final, sigue apelando a la misma institución pero con una efectividad dispar.

El último caso que refleja esta metodología de presión es el del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el caso de espionaje ilegal conocido como D’Alessiogate. A pedido de Macri, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, solicitó su remoción al consejo. El juez de Dolores investiga a una red de espionaje y más de un caso salpica a funcionarios del actual Gobierno.

Quien presentó la denuncia formalmente en el consejo contra Ramos Padilla fue el representante del Ejecutivo en aquel organismo, Juan Bautista Mahiques, consejero y subsecretario en el Ministerio de Justicia. Se trata de uno de los hijos de Carlos Mahiques, el exministro de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, vía decreto de Macri. Se trató de otro polémico traslado que ordenó el Presidente.

Los ataques contra el juez de Dolores no cesan. El pasado 10 de septiembre ingresó una nueva denuncia contra Ramos Padilla, por prevaricato. En esta oportunidad, la impulsó el propio Claudio Bonadio.

La lista de jueces denunciados en el consejo por el macrismo o sus aliados como mecanismo de extorsión es extensa.

También la integran muchos jueces con despacho en Comodoro Py, como Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y hasta Ariel Lijo, entre otros de primera instancia. Y Alejandro Slokar y Ana Figueroa, de la Cámara Federal de Casación Penal. 

Lijo, por ejemplo, tiene en su despacho dos expedientes sensibles para el Poder Ejecutivo como son la causa penal que se abrió por el affaire del Correo Argentino, que involucra de lleno a la familia Macri, y el de los aportantes truchos a la campaña electoral, que se inició por una denuncia de este medio.

Cámara arrasada

Uno de los casos paradigmáticos fue el del camarista federal Eduardo Freiler, a quien se desplazó de forma escandalosa de su cargo en la Cámara Federal porteña, en noviembre de 2017.

El macrismo corrió, por distintas vías, a 3 de los 4 jueces que había en esa instancia judicial, que es central para el poder político ya que revisa todo lo que hacen los 12 juzgados federales de Comodoro Py. En su lugar nombró a otros 3 camaristas.

Desplazado Freiler, Macri fue por los camaristas federales Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Ambos quedaron en la mira de la Casa Rosada el año pasado al dejar en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, revirtiendo un fallo de primera instancia. La decisión molestó al Presidente, quien hizo público su descontento. Los dos magistrados fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Ambos fueron corridos. Ballestero renunció y Farah fue reubicado en otra cámara federal. Los empresarios volvieron a prisión.

Luego de estos apartamientos, Macri, que ya había nombrado en la cámara revisora a Leopoldo Bruglia por decreto, designó también vía un traslado a Pablo Bertuzzi. El único de los tres nuevos integrantes de la Cámara Federal que llegó por concurso fue Mariano Llorens. Esta situación lleva a que en un cambio de gobierno las actuales dos vacantes que hay en la cámara se transformen en cuatro. En los tribunales de Retiro es un secreto a voces que Bruglia y Bertuzzi dejarán más temprano que tarde sus cargos actuales.

Distinto fuero, mismo accionar

El gobierno no discriminó en fueros a la hora de presionar magistrados.

En el campo laboral, el Gobierno denunció en el consejo a la jueza Mirta González Burbridge, por reinstalar a un trabajador despedido de Vialidad Nacional; a Diana Cañal y Luis Raffaghelli por dictar la reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom. Y a Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, integrantes de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por hacer lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 y que la Casa Rosada no quería legitimar. Todas estas denuncias extorsivas terminaron siendo desestimadas con el  tiempo.

Pero no todas fueron victorias.

Un expediente que sigue abierto es el que se inició contra Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Burengo por su fallo en el conflicto de Télam. Según informaron fuentes del consejo, el tramite está estancado. Sin dudas, distinto hubiera sido la suerte de esta causa si en las PASO el resultado electoral le hubiera sido favorable a Macri.

Otro caso de repercusión pública fue el del Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, quien denunció presiones del Ejecutivo. Esta vez no fue a través de una presentación en el consejo porque es un juez bonaerense. Directamente, el magistrado recibió la visita de dos agentes de la AFI. Denunció que lo “apretaron” para dictar la prisión preventiva de Pablo Moyano.

Fiscales en la mira

En una estrategia de pinzas, el mensaje que el Gobierno bajó contra los jueces “rebeldes” se replicó contra los fiscales “díscolos”.

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, es decir, el jefe de los fiscales, jugó un rol clave en esta estrategia. Por eso, era tan importante para el Ejecutivo correr de la cúspide del Ministerio Público Fiscal a Alejandra Gils Carbó, quien como no podía ser de otra forma, fue denunciada.

Casal, por ejemplo, con una excusa formal corrió a Juan Pedro Zoni de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, donde tramita la causa penal que se abrió por el acuerdo abusivo para el Estado que el Gobierno firmó con Correo Argentino S.A, la empresa de la familia Macri (el caso que tiene Lijo). En su lugar, nombró al amigable Gerardo Pollicita, quien fue funcional a los intereses del Presidente hasta que los votos le dieron la espalda en las PASO.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien analiza delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, también es perseguido por el oficialismo. Fue denunciado al igual que el fiscal Federico Delgado (quien escudriñó los Panama Papers) por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e íntimo amigo del Presidente, Gustavo Arribas.

Arribas hizo la solicitud en el marco de un expediente relativo al Lava Jato en el que estaba acusado de recibir cuantiosas sumas de dinero. Rodríguez y Delgado le habían tomado declaración sin juramento al cambista brasilero Leonardo Meirelles, denunciante del jefe de la ex SIDE.

El caso, al que dio curso Bonadio, recayó en manos de Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Pero el jefe de los espías apeló y la Cámara Federal porteña (la misma que Macri arrasó) revocó esa decisión y ordenó abrir una investigación. La causa penal hoy está en trámite. Ambos fiscales también tienen un expediente interno en el MPF.

Otra fiscal que quedó en la mira del Gobierno fue Gabriela Boquin, quien actúa ante la Cámara Comercial y es la principal impulsora del Correogate en ese fuero.

El macrismo, en pos de correrla para obstaculizar el avance de la causa comercial, dejó correr una denuncia absurda en su contra, que se basa en los dichos de una empleada, que a su vez es la esposa de un candidato a camarista que recalaría en la sala que tiene el propio caso Correo. La acusación no tiene sustento y hasta los propios sindicatos de judiciales, UEJN y Sitraju, que suelen respaldar ese tipo de presentaciones, hicieron público su rechazo en agosto pasado. Consideraron que el expediente que tramita en la Procuración es una “método de presión y adoctrinamiento” contra la fiscal que investiga a los Macri.

La lista de “apuntados” incluye al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, quien en mayo de 2018 fue corrido por Casal -a pedido del oficialismo- de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), desde donde había impulsado denuncias contra funcionarios del Gobierno por sus manejos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es decir, la plata de los jubilados. Ambas denuncias, que habían sido desestimadas, hoy vuelven a cobrar impulso en Comodoro Py.

A la luz de los apartamientos y denuncias está claro que el oficialismo buscó disciplinar al tercer poder del Estado. Y en algunas ocasiones lo logró. No es azarosa la cantidad de dirigentes kirchenristas detenidos sin condena firme. De allí que ahora “el mecanismo” se haya denunciado ante la CIDH.