26 de febrero, 2020 | 21.08

Imputaron a exfuncionarios de Mestre por corrupción con la basura

El fiscal los acusa por presuntas maniobras delictivas como lavado de activos, evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

El escándalo de la basura crece semana a semana en Córdoba. Ahora, la Justicia federal de Córdoba avanzó sobre ex funcionarios de los gobiernos municipales de Ramón Mestre. El fiscal federal Enrique Senestrari determinó que habrían participado en presuntas maniobras delictivas como lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.

Diego Uma de Babasónicos en El Destape Radio

Senestrari imputó a siete ex funcionarios ligados al sistema de recolección de residuos: dos ex presidentes de la extinguida empresa municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE), Alberto Castagno (primer directorio) y Norberto Bergami (segundo directorio); y a los ex directores técnicos de la empresa Oreste Godino y Walter Aldo Vargas; al ex director administrativo Enrique Agustín Imberti Figueroa –otro ex director, Arnoldo Eduardo Levin murió en julio de 2016-; al ex síndico Pablo César Cáceres, y al exdirector obrero y secretario adjunto del gremio SURRBaC, Pascual Catrambone. Todos los involucrados -excepto Cáceres- están acusados de defraudación fraudulenta calificada.

Sobre los ex funcionarios mestristas imputados, el fiscal  Senestrari les aplicó a Castagno, Bergami, Godino, Vargas, Imberti Figueroa y Catrambone el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que castiga con penas de prisión “a quienes, teniendo a cargo el manejo o la administración de bienes ajenos, procuran para sí o para terceros un lucro indebido, violando sus deberes o perjudicando los intereses que les fueron confiados”.

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Además, la Justicia provincial investiga a Castagno y Godino por haber contratado cuando estaban al mando de la empresa municipal de residuos CReSE a la constructora Krates, propiedad de Catrambone, pero que aparecía a nombre de testaferros, también empleados de CReSE.

El escándalo se desató cuando, a fines de agosto del año pasado, sorpresivamente Mauricio Saillén, secretario general del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC), y  Catrambone fueron detenidos por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro a pedido de Senestrari, quien los acusa de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, usura y defraudación. 

Según Senestrari, Saillén y Catrambone otorgaban créditos a los trabajadores a través de la mutual gremial AMSURRBaC y les cobraban intereses usurarios impagables. Además, utilizaban los aportes a la mutual para beneficio propio, como viajes al Caribe y pagar sus costosos modos de vida.

También están imputados por esta causa de usura, defraudación y lavado de activos, aunque siguen libres, cuatro hijos de Saillén –entre ellos Franco, que es legislador-; dos hijos de Catrambone; el tesorero del gremio, Juan Manuel Krainbuhl y la secretaria de Saillén, Salomé Alfazak.

La semana pasada, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni intervino el SURRBaC y nombró interventor a Alberto Simón. La mutual ya había sido intervenida en diciembre pasado.

En otra causa, pero también ligada a la corrupción en el sistema de recolección y tratamiento de residuos, en diciembre pasado, habían sido imputados los directivos de la empresa Compañía de Tratamientos Ecológicas (COTRECO SA) –los denunció la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- Horacio Busso, Marcelo Debernardo y Flavio Cavallieri; sospechados de integrar una asociación ilícita que evadió unos $ 1.000 millones sin pagar IVA ni Ganancias, realizó operatorias de lavado de activos, además de apropiarse de recursos de la seguridad social, declarar su insolvencia fiscal en forma fraudulenta, y montar una quiebra fraudulenta.

En el caso de los ex funcionarios mestristas imputados, el fiscal Senestrari fue cauto: “Hoy no tengo pruebas que me digan que hubo responsabilidades políticas. Hay que ver si algún organismo de control omitió funciones. Lo secuestrado en los allanamientos todavía no fue desintervenido porque falta la participación de AFIP en el proceso”.

En noviembre del año pasado, el juez federal Bustos Fierro ordenó allanar las oficinas de la CReSE y el Ente Municipal de Servicios y Obras Públicas (ESOP). Y a principios de febrero fueron allanadas las oficinas del Tribunal de Cuentas municipal y de la Secretaría de Economía de la Municipalidad, buscando documentación sobre pagos de la CReSE y el ESOP a empresas fantasma o empresas ligadas al SURRBaC.

Tras los allanamientos, los concejales juecistas Armando Fernández y Ricardo Aizpeolea presentaron un proyecto de Declaración, que fue acompañado por el vecinalista Juan Pablo Quinteros, el radical macrista Juan Negri, la macrista María Eugenia Terré y la independiente Alicia Migliore donde reclaman que todo el Concejo Deliberante exija explicaciones sobre el derrotero de la CReSE: “La corrupción es como el tango, se baila de a dos. Si hay alguien que pagó, hay alguien que cobró. Y la basura es uno de los grandes temas a resolver en la ciudad de Córdoba y en la región metropolitana que comprende a todas las localidades satélites de la Capital”, señaló Aizpeolea a El Destape.

Por su parte, Alfredo Sapp, ex titular del Ente de Servicios Públicos y actual presidente del bloque de concejales radicales, le explicó a El Destape que “nosotros asumimos en el ESOP el 7 de febrero del año pasado y estuvimos hasta el 10 de diciembre. Nunca hicimos una contratación directa; y presentamos ante el Tribunal de Cuentas todos los contratos realizados por el Ente entre 2016 y 2018, los que fueron aprobados por los tribunos sin objeciones. Sólo faltan aprobar los expedientes de 2019, pero se debe al atraso propio del Tribunal de Cuentas. Durante los diez meses de gestión que estuvimos en el ESOP tuvimos una gestión transparente, eso va a quedar demostrado en la Justicia. Estoy tranquilo, porque actué de acuerdo a Derecho”.

Olga Riutort, concejal peronista disidente exigió que la Justicia “avance hasta las últimas consecuencias” y calificó como “muy turbio” el funcionamiento de recolección y tratamiento de residuos durante el gobierno de Ramón Javier Mestre.

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