Así lo hizo a través del decreto 1312, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Pero también publicó la Nueva Doctrina de Inteligencia y la estructura orgánica y funcional del organismo. Entre otras tareas, allí se especifica que de ahora en más los agentes harán inteligencia para evitar "atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y el orden constitucional o se trate de grupos económicos".
"La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no 'espiarlos'. Por ello, el sistema de inteligencia nacional se configura como un 'observatorio' abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior", sostiene el anexo del decreto 1311 publicado hoy.
En ese anexo, de 400 páginas, se mencionan entre las problemáticas a "eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externo" perpetradas por las fuerzas armadas de otros países.
Entre las problemáticas de la seguridad interior, se menciona el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etcétera".
En ese anexo, de 400 páginas, se mencionan entre las problemáticas a "eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externo" perpetradas por las fuerzas armadas de otros países.
Entre las problemáticas de la seguridad interior, se menciona el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etcétera".