La liberalización de la economía, el objetivo principal del golpe en Bolivia

El autoproclamado ministro de Economía admitió que su primer paso será abrir las exportaciones y así desarmar el sistema de control de inflación.

15 de noviembre, 2019 | 15.34

El golpe de Estado en Bolivia tiene el objetivo de desarticular el sistema de distribución (y redistribución) de la riqueza impulsado por Evo Morales, un tema que irritó durante sus 14 años de gobierno a la clase social acomodada. Un punto clave en la estructura armada por el MAS fue el control de la inflación, la segunda más baja de la región, que será el primer pilar a derribar por la autoproclamada Jeanine Áñez.

José Luis Parada, quien ocupa inconstitucionalmente el Ministerio de Economía boliviano, admitió hoy: “Vamos a sentar las bases, en el corto plazo de transición, en lo que es la liberalización de la economía. Hemos estado muy encerrados”. En esa línea, en una entrevista en Unitel criticó que “el Gobierno restringía las exportaciones, a pesar de tener excedentes”.

Así fue. Morales había instalado cupos para la venta al extranjero de los productos agrícolas para priorizar antes que nada alimentos baratos dentro del país. Para sacar a los bolivianos de la extrema pobreza y mejorar su capacidad adquisitiva, en 2007 el Gobierno creó una entidad pública nacional estratégica denominada EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos). Ésta interviene en toda la cadena productiva de alimentos más importantes de la canasta básica: en la siembra, apoya a la producción y compra la cosecha a mejor precio; luego acopia y almacena; transforma los granos producidos; y por último comercializa los alimentos procesados a precio preferencial.

"Ante factores adversos, se aplicaron diversas medidas para garantizar la oferta de bienes en el mercado interno", había explicado hace algunos meses el legítimo viceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Jaime Durán. A partir de 2006, según Durán, el gobierno se puso la meta de controlar los precios de la canasta familiar y el abastecimiento interno, lo que favoreció particularmente de los sectores más vulnerables.

Así, Evo Morales redujo la inflación al segundo nivel más bajo de la región en 2018 (1,5% anual), inmediatamente detrás de Ecuador (0,3%), de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano.

Esto le valió la ira de los grandes terratenientes que, como en Argentina, pretendían la apertura de las exportaciones sin retenciones, para maximizar sus ganancias en desmedro de la consecuente disparada de los precios de los alimentos dentro del país.

El golpe de Estado pone en jaque a la economía de Bolivia

Además de esto, el Movimiento Al Socialismo incentivó multiplicó por cinco al salario mínimo desde que asumió hasta los U$S 307. Todo esto en un contexto de crecimiento sostenido. La expansión de la actividad está proyectada en el 3,9% para 2019, de acuerdo al FMI.

Por eso hoy quien dice desempeñarse como ministro de Economía de facto debió admitir que “en 35 años, el país tiene crecimiento económico y estabilidad”. Pero el golpe cívico-policial y militar puede romper con ese récord al reprimarizar al país.

Por lo pronto, adelantó que “se está buscando que se empiecen a normalizar todas las actividades”. En ese marco, intentó enmascarar a la gestión como tecnocrática, un disfraz común en los gobiernos neoliberales, como el de Mauricio Macri. Parada incluso trazó que “cuando se hace una gestión política exclusivamente, se va un poco al despilfarro de dinero. Sucedió en Venezuela, en Ecuador, en Argentina con los anteriores gobiernos, y no queremos que suceda eso”.

La guerra por el litio

Semanas antes de que se consume el golpe de Estado, Morales debió discontinuar el plan para convertir a Bolivia en uno de los principales exportadores de litio del mundo. Dio de baja el proyecto de extraer y procesar el insumo más utilizado en las baterías ante las presiones del departamento de Potosí, donde se ubica uno de los mayores reservorios, de 21 millones de toneladas.

Bolivia generaba litio en una escala piloto, como detalla el economista Ariel Slipak en su libro Litio en Sudamérica. Tenía el propósito de extraer 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio desde el año próximo y, más adelante, 30.000 toneladas de hidróxido por año.

El asalto a la democracia perjudicó directamente al gobierno boliviano, pero benefició inmediatamente a las multinacionales automotrices asociadas a las empresas que ya extraen litio en Argentina y Chile: la estadounidense Tesla, la japonesa Toyota y la china BYD.

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